La postal es conocida, pero no por eso menos alarmante: trabajadores sin cobrar, vecinos sin servicio y un municipio que llega tarde —o directamente no llega— a un conflicto que impacta de lleno en la vida cotidiana. Este miércoles, empleados de la empresa Microómnibus General San Martín junto a vecinos de San Isidro se movilizarán frente al Municipio para visibilizar una crisis que ya lleva meses y que expone algo más profundo que un simple problema empresarial.
La convocatoria, pautada para las 9.30 en la puerta del Municipio, partirá desde la sede de la empresa, en Estrada 10220 y Yatay. Pero el recorrido no es solo geográfico: es también el trayecto de un conflicto que creció sin contención, sin mediación efectiva y con una ausencia estatal que empieza a ser inocultable.
Según denuncian los trabajadores, la empresa adeuda salarios desde hace dos meses, dejando a unas 420 familias en una situación límite. No se trata de un retraso aislado ni de una dificultad menor: es una cadena de incumplimientos que desnuda la fragilidad del sistema y la falta de controles. Mientras tanto, los vecinos padecen la otra cara del problema: la paralización de un servicio esencial que complica traslados, trabajo, estudio y acceso a la salud.
Lo que está en juego no es solo la continuidad de una línea de colectivos. Es la responsabilidad política frente a un servicio público que no puede quedar librado a la deriva empresarial. Porque cuando el transporte falla, no es un inconveniente más: es una interrupción directa en la vida social y económica de miles de personas.
El reclamo es claro: pago inmediato de los salarios adeudados y normalización del servicio. Pero detrás de esa consigna hay una pregunta incómoda que todavía no tiene respuesta: ¿dónde estuvo el Municipio mientras el conflicto escalaba? ¿Y qué rol están jugando las autoridades provinciales en un sistema de transporte que depende, en gran medida, de su regulación?
La movilización de este miércoles no es solo una protesta. Es el síntoma de una gestión que reacciona cuando el problema ya explotó. Y, como suele ocurrir, quienes pagan el costo son los trabajadores y los usuarios, es decir, los de siempre.
