Juan Salguero Simoy
La salud mental atraviesa una crisis cada vez más profunda marcada por el aumento de los cuadros de ansiedad, depresión, consumos problemáticos y suicidios, especialmente entre jóvenes. La problemática está instalada a nivel mundial, pero en nuestro país los datos son alarmantes. Según informes de la UBA y la Fundación Soberanía Sanitaria, tres de cada diez personas experimentan algún tipo de malestar psicológico, mientras que solo una parte logra acceder a atención profesional dentro de un sistema cada vez más desbordado.
En esta línea, el Gobierno Nacional busca reformar la Ley de Salud Mental N°26.657 sancionada en el año 2010. Aunque el oficialismo presenta el proyecto como una “modernización” del sistema, desde sectores opositores advierten sobre el intento de flexibilizar internaciones involuntarias y devolver protagonismo a estructuras de encierro que la legislación vigente intentó reemplazar por dispositivos comunitarios y abordajes interdisciplinarios.
Según le comentó Pablo Yedlin a POLITICAR, el problema central nunca fue la ley sino el desfinanciamiento de las políticas públicas de salud mental. Para el diputado nacional la falta de inversión estatal, de centros comunitarios y de recursos para acompañamiento territorial debilitó la implementación de la normativa.
Los datos reflejan un escenario crítico: las consultas ambulatorias crecieron un 134%, las internaciones aumentaron un 77% en distintas jurisdicciones y apenas el 29% de quienes necesitan atención logra recibirla. A esto se suman factores sociales y económicos como la precarización de las condiciones de vida, la incertidumbre y el ajuste sobre el sistema sanitario. Por ello, el Gobierno Nacional continúa profundizando el deterioro general, para justificar lo que a priori sería una reforma regresiva.
En este contexto, POLITICAR dialogó con Pablo Yedlin:
¿La salud mental es una de las problemáticas que más en aumento se encuentra, pero que hoy no es vista como una prioridad?
La verdad es que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de uno de los problemas más importantes que tiene hoy la sociedad. Para dimensionarlo, la salud mental representa más del 25% de la carga total de enfermedad. Es decir, si uno suma todas las causas que generan enfermedad, como la hipertensión arterial, las enfermedades infecciosas, las patologías agudas, la salud mental ocupa una proporción enorme dentro de ese conjunto.
Y no solo es significativa en términos actuales, sino que además viene creciendo. Esto es clave entenderlo, no estamos frente a un problema estático, sino frente a uno que se profundiza con el tiempo. Las causas son múltiples y complejas. Por un lado, es imposible no mencionar el impacto de la pandemia. El encierro, la ruptura de los vínculos sociales, la presencia constante de la muerte como posibilidad cercana, todo eso dejó secuelas profundas en la población.
A eso se suma un fenómeno más estructural, que tiene que ver con las nuevas formas de vinculación. Las redes sociales, las pantallas, generan en muchos casos más ansiedad que comunicación real. Se produce una especie de aislamiento en medio de una hiperconectividad, que afecta especialmente a los jóvenes, dificultando los vínculos y generando angustia.
Pero además hay factores económicos y sociales que son determinantes. La crisis argentina, la pérdida de empleo, la incertidumbre sobre el futuro, el miedo a no poder sostener condiciones básicas de vida, todo eso impacta directamente en la salud mental. Y si a eso le agregamos el crecimiento de las adicciones, con una mayor disponibilidad de sustancias y menos controles, tenemos un escenario muy complejo.
Todo esto ocurre en un mundo atravesado por conflictos, violencia e incertidumbre global. Entonces, cuando uno analiza el problema, entiende que no hay una sola causa, sino una combinación de factores que explican por qué la salud mental se convirtió en un tema central.
¿Qué pasó con los organismos y las políticas públicas que deberían abordar este problema?
Lo que debería existir frente a un problema de esta magnitud es una política pública sólida, coordinada y sostenida en el tiempo. Sin embargo, lo que vemos en la Argentina es lo contrario. Por ejemplo, existía un espacio clave que era el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, el COFESAMA. Ese consejo reunía a los representantes de todas las provincias con la Nación para discutir políticas, intercambiar experiencias y definir estrategias comunes.
Ese espacio dejó de funcionar. No volvió a reunirse desde el inicio de la actual gestión. Lo mismo ocurrió con otros ámbitos de articulación, como los vinculados a políticas de adicciones. Es decir, se desarticuló la instancia federal que permitía pensar el problema de manera integral.
Al mismo tiempo, comenzó a instalarse la idea de que el problema radica en la Ley de Salud Mental. Y ahí hay una confusión importante. La ley, sancionada en 2010, significó un avance enorme. Permitió pasar de un modelo basado en el encierro, el modelo manicomial, a uno centrado en los derechos, la inclusión y el tratamiento en la comunidad.
No fue una iniciativa aislada, sino que está en línea con lo que se viene haciendo en muchos países del mundo. Se trata de integrar a las personas, de evitar internaciones crónicas y de generar condiciones para que puedan desarrollar su vida dentro de la sociedad.
Sin embargo, se plantea que la ley es el problema. Se intentó derogarla en la Ley Bases, pero no se logró, y ahora se propone modificarla. Pero el punto central es que el problema no es la ley. El problema es que no se la implementa correctamente, principalmente por falta de inversión.
¿Y qué cambios concretos se proponen? ¿Por qué considerás que son problemáticos?
Los cambios apuntan, en gran medida, a retroceder en el enfoque interdisciplinario. La ley actual promueve equipos de trabajo integrados por distintos profesionales: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros. Esto responde a una concepción moderna de la salud mental, que entiende que no puede ser abordada desde una única disciplina.
El proyecto en discusión, en cambio, le devuelve centralidad casi exclusiva al psiquiatra, especialmente en decisiones como la internación. Esto es problemático por dos motivos. Primero, porque implica un retroceso conceptual. Segundo, porque en la práctica es inviable: en la Argentina hay muy pocos psiquiatras. Tenemos alrededor de 4.000 en todo el país, y más de la mitad están concentrados en el área metropolitana.
En provincias como Tucumán, el número es muy reducido. En cambio, contamos con una gran cantidad de psicólogos, que podrían formar parte de equipos interdisciplinarios. Entonces, lo que se hace es desarmar una estructura que podría funcionar mejor.
También se modifican los criterios de internación. Hoy la ley permite internaciones involuntarias, pero exige la firma de dos profesionales del equipo de salud. Esto garantiza cierto control y evita abusos. El nuevo proyecto propone que alcance con una sola firma, pero de un psiquiatra. Nuevamente, esto puede generar más dificultades que soluciones.
En definitiva, se trata de cambios que no abordan el problema de fondo y que pueden incluso empeorar el acceso a la atención.
También mencionas el tema del financiamiento y el rol del Estado. ¿Qué está pasando en ese plano?
Ahí está uno de los puntos centrales. La ley actual establece que el 10% del presupuesto de salud debería destinarse a salud mental. Eso no se cumple. Entonces, discutir la ley sin discutir el financiamiento es, en algún punto, correr el eje del problema.
Además, lo que se observa es un retiro progresivo del Estado nacional de sus responsabilidades. Se transfieren obligaciones a las provincias sin los recursos correspondientes. Esto ocurre no solo en salud mental, sino en múltiples áreas.
Un ejemplo claro es el programa Remediar, que durante años garantizó el acceso a medicamentos esenciales en todo el país. Ese programa permitía que los centros de atención primaria contaran con una amplia variedad de medicamentos sin que las provincias tuvieran que asumir ese costo.
Hoy ese esquema se ha debilitado, y las provincias deben hacerse cargo, muchas veces sin tener los recursos necesarios. Lo mismo ocurre con las vacunas: hay menos compras, demoras en la distribución y ausencia de nuevas incorporaciones al calendario.
Todo esto configura un escenario en el que el sistema de salud se vuelve más frágil y desigual.
¿Cómo impacta esto en la población?
El impacto ya se está viendo. En salud mental, los indicadores son muy claros. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las internaciones aumentaron un 70% y las consultas ambulatorias un 130%. Esto muestra que la demanda crece de manera sostenida.
También hay más personas medicadas, en parte porque existen más herramientas terapéuticas, pero sobre todo porque aumentan los cuadros de ansiedad, depresión y angustia.
A nivel general, también se observan problemas en otras áreas de la salud. Hay enfermedades que vuelven a aparecer, dificultades en el acceso a tratamientos y falta de medicamentos. Todo esto tiene consecuencias concretas en la vida de las personas.
El problema es real, es profundo y requiere una respuesta integral. Pero no se va a resolver modificando una ley sin abordar las causas estructurales.
