Leandro Bravo
Marcadas por la tensión, la Cámara de Diputados realizó las audiencias de carácter público que intentó dar participación a la ciudadanía en el debate por la modificación a la Ley de Glaciares. De manera presencial y virtual, expusieron casi 200 personas sobre los 102.116 inscriptos. En síntesis, solamente participó activamente menos del 0,2% de la ciudadanía interesada en participar de la reforma ambiental impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Más del 90% de los expositores se manifestó en contra del proyecto, pero hubo excepciones que pidieron -casi a gritos- por el avance de este nuevo marco legislativo. La jornada del jueves, presencial, se tornó caótica en más de una ocasión: gritos, interrupciones y tumultos fueron algunos de los sucesos que viciaron la primera sesión de debate en el Anexo de la Cámara baja. Ni hablar que en las afueras del Congreso, hubo un fuerte operativo de seguridad abocado a repeler la manifestación convocada.
Una de las exposiciones presenciales que más revuelo generó fue la de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien denunció a la senadora salteña Flavia Royón por “asesorar” a Río Tinto, una de las empresas mineras más desarrolladas del mundo que arribó a la Argentina desde la vigencia del RIGI. La respuesta de la legisladora no tardó en llegar: primero aclaró que renunció a la consultora días antes de jurar en su banca; y luego, señaló que “no teme a ninguna investigación”.
Efectivamente, la denuncia fue realizada este jueves en Comodoro Py bajo la acusación de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, tráfico de influencias y cohecho, previstos en los arts. 256,256 bis y 265 del Código Penal, y/o los delitos que resulten en definitiva de los actos y omisiones que se mencionan en la presente”.
Llegado el turno de la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, el clima dentro de la sala ya estaba caldeado. Al llegar la funcionaria de Axel Kicillof y militante camporista le dejó una pila de papeles a las autoridades del plenario, Nicolás Mayoraz y José Peluc; luego, exteriorizó el sentimiento de “escozor y angustia” por la actitud del oficialismo en virtud del avance de la modificación de la Ley de Glaciares. “Les pedimos por una razón humana que no avancen con esto porque esto es irreversible”, alertó.
A más de seis horas de iniciada la primera jornada de audiencias, Daniel Filmus llegó a la Cámara de Diputados para compartir su exposición. Conocedor del proyecto de ley que votó cuando era senador nacional del Frente para la Victoria, cargó que “no vamos a permitir que la minería arrase con las reservas estratégicas de agua y afecten el futuro de las generaciones”. Y también sostuvo que “reabrir esta discusión, está perjudicando el agua y la posibilidad de la minería en el país”.
Consumadas las intervenciones más relevantes de la jornada presencial, la Sala 2 del Anexo C se encontró con más de una situación acalorada entre el personal de seguridad y los expositores. Cerca del atardecer, el ingreso a la sala de audiencia se vio bloqueado y decenas de civiles que participaron o estaban por exponer se acumularon en el acceso y la situación generó gritos y empujones.
Intrigados a saber qué sucedía, los diputados del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria socorrieron a quienes quedaron imposibilitados de acceder a la sala. Finalmente, y tras varios minutos cargados de tensión, las personas que quedaron en el tumulto pudieron volver a ingresar en fila ordenada y de a uno.
A todo esto, los diputados opositores presentes denunciaron que José Peluc permitió la exposición de un sanjuanino que no se habría inscripto y que no figuraba en la lista original que circulaba entre la prensa y los participantes. Se trató de Leandro Bazán, funcionario del Ministerio de Minería, quien destacó el alcance de la nueva legislación. Esto generó que Lucía Cámpora, diputada de Unión por la Patria, pasara al frente del estrado y elevase su voz para reclamar por lo acontecido.
Reiteradas fueron las veces en las que el caos se apoderó de la escena y el final no fue la excepción: cuando aún restaban seis participantes, Peluc y Mayoraz dieron por finalizada la primera jornada y los reclamos in situ coparon la audiencia. De todas maneras, los libertarios dieron lugar a que las personas restantes grabasen sus intervenciones, las cuales no salieron por la transmisión en vivo, pero fueron subidas al canal oficial.
Sin la tensión del jueves, la jornada de audiencias virtuales fue mucho más tranquila que su antecesora. Sobresalió la intervención por videollamada de la exdiputada nacional Graciela Camaño, quien desplegó sus conocimientos jurídicos y lanzó que “este proyecto cuyo objeto no es la minería, si no el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional”. La bonaerense fue una de las voces que cuestionó el sistema de selección de participación.
Disminuida la expectativa y sin el clima caótico de otros tramos, el presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, Néstor Rigamonti, se manifestó a favor de la reforma y consideró que este proyecto de ley ofrece una “mayor precisión normativa; mejor integración de la información científica; respeto al federalismo constitucional; y fortalecimiento de la cooperación entre Nación y provincia”.
En síntesis, fueron 96 expositores presenciales en la reunión del jueves y poco más de 100 en la jornada remota del viernes 26 de marzo. Ahora el debate de la modificación de la Ley de Glaciares pasará por una serie de reuniones informativas en presencia de gobernadores de provincias con zona periglacial y el dictamen quedará para mediados de abril.
