Leandro Bravo
Después de la cosecha fructífera durante las sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza debió ceder y se desaceleró el debate por la modificación a la Ley de Glaciares. Las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, y Asuntos Constitucionales dieron lugar a la realización de dos audiencias públicas a finales de marzo, antes del pase a la firma del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo en beneficio de las provincias mineras.
Los interesados en participar de las dos audiencias públicas del 25 y 26 de marzo, presencial y virtual respectivamente, podrán inscribirse en la web oficial de la Cámara de Diputados hasta el viernes 20 a las 16. Esto fue propuesto por la Coalición Cívica, secundados por Encuentro Federal, Provincias Unidas y un sector del peronismo en la Cámara baja.
El oficialismo venía dulce en el Congreso de la Nación luego de haber logrado la sanción exprés de la Ley de Modernización Laboral, puesta en vigencia este viernes 6 de marzo. También se había anotado la aprobación del Acuerdo de Libre entre el Mercosur y la Unión Europea y la sanción, con cambios al texto del Gobierno, de la baja en la edad de imputabilidad a 14 años.
La idea era acelerar la sanción de la modificación a la Ley de Glaciares, pero el oficialismo no cuenta todavía con los votos requeridos para avanzar en el recinto. Esta iniciativa obtuvo la media sanción el jueves 26 de febrero con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención. Cabe remarcar que la etapa de audiencias públicas, establecida por la Ley de Ambiente (25.675), fue ignorada por la oposición dura, que decidió no participar del debate en repudio por la conformación de comisiones, y por la dialoguista, que decidió acompañar al Gobierno sin poner reparos.
En sus artículos 19 y 20 de la Ley de Ambiente fijó la institucionalización de los procedimientos de consultas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados tal como establece el marco normativo.
De esta manera, el proyecto de ley que propone una reforma ambiental sería dictaminado la primera semana de abril y llevado al recinto de la Cámara de Diputados en la segunda. De todas maneras, desde Casa Rosada bajaron el mensaje de que la modificación a la Ley de Glaciares debe salir sin modificaciones.
El proyecto de ley que el Gobierno nacional envío junto a la Reforma Laboral en diciembre pasado busca modificar a la norma sancionada en 2010, por la cual se establecieron los presupuestos mínimos para la protección de zonas glaciares y periglaciares, bioma que rodea los hielos y actúa como “canalizador de recursos hídricos”.
La polémica surge a partir de que esta nueva modificación legislativa delega en las gobernaciones la protección de las zonas periglaciares en virtud de la actividad minera. Las organizaciones ambientales ya anticiparon que buscarán judicializar la norma, mientras evitan que avance con protestas como la del jueves pasado en las escalinatas del Congreso.
