Leandro Bravo
Con la presencia de Romina, mamá de Jeremías Monzón cruelmente asesinado en Santa Fe, en los palcos del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó la media sanción de la Ley Penal Juvenil con 149 votos afirmativos, 100 negativos y 0 abstenciones. Se trata de un debate histórico en la Argentina que logró el aval de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical y la oposición dialoguista.
La norma establece que la edad de imputabilidad baje de 16 a 14 años. Del mismo modo, reduce las penas máximas a adolescentes de 20 a 15 años y otorga la posibilidad de purgar condenas bajo el arresto domiciliario. También otorga la posibilidad de suspensión del juicio a prueba, mediante tareas comunitarias, reparaciones económicas, amonestaciones y prohibición de asistir a espectáculos deportivos.
Las críticas hacia el proyecto estuvieron dirigidas en relación a la asignación presupuestaria, fijada en 23 mil millones de pesos. Uno de los que puso el foco en esa cuestión fue Miguel Pichetto, quien explicó que “el metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”. Esto se discutió en el recinto y resultó avalado en votación nominal con 135 a favor, 100 en contra y 13 abstenciones.
La creación de este Régimen Penal Juvenil (no es una modificación al Código Penal de la Nación) prevé una prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos. Esto fue remarcado en la redacción del dictamen previo a votarse porque la oposición dialoguista había puesto el foco en ese punto y consideraban que no quedaba claro.
Además, la norma prohíbe la prisión perpetua y cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención, haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas. También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.
El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos. Por último, en caso de ser sancionada en el Senado, la ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Fuentes del oficialismo revelaron a este medio que la fecha elegida para llevar la Ley Penal Juvenil al Senado es el jueves 26 de febrero, junto con el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que tuvo el aval de la Cámara de Diputados este jueves y consiguió 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Solamente el Frente de Izquierda y el kirchnerismo duro se opusieron.
