Leandro Bravo
Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá luego de que el Senado aprobara su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra. La Libertad Avanza y los aliados defendieron el plácet de la neuquina y el peronismo adelantó que irá a la Justicia por haber “configurado el delito” que se denunció en su momento cuando se conoció el nombramiento presuntamente a cambio del voto a favor de la Ley Bases.
La semana pasada, la exsenadora nombrada por el Gobierno nacional fue a rendir cuentas al Senado para defender su pliego en la audiencia pública. Mientras era bombardeada a preguntas por el bloque Justicialista, Crexell alegó que su voto a favor del paquete de leyes enviado por Javier Milei en 2024 fue por sugerencia del gobernador Rolando Figueroa, quien este miércoles por la noche negó tal acuerdo.
No es la primera vez que la nueva embajadora argentina en Canadá queda en el centro de la escena por las contradicciones explícitas: ella llegó al Senado en 2013 por el Movimiento Popular Neuquino, pero en 2019, cuando renovó su escaño, pasó a formar parte del interbloque Juntos por el Cambio junto al Pro y el radicalismo. Sin embargo, en 2023 jugó para la candidatura de Patricia Bullrich y en el balotaje apoyó abiertamente a Sergio Massa.
Lo paradójico fue que durante los primeros seis meses del gobierno de Milei, Lucila Crexell se mostró crítica, principalmente contra Manuel Adorni y el resto del Gabinete libertario. De hecho, votó en contra del DNU 70/2023 de Desregulación de la Economía y tuvo un fuerte cruce con la entonces diputada libertaria Nadia Márquez, quien la reprochó, tras bambalinas, por oponerse al decreto del Ejecutivo, habiendo acordado el cargo diplomático según contó Silvia Sapag.
Consumado el presunto acuerdo político entre el gobierno de Javier Milei y Lucila Crexell, Anabel Fernández Sagasti anunció en el recinto del Senado que pedirán el desarchivo de la causa iniciada por la denuncia del abogado Federico Paruolo -que cayó en el Juzgado de Ariel Lijo-, quien pidió que se investigue a la neuquina y a “cualquier persona que haya participado del hecho que se denuncia (...) conforme lo establecido en el artículo 256 del Código Penal y en virtud de lo establecido por los artículos IV y VI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción”.
Cabe recordar que el artículo 256 del Código Penal de la Nación establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.
Los 26 votos que se opusieron al nombramiento de Crexell como embajadora argentina en Canadá fueron Julieta Corroza de La Neuquinidad y los 25 integrantes del interbloque Popular que componen el Justicialismo de José Mayans, el Frente Cívico de Gerardo Zamora y la Justicia Social Federal del puntano Fernando Salino.
Y los 45 votos a favor fueron de La Libertad Avanza con Patricia Bullrich a la cabeza; los 10 radicales; el Pro; y los representantes de los gobernadores de Misiones, Santa Cruz, Salta, Corrientes, Córdoba, Chubut y Tucumán. También votaron afirmativamente los 3 senadores que integraron Unión por la Patria hasta hace 45 días: Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada.
