Andrés MiquelEl ex intendente de La Plata, Julio Garro, quedó formalmente imputado en la causa que investiga un sistema de irregularidades estructurales durante sus ocho años al frente del municipio. La investigación pone bajo la lupa la autorización de al menos 450 loteos ilegales que, según las primeras estimaciones contables y técnicas, han provocado un perjuicio económico severo tanto la Municipalidad como para los particulares que invirtieron sus ahorros en desarrollos sin garantía de servicios.
El núcleo de la imputación sostiene que la gestión anterior validó desarrollos urbanísticos que, en su mayoría, están ubicados en el cordón frutihortícola y en zonas de protección ambiental. Todo el proceso se llevó a cabo ignorando deliberadamente la normativa provincial vigente, por lo que, al inicio de su mandato, Julio Alak presentó la denuncia correspondiente.
En datos, de los 450 casos registrados, el informe técnico presentado por la actual administración municipal que, al menos, 250 de ellos carecen de la infraestructura básica como redes de agua, cloacas, luz y calles consolidadas, lo que los hace legalmente inhabilitados para una regularización dominial. Esto implica que miles de familias adquirieron terrenos que, en la práctica, son inhabitables, mientras el municipio ahora debe cargar con el costo político y presupuestario de intentar remediar zonas donde no se realizó ninguna planificación previa.
A la par de Garro, quedaron imputados también recae sobre el ex secretario de Coordinación, Oscar Negrelli; la ex secretaria de Planeamiento, María José Botta; el ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Esteban Barbier; y otros funcionarios técnicos como Leandro David Ronga, Marcela Rogg, Augusto Sciarreta y Marcelo Gustavo Género, quienes habrían facilitado los mecanismos administrativos para evadir las exigencias legales.
La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci en la UFIJ N° 5, luego de que la Municipalidad solicitó el apartamiento de Juan Cruz Condomí Alcorta, que mantuvo quieta la causa desde principios del 2025, a pesar de solicitar y recibir información como para activar otros pasos.
Una pila de denuncias
La imputación judicial de Garro ocurre en un contexto de desguace administrativo revelado tras el traspaso de mando en diciembre de 2023. La auditoría integral que heredó la actual gestión Alak arrojó una deuda consolidada de 20.550 millones de pesos, una cifra que, actualizada a valores actuales, refleja el colapso financiero de una municipalidad que fue utilizada, según las denuncias, para sostener una estructura política sobredimensionada.
Aquel relevamiento de la planta de personal fue contundente: de un total de 12.573 agentes registrados, cerca de 7.000 se encontraban en una situación irregular, sin tareas asignadas o lugares de trabajo verificables, transformando al municipio en una suerte de caja política que consumía la mayor parte del presupuesto local.
En este marco, la relación con los trabajadores municipales se mantuvo en tensión permanente. Durante el cierre de la gestión Garro, las paritarias fueron denunciadas por los gremios mayoritarios, tal es el caso de UPCN, como acuerdos "truchos". Los trabajadores perdieron, en términos reales, más del 100 por ciento de su poder adquisitivo en relación con la inflación acumulada, dado que los incrementos fueron dispuestos unilateralmente, sin una mesa de negociación genuina, profundizando la precarización laboral en dependencias críticas como salud y espacios públicos.
Ahora bien, en materia de escándalos, el podio de la gestión Garro lo encabezó el estado de abandono del Cementerio Municipal. La apertura de causas penales tras su salida se basó en el hallazgo de 501 ataúdes abandonados en depósitos que debían ser áreas de tránsito técnico, y más de 2 mil bolsas de consorcio que contenían restos óseos humanos sin ningún tipo de identificación. Muchas de estas bolsas fueron halladas en niveles superiores de galerías que el garrismo había sellado con mampostería para ocultar el desmanejo, violando todas las normativas de salud pública y de respeto a la memoria de los difuntos.
Su efímero paso por Nación
El desgaste político de Garro tuvo su capítulo final en el gobierno de Javier Milei. Tras ser derrotado en las urnas en 2023, fue convocado por La Libertad Avanza para ocupar la subsecretaría de Deportes de la Nación, bajo la órbita de Daniel Scioli. No obstante, su gestión nacional duró apenas unos meses. El 17 de julio de 2024, Garro fue eyectado de su cargo por orden de la Oficina del Presidente, luego de que en una entrevista radial pidiera que Lionel Messi y Claudio Tapia, en representación de la Selección Argentina, ofrecieran disculpas públicas por cánticos contra la selección de Francia tras la obtención de la Copa América.
La reacción del universo libertario fue inmediata y contundente: el gobierno nacional calificó sus declaraciones como un intento de coartar la libertad de expresión de los jugadores. A pocas horas de su intervención radial, se oficializó su despido. Este evento, lejos de ser un incidente menor, marcó el fin de su capital político dentro del oficialismo nacional, dejándolo ahora frente a una justicia platense que, ante la acumulación de pruebas documentales y los hallazgos en la infraestructura pública, formalizó la acusación contra el ex intendente y sus principales colaboradores.
