Carollinne AngieLa regulación del trabajo en plataformas digitales vuelve a instalarse en la agenda legislativa bonaerense y reabre un debate que ya generó tensiones entre oficialismo, oposición y empresas del sector.
Durante la apertura de sesiones ordinarias de 2026, el gobernador Axel Kicillof anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Trabajo para regular la actividad de las plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa contempla la creación de un Plan Integral y de un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales, con el objetivo de otorgar mayor transparencia a la actividad, establecer reglas claras y garantizar condiciones adecuadas de protección para las y los trabajadores.
El proyecto apunta a regular el trabajo que se desarrolla a través de aplicaciones de reparto y transporte —como PedidosYa, Rappi o Uber—, una actividad que creció de forma exponencial en los últimos años y que hoy involucra a miles de trabajadores en la provincia.
Con este anuncio, el Ejecutivo provincial busca incorporar de lleno el debate sobre el empleo digital a la agenda legislativa de 2026, bajo la premisa de que la innovación tecnológica debe ir acompañada de derechos laborales y protección social.
El tema, sin embargo, no es nuevo en la Legislatura bonaerense. En los últimos años se presentaron distintos proyectos para regular el trabajo en plataformas, aunque ninguno logró avanzar en el proceso parlamentario.
En ese escenario, el anuncio del gobernador vuelve a poner la discusión sobre la mesa y anticipa un debate que promete tensiones entre los distintos bloques legislativos.
Disputa política entre Provincia Nación
A nivel internacional, la discusión ya está en marcha. Mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analiza cómo mejorar las condiciones laborales en el empleo digital, en la Argentina el Congreso aún no abordó una regulación específica para el sector. Desde la Provincia, en tanto, advierten que el Gobierno nacional impulsa un modelo que tiende a excluir a estos trabajadores del marco de protección laboral.
“Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos, nada menos moderno que desproteger a quienes trabajan”, sostuvo Kicillof al presentar la iniciativa.
En la misma línea, el gobernador remarcó la diferencia con la política nacional: “La propuesta va en sentido contrario a la exclusión del marco general de derechos que se observa a nivel nacional”.
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, explicó que el proyecto se apoya en “las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo” para la protección de estos trabajadores.
Según detalló, uno de los puntos centrales será “transparentar el registro de las plataformas, con participación del Estado para verificar los algoritmos”, con el objetivo de garantizar condiciones más equitativas.
Además, Correa planteó la posibilidad de fijar un piso mínimo salarial para el sector y destacó que en países como Francia, España y Gran Bretaña ya existen mecanismos de garantía en ese sentido.
“El proyecto apunta a reconocer derechos donde hoy hay vacíos”, deslizan desde el oficialismo, en un intento por diferenciarse del rumbo que impulsa la gestión de Javier Milei.
El trasfondo de la discusión excede lo técnico. La regulación del trabajo en plataformas se inscribe en un debate más amplio sobre el futuro del empleo, el rol del Estado y los límites de la desregulación en el mercado laboral.
En ese marco, la iniciativa del Ejecutivo bonaerense anticipa un nuevo frente de disputa política entre la Provincia y la Nación, con modelos contrapuestos sobre cómo abordar el trabajo en la economía digital.
Si el proyecto avanza en la Legislatura, no solo pondrá en discusión las condiciones laborales de miles de trabajadores, sino que también podría abrir un escenario de tensión normativa con la reforma laboral impulsada a nivel nacional, donde la convivencia entre ambos marcos legales aparece, al menos, como un terreno incierto
