Este escenario resulta alarmante al contrastarlo con el ciclo 2021-2023, período récord de inversiones en maquinaria y modernización tecnológica. Hoy, la bajísima utilización de capacidad instalada dificulta a las empresas afrontar costos, derivando en procesos de achicamiento y cierre de líneas productivas. De persistir, este escenario derivará en una pérdida estructural de capacidades industriales difícil de recuperar. Cabe destacar que esta dinámica negativa no es aislada; se replica en sectores como metalmecánica, madera, muebles y químicos, confirmando un retroceso generalizado del entramado industrial argentino.
La raíz de esta crisis reside en la caída del consumo interno, asfixiado por la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro laboral. El salario real del sector privado se ubica 1 % por debajo de 2023, mientras que en el sector público la caída asciende al 17 % y en las jubilaciones mínimas al 14 %. A esto se suma la pérdida de empleo asalariado: hasta noviembre de 2025 se destruyeron casi 180.000 puestos en el ámbito privado y 3.500 en el público. El ingreso disponible se ve aún más restringido por el creciente peso de servicios básicos (energía, alquileres, salud), que desplazan el gasto en bienes como la indumentaria.
“La raíz de esta crisis reside en la caída del consumo interno, asfixiado por la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro laboral”
En simultáneo, el escenario comercial ha mutado profundamente debido a una veloz apertura y desregulación de importaciones. El último año registró un fuerte incremento en el ingreso de prendas y confecciones, impulsado por la flexibilización de controles y la reducción del arancel de importación de bienes finales del 35 % al 20 %. Gran parte de estos productos ingresan con valores FOB extremadamente bajos —muchas veces inferiores a precios en origen—, lo que evidencia condiciones de competencia desleal facilitadas por el debilitamiento de instrumentos de regulación aduanera.
Entre las medidas que han erosionado la protección local destacan la eliminación de valores criterio, la suspensión del control de etiquetado en aduana y la reducción de la fiscalización física. Asimismo, la derogación de declaraciones juradas de composición y la flexibilización del régimen antidumping han desdibujado la trazabilidad de los productos. Un factor adicional es la habilitación de la importación de ropa usada, permitiendo el ingreso de descartes textiles internacionales que agravan la situación del mercado interno.
Este panorama se amplifica mediante el crecimiento de canales digitales y el régimen de envíos "puerta a puerta". Las compras vía courier internacional crecieron un 274 % en 2025 respecto al año previo, alcanzando picos históricos. Este canal opera con asimetrías impositivas frente al comercio formal y canaliza productos de plataformas de "ultra fast fashion", modelo cuestionado globalmente por su impacto ambiental y social, pero que en Argentina encuentra un mercado fértil ante la ausencia de controles efectivos.
El contexto internacional agrava la vulnerabilidad local. Ante las crecientes barreras arancelarias implementadas por Estados Unidos y la Unión Europea para frenar el excedente asiático, Argentina se ha convertido en un destino atractivo para dichos excedentes. Al carecer de mecanismos de regulación y administración del comercio y enfrentar una apreciación del tipo de cambio real, la industria nacional queda desprotegida frente a una sobreoferta global que busca mercados abiertos con escasa regulación.
Esta apertura comercial se produjo de manera muy brusca a la par que se bajaron los aranceles de importación extra Mercosur. En Argentina continúa postergándose una reforma impositiva orientada a aliviar la carga fiscal sobre la producción nacional, especialmente en aquellas cadenas de valor con fuerte presencia federal, como la textil e indumentaria. Esta situación resulta particularmente relevante porque uno de los principales obstáculos para la competitividad de la economía argentina sigue siendo el elevado peso de los impuestos. Cabe recordar que, en el caso de una prenda que se vende en un shopping, aproximadamente el 50 % del precio final corresponde a impuestos, lo que evidencia la magnitud de la presión fiscal que enfrenta la producción local.
“En Argentina continúa postergándose una reforma impositiva orientada a aliviar la carga fiscal sobre la producción nacional, especialmente en aquellas cadenas de valor con fuerte presencia federal, como la textil e indumentaria”
Las consecuencias son ya tangibles. En términos de empleo, a noviembre de 2025 se perdieron más de 19.000 puestos registrados en la cadena textil, indumentaria y calzado, comparado con fines de 2023. Esta caída del 16 % posiciona al sector como la actividad con mayor destrucción de empleo en la economía, según datos oficiales. Asimismo, la estructura empresarial se ha deteriorado: se perdieron más de 600 empresas, equivalente al cierre del 10 % de los establecimientos productivos del sector, superando el promedio de caída de la industria general.
“Se perdieron más de 19.000 puestos registrados en la cadena textil, indumentaria y calzado, comparado con fines de 2023”
Resulta imperativo retomar una agenda de política pública que priorice la producción nacional. El país no puede permitirse la pérdida de capacidades productivas, saber acumulado y potencial humano construido durante décadas, ni resignar oportunidades de empleo formal en todo el territorio. Preservar la industria textil es una decisión estratégica: en una nación de 47 millones de habitantes, sostener la fabricación local es defender la soberanía y la capacidad de brindar oportunidades y calidad de vida para toda la población.
