Leandro Bravo
Pareciera que el Gobierno ha sobrevivido a la marea después de 80 días llenos de acusaciones contra Manuel Adorni y su círculo familiar. Si bien La Libertad Avanza tiene varias aristas calientes en la interna, la Mesa Política se reunió este martes después de haber enviado cuatro nuevas reformas al Poder Legislativo: Súper RIGI, Ley Lobby, derogación de Etiquetado Frontal y prohibición de casas ilegales online.
La reunión se llevó a cabo en Casa Rosada donde además del jefe de Gabinete estuvieron Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación; Patricia Bullrich, jefa de bloque oficialista en el Senado; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión, Eduardo “Lule” Menem.
Con el envío de los cuatro proyectos de ley (Lobby y Súper RIGI a Diputados; y Ludopatía y Etiquetado Frontal a Senado), el Gobierno sigue acumulando iniciativas pese a que la agenda recién pudo ser activada la semana pasada con la media sanción del recorte a los subsidios vigentes en el Régimen de Zona Fría y la Ley Hojarasca que deroga seis decenas de marcos normativos por iniciativa de Federico Sturzeneger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado.
De todas maneras, la Cámara alta tiene tres temas del Ejecutivo que todavía no fueron resueltos ni consensuados: en primer lugar está la reforma a la Ley de Salud Mental que viene teniendo maratónicas jornadas y es uno de los temas que podría ser dictaminado durante junio; en segundo lugar está la Reforma Electoral, la cual no cuenta con el apoyo unánime de los aliados respecto a eliminar o suspender las PASO; en tercera instancia está el proyecto de cambios en la Ley de Discapacidad, que según supo Politicar no será abordado por lo agresivo del contenido.
Ahora bien, en el Congreso saben que el Mundial de Fútbol próximo a iniciar acaparará toda la atención y es muy difícil que la actividad parlamentaria transcurra fácilmente durante ese mes. Lo que sí está claro es que el Senado tendrá una sesión ordinaria este jueves 4 de junio para darle media sanción al Acuerdo de Conciliación con los Fondos Buitre, el cual tiene como plazo máximo de sanción al 30 de junio. Por esta razón, se prevé que Diputados se reúna al menos una vez durante el mes próximo.
La Cámara alta también tiene el dictamen de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la primera tanda de pliegos judiciales ya firmados. Según confirmaron a este medio estos tres temas serán de la partida en el temario de la sesión de la próxima semana, donde en paralelo, quizás también se pase a la firma la reforma a la Ley de Salud Mental.
Con relación a los nuevos proyectos, el tratamiento quedará postergado para después del receso invernal, pero el oficialismo sabe también que se han acumulado varios textos y que deberá reordenar el orden que, en principio, tenía a la Reforma Electoral, hoy empantanada y sin consensos para eliminar las PASO. De todos modos, este tema puede ser abordado tranquilamente hasta el 28 de febrero del próximo año.
Con relación a los nuevos proyectos de ley, el primero en llegar a Mesa de Entradas del Senado fue la derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, que instauró el sistema de etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas. el Gobierno afirma que el sistema “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, generando confusión en los consumidores y alejándose de cumplir con los objetivos perseguidos por la propia ley”.
Y cuestiona la metodología de cálculo, basada en porcentajes del aporte energético total, ya que en algunos casos arroja resultados “técnicamente inconsistentes o desproporcionados”. A esto se suma, según el Ejecutivo, la falta de incentivos para la reformulación de productos: “La estructura binaria del sistema de advertencias vigente dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos”.
Sobre el marco normativo integral para la prevención de la ludopatía y la regulación de los juegos de azar en línea, con eje en la protección de niños, niñas y adolescentes y el combate a las plataformas ilegales, el Poder Ejecutivo propone que quienes exploten apuestas sin autorización puedan recibir penas de tres a seis años de prisión, mientras que quienes faciliten estas operatorias —a través de servicios financieros, tecnológicos o publicitarios— enfrentarán sanciones de dos a cuatro años.
En materia de publicidad, el proyecto establece una prohibición total para la promoción de plataformas ilegales en cualquier formato, incluyendo redes sociales, medios de comunicación y vía pública. Además, responsabiliza a agencias, productoras, influencers y medios que participen en su difusión.
Respecto a los proyectos que ingresaron por la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, el primero en arribar fue el Súper RIGI, proyecto que tiene por objetivo atraer inversiones de gran escala en sectores que hoy no tienen desarrollo o se encuentran en fase experimental en la Argentina.
El nuevo régimen impositivo se presenta como una evolución del actual RIGI aprobado con la Ley 27.742, aunque con un alcance más acotado: estará dirigido exclusivamente a “actividades económicas genuinamente nuevas en el país, con un impacto transformador en la estructura productiva nacional”.
Además, la redacción establece que podrán acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.
Entre los principales beneficios se contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años. También prevé exenciones de derechos de importación y exportación, junto con un esquema de certificados de crédito fiscal para el IVA.
Por último, está la Ley Lobby que establece la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses obligatorio y digital para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios. También fija las incompatibilidades entre ex funcionarios que deseen realizar gestiones de lobby.
También, detallan que quedan incluidas las gestiones de lobby aquellas realizadas para la elaboración, derogación, e implementación de leyes, licitaciones, concesiones, o asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad. Dichos reportes serán trimestrales y publicados dentro de los 10 días hábiles de la presentación.
