Juan Salguero Simoy
El ajuste sobre el sector de discapacidad se continúa profundizando, constituyendo una crisis que atraviesan, día a día, miles de familias, profesionales e instituciones en todo el país. Las medidas del Gobierno Nacional más que un “reordenamiento estructural” o “un ajuste fiscal”, parecieran ser un proceso de asfixia progresiva.
Según el Foro Permanente de Discapacidad la mayor problemática actualmente es el esquema de arancelamiento que cada vez es más difícil de sostener. Los aranceles quedaron muy por detrás de la inflación y los pagos presentan demoras que desorganizan toda la cadena de servicios. Esto no solo impacta en la viabilidad económica de las instituciones, como los Centros de Día, sino en la continuidad misma de las prestaciones: terapias interrumpidas, traslados reducidos y equipos profesionales que comienzan a achicarse.
Pero el punto más sensible está en el efecto directo sobre las personas con discapacidad. Para muchas familias, el sistema no es un complemento, sino una red indispensable para la vida cotidiana. Cuando esa red se debilita, lo que aparece no es un ajuste abstracto, sino una pérdida concreta de derechos. Menos acceso a tratamientos, menor inclusión y más carga sobre los entornos familiares.
En paralelo, el sector denuncia una falta de diálogo efectivo. Las organizaciones reclaman previsibilidad y actualización de valores, pero también algo más profundo, ser escuchadas como parte de una política pública que debería construirse con quienes la sostienen en el territorio.
Así, el conflicto deja en evidencia la motosierra indiscriminada en un sector de extrema vulnerabilidad. No se trata solo de números, sino de prioridades. Para el Foro Permanente de Discapacidad, el problema no es únicamente cuánto se recorta, sino dónde se recorta.
Además, desde el Foro advierten sobre la nueva reforma que entró en el Senado de la Nación. Aseguran que el proyecto que se debatirá en el Congreso de la Nación implica un retroceso en términos de derechos adquiridos.
En este contexto, POLITICAR dialogó con Pablo Molero, Presidente del Foro Permanente de Discapacidad:
¿Cómo se encuentra el sector con los recortes que se vienen llevando a cabo?
Lo más grave hoy para el sector, más allá del cumplimiento a medias de la ley de emergencia, es la situación de los prestadores por el atraso arancelario. Según nuestros cálculos, los aranceles están cerca de un 40% por debajo de lo que deberían estar. Esto surge de una diferencia de interpretación, el primero de enero debía fijarse un nuevo arancel, pero el Gobierno tomó como referencia el de diciembre de 2024, sin contemplar la inflación acumulada.
Sobre esto hicimos presentaciones administrativas y judiciales. Además, hay un problema crítico con el programa Incluir Salud, que atiende a personas con pensiones. Aunque se comprometieron a saldar la deuda durante abril, todavía adeudan pagos desde octubre, noviembre y diciembre. Hay instituciones que no han recibido un peso desde octubre. Algunas no pudieron pagar aguinaldos ni sueldos. La situación es extremadamente grave, muchos ya no saben cómo sostenerse.
El pago se está realizando de manera muy lenta y parcial. Por ejemplo, un hogar me planteó que la deuda que le mantienen supera los 450 millones de pesos, algo imposible de afrontar.
También hay problemas con la entrega de medicamentos y, en algunos casos, de pañales. Esto se agravó tras las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad. En noviembre, las autoridades reconocieron dificultades en la compra de medicamentos y prometieron solucionarlo, pero no hubo avances. Hoy muchas instituciones deben comprar los medicamentos por su cuenta, lo que agrava aún más la crisis.
Ante esta urgencia que comentas ¿hay respuestas concretas del Gobierno?
La última respuesta fue que están pagando, pero ni siquiera tenían procesadas las facturas. Si hay atraso, lo lógico sería adelantar el trabajo administrativo para poder pagar cuando haya fondos, pero eso no ocurrió.
Dicen que van a pagar, pero la realidad es que las instituciones siguen sin recursos. Mientras tanto, el daño ya está hecho, muchos se endeudaron, no pudieron cumplir con obligaciones y eso también afecta a los trabajadores. Por ejemplo, al no poder pagar aportes, algunos empleados se quedan sin cobertura de salud.
Se armó una cadena de perjuicios. Instituciones empobrecidas, trabajadores endeudados y servicios en riesgo. Nosotros seguimos insistiendo y dialogando, pero vemos difícil que cumplan con la promesa de saldar la deuda en el corto plazo.
Además, se suma la preocupación por el nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso, que implica retrocesos en derechos.
¿Qué es lo más riesgoso de ese proyecto?
La ley de emergencia había establecido una pensión por protección social, que contemplaba la discapacidad en conjunto con la situación de pobreza. Esto buscaba corregir situaciones previas, donde muchas personas recibían pensiones por incapacidad laboral, incluso cuando no correspondía, como en el caso de niños.
El nuevo proyecto elimina esa pensión por protección social y vuelve al esquema anterior de incapacidad laboral. Esto implica un retroceso, ya que deja afuera a muchas personas que necesitan asistencia. Se justifica esta decisión bajo la idea de un supuesto fraude masivo, pero nunca se presentaron pruebas concretas ni listados que lo demuestren.
Por otro lado, también se modifica el esquema de aranceles. Hoy existe cierta uniformidad, pero con los cambios se introducirían diferencias que podrían afectar la prestación de servicios. Esto podría generar que los prestadores prioricen a quienes paguen más, debilitando el acceso universal.
En definitiva, es una medida muy preocupante. Se eliminan herramientas que permitían asistir a personas en situación de vulnerabilidad y se retrocede en derechos adquiridos.
Si se analiza el contexto histórico, el aumento en la cantidad de pensiones tiene relación directa con el crecimiento de la pobreza en el país durante las últimas décadas. No es un fenómeno inexplicable ni fraudulento, sino una respuesta a una necesidad real.
Por eso creemos que este proyecto representa un retroceso. No se trata solo de revisar o reempadronar, sino de eliminar una política que daba respuestas a personas en situación crítica.
