Perú retrocede en derechos de género: el Congreso elimina el enfoque de género y pone en riesgo décadas de políticas públicas

Un cambio que desmonta la arquitectura de igualdad en Perú

El dictamen —impulsado por la congresista Milagros Jáuregui, figura central del ala conservadora— redefine cualquier referencia a “enfoque de género” como simple “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Pero el cambio no es semántico: implica la eliminación conceptual del análisis de desigualdades estructurales, clave para comprender y enfrentar la violencia basada en género.

Perú reforma su marco de políticas de género en medio de fuertes críticas

Perú enfrenta tasas alarmantes. Hasta octubre de 2025, más de 18.000 niñas y adolescentes fueron atendidas por violencia sexual y 850 menores de 14 años dieron a luz. Sin el enfoque de género, alertan especialistas, estos hechos pueden volver a narrarse como “errores individuales” o “crímenes pasionales”, borrando las raíces sociales y culturales que explican la violencia.

Desmantelamiento institucional

La nueva norma modifica la Ley de Igualdad de Oportunidades —considerada uno de los grandes avances feministas del país— y obliga a reescribir documentos de gestión del Estado, políticas educativas, sanitarias y de justicia. Para organizaciones como Manuela Ramos, se trata de un desmantelamiento institucional que deja sin sustento planes nacionales sobre violencia, igualdad y salud reproductiva.

Riesgos para la niñez, las mujeres y la población LGBTI+

Un punto especialmente criticado es el reemplazo de la Educación Sexual Integral. La ESI peruana incluía herramientas para reconocer la violencia, pedir ayuda y comprender el consentimiento. Sin esta formación, las niñas quedan más vulnerables en un país donde una de cada cuatro menores de 12 años declara haber sufrido violencia sexual.

La ofensiva conservadora en Perú: el Congreso elimina la ESI y redefine la igualdad

Además, la norma borra cualquier reconocimiento estatal a la diversidad sexual, lo que abre la puerta —según expertas— a discursos biologicistas que podrían justificar prácticas retrógradas, incluso terapias de conversión ya condenadas globalmente.

La ofensiva conservadora en el Congreso

La congresista Jáuregui celebró la aprobación como “una victoria para los cristianos”, una frase que resume el componente religioso que marca esta cruzada legislativa. En los últimos años, el Congreso peruano ha intentado:

• rebautizar el Ministerio de la Mujer;
• eliminar el delito autónomo de feminicidio;
• limitar la educación sexual en escuelas.

Detrás de estos proyectos opera un bloque articulado entre iglesias evangélicas, sectores adventistas y partidos conservadores como Renovación Popular.

Un escenario institucional incierto

El Ejecutivo peruano aún puede observar la ley, pero el Congreso tiene los votos para aprobarla por insistencia. Organizaciones feministas alertan que la norma podría ser inconstitucional y contraria a convenios internacionales suscritos por Perú. Incluso si se promulga, planteará enormes problemas de implementación: “es inaplicable”, señalan.

Una señal de alarma para la región

La decisión peruana se inscribe en una ola regional donde sectores conservadores buscan reconfigurar políticas de género y educación sexual, desde Centroamérica hasta el Cono Sur. Para América Latina —una región con algunas de las cifras más altas de feminicidios—, estos retrocesos pueden tener efectos devastadores.

Perú y la nueva batalla por los derechos de las mujeres en América Latina

Perú ofrece un caso paradigmático: la discusión sobre género se convierte en terreno de disputa moral y religiosa mientras se debilitan herramientas estatales diseñadas para proteger a niñas y mujeres en un contexto de violencia persistente.