El integrante del Foro Permanente para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Eduardo Maidana, habló sobre el veto del presidente a la ley que declaraba la Emergencia en Discapacidad.
ENTREVISTAS 12 de agosto de 2025 Juan Salguero Simoy
El pasado lunes, el gobierno nacional oficializó a través del boletín oficial, firmado y anunciado por el presidente Javier Milei, el veto total a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada en ambas cámaras del Congreso, incluso logrando la unanimidad en el Senado. La anulación del ejecutivo, incluyó también el aumento a las jubilaciones mínimas y la extensión de la moratoria previsional.
El proyecto vetado declaraba la emergencia en el sector hasta el 2026, creando una pensión no contributiva compatible con el empleo formal y estableciendo actualizaciones automáticas para aranceles y compensaciones a prestadores. La justificación del oficialismo para el veto fue el impacto fiscal que tendría llevar a cabo esta ley. En contraposición, las agrupaciones del sector de la discapacidad denunciaron “abandono del estado” y señalaron que el desfinanciamiento estatal agrava la vulnerabilidad y la exclusión de cinco millones de argentinos.
En este marco, en POLITICAR dialogamos con Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien se encuentra activamente reclamando por los derechos del sector:
¿Cómo tomaron el veto del Presidente y cómo seguirán el reclamo?
No solamente repudiamos el veto presidencial, sino también le pedimos a los legisladores que cumplan con el compromiso que tienen con las personas con discapacidad. Antes del veto ambas cámaras votaron positivamente, y en el caso del Senado con un 100 por ciento, eso se tiene que volver a repetir. El Presidente está desoyendo una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que reconoce la gravedad de la crisis que atraviesan miles de personas con discapacidad. Por ejemplo, el Certificado Único de Discapacidad no se está expidiendo, y es un documento vital para personas con discapacidad ante obras sociales y para acceder al transporte gratuito.
El reclamo es amplio y es federal, en las provincias también quieren hacer oír su voz y pedirles a sus gobernadores y diputados que vuelvan a aprobar la ley. Hay que seguir insistiendo y lo vamos a hacer, de todos los modos posibles, en la calle, en las redes. Salimos a la calle para que la sociedad vea a qué grado llega la crueldad del Gobierno contra las personas con discapacidad, que es criminal. Y que también los diputados y senadores vean de qué lado van a inclinar la balanza, si hacia el pueblo que los puso ahí donde están hoy, o hacia un gobernante malicioso y cruel. Estamos haciendo una campaña para pedirle a cada diputado que vuelva a aprobar la ley.
¿En qué situación se encuentra el sector actualmente?
Las personas con discapacidad están invisibilizadas: el 12 por ciento de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, es decir 5 millones de personas, de los cuales más de 2 millones están en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Tenemos muchas personas con discapacidad que están bajo la línea de pobreza y que dependen de la pensión. El colectivo de la discapacidad viene siendo invisibilizado y llevó años cambiar el paradigma de la discapacidad de un sujeto con enfermedad y atención a un sujeto de derecho.
Esta actitud de Milei los arroja a su suerte, y tiene que ver con su crueldad y falta de sensibilidad social, y con priorizar lo que hace a lo financiero por sobre lo que hace a la vida real de los ciudadanos, que tienen derecho a la salud, la educación, y a todo aquello que garantiza la Constitución. En este caso puntual, a lo que marca la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el Gobierno buscarán que el veto se mantenga en el congreso ¿Qué estrategia tomarán respecto a esto?
Sabemos que el Gobierno viene trabajando sobre los gobernadores y diputados para que estas leyes no salgan, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es reclamar y hacer ver la situación. No hay que dejar que la única voz sobre el tema la tenga el Gobierno, que suele hablar negativamente sobre las personas con discapacidad y ha generado una gran duda sobre cómo ha sido la entrega de las pensiones. Hay que hablar de qué es lo que está atrás de la pensión, que son personas con discapacidad, muchas de ellas en situación de pobreza y que no trabajan, porque algunas podrían hacerlo pero es muy difícil conseguir trabajo hoy, y otras no lo pueden hacer o para hacerlo necesitan mucho apoyo. Son personas cuyo único ingreso es una ayuda del Estado para poder hacer frente a los costos de su vida, y a través del Programa Federal de Salud tener la medicación, la rehabilitación y las sillas de ruedas que necesitan algunos o los audífonos que necesitan otros.
El Secretario General de la Federación Argentina del Trabajador de Las Universidades Nacionales, Walter Merkis, habló del desguace a la universidad pública y de la precarización salarial de los trabajadores universitarios.
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El padre del fotógrafo Pablo Grillo, habló sobre la salud de su hijo y la citación de la justicia para indagar al gendarme cabo primero Héctor Guerrero.
El ex director del Instituto Nacional del Cáncer, Daniel Gómez, habló sobre los recortes en el organismo y señaló que se debería “posicionar la lucha contra el cáncer como una prioridad de Estado”.
La Secretaría Adjunta de ATE Nacional, María Mercedes Cabezas, habló sobre el desguace que lleva a cabo el Gobierno Nacional en el INTA y el cierre del INAFCI.
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