América Latina empieza a jugar fuerte en un mercado que promete miles de millones: el
de los créditos de carbono. Con la puesta en marcha del Artículo 6 del Acuerdo de París,
los países de la región avanzan en acuerdos internacionales, regulaciones locales y
proyectos concretos para vender reducciones de emisiones en un esquema global en
expansión.
El nuevo sistema ya muestra señales claras de despegue. Once países latinoamericanos
están en condiciones de comercializar créditos, lo que representa cerca del 20% de los
acuerdos globales en negociación o firma.
A diferencia del mercado voluntario, los créditos bajo este mecanismo pueden alcanzar
valores entre dos y cinco veces superiores, mejorando la rentabilidad de proyectos
ambientales y energéticos.
Chile aparece como uno de los casos más avanzados. Con un marco regulatorio definido
y proyectos ya autorizados, el país logró posicionarse como referente regional. Su
cartera incluye iniciativas validadas internacionalmente y moviliza inversiones por más
de USD 1.400 millones, consolidando un modelo que combina seguridad jurídica con
acceso a mercados globales.
Perú, en tanto, apuesta fuerte a su potencial forestal. Con foco en la Amazonía, impulsa
proyectos vinculados a soluciones basadas en la naturaleza y programas REDD+,
orientados a capturar carbono y preservar ecosistemas. El país ya identificó decenas de
medidas de mitigación y trabaja en mecanismos para escalar financiamiento
internacional.
Paraguay también avanza, aunque desde una lógica más exportadora. Con una matriz
energética mayormente renovable, desarrolla su sistema de registro de carbono y busca
posicionarse como proveedor competitivo en el mercado global, especialmente en
proyectos ligados al uso del suelo y la conservación.
En este mapa, Argentina aparece como uno de los jugadores con mayor potencial
económico. Según estimaciones técnicas, podría generar más de 130 millones de
créditos de carbono por año, lo que implicaría ingresos de entre USD 1.400 y USD
3.900 millones anuales, dependiendo de los precios internacionales.
El atractivo no es menor: el nuevo esquema permite monetizar recursos naturales en
sectores como energía, agroindustria, bosques y residuos, convirtiendo la reducción de
emisiones en una fuente concreta de divisas. Sin embargo, el desarrollo del mercado
local todavía depende de avances regulatorios y de una mayor articulación entre el
sector público y privado.
A nivel regional, el proceso muestra una tendencia clara: América Latina avanza en
simultáneo en regulación, generación de proyectos y vinculación con la demanda
internacional.
