Guerra sin cuartel: seguridad, militarización y delitos complejos

Al Capone no cayó preso porque la policía fuera dotada con mayor poder de fuego y vigilancia; lo que puso al criminal tras las rejas fue la redefinición del problema como uno de tipo complejo —  de seguridad y fiscal. Si, las fuerzas policiales incorporaron más y mejores armas, pero su detención sólo fue posible con una condena por evasión fiscal.

La escuela Bullrich — de la cual Milman es parte — parece ignorar la enseñanza al proponer una guerra sin cuartel que no repara en los beneficios del ingenio. Solo admite la mano dura; la doctrina Chocobar.

Aquella inclinación es la que los lleva a entender problemas de seguridad interna como problemas de defensa nacional. Todo eso con el fin de aumentar el poder de fuego al involucrar medios y capacidades militares, transformando en regla una misión excepcional de las Fuerzas Armadas.

En esa misma línea, Bullrich sugirió el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en la frontera norte del país en 2018. Más recientemente, Milman propone el despliegue de medios y capacidades militares, para devolver al estado el control de las fronteras. El problema es simple: la incompatibilidad de los medios y capacidades con el fin.

La propuesta: implementar un sistema de monitoreo digital, construir zonas de circulación vecinal integradas, y acuerdos de reciprocidad con países vecinos para combatir el crimen organizado. ¡Quiere pescar un dorado con línea de fondo! Imposible. Vamos a hurgar entonces para encontrar las raíces, resultados y arraigo de esta ‘filosofía de seguridad’ en la Argentina.

De Anslinger a Bullrich: Prohibicionismo y criminalización for export

La filosofía de seguridad de la Escuela Bullrich tiene un punto de partida en los Estados Unidos de los años 30s. Por entonces, el vecino del norte prohibió la producción, transporte y consumo de bebidas alcohólicas. Harry Anslinger trasladó el paradigma prohibicionista al ámbito de los estupefacientes luego de hacerse cargo de la Dirección de Narcóticos de la Oficina de Prohibición (ver Grass o The Protectors).

Tras asumir la dirección, Anslinger dijo: “El Departamento del Tesoro, tiene la intención de emprender una implacable guerra contra los narcotraficantes”. Aquí comienza la redefinición del uso de estupefacientes, de un problema fiscal a otro de seguridad. Hasta entonces, la preocupación original era la evasión fiscal — tal cual fuera reflejado por la Ley de Restricciones al Comercio del Opio y la Hoja de Coca (1914) y Ley Anti Heroína (1924).

Acompañado de una propaganda efectiva, Anslinger logró la aprobación de dos leyes claves para la criminalización del consumo de estupefacientes en EEUU. Primero, la Ley Estatal Única de Estupefacientes (1934) empoderó a las autoridades y policías estatales para confiscar y castigar el tráfico de drogas, y segundo, la Ley de Impuesto a la Marihuana (1937) impuso un gravamen a la comercialización de la marihuana.

Anslinger nunca tuvo la intención de gravar los estupefacientes. El Departamento del Tesoro se privó de recaudar impuestos sobre la marihuana, de hecho, ilegalizando la producción, transporte, y consumo, dejando a las autoridades locales las tareas de ejecutar la ley y las condenas.

La campaña de Anslinger continuó con la aprobación de la Ley Boggs (1951). Esta última determinó, entre otras cosas, la no excarcelación de las condenas por producción, tenencia, y consumo de marihuana. ¿La nueva pena? Entre dos y 10 años de cárcel, más una multa de hasta USD 20 mil (John Lennon inmortalizó esta ley en una oda a John Sinclair).

De esta manera, Anslinger trasladó el paradigma prohibicionista desde el alcohol a los estupefacientes. Entre medio, el tráfico y uso de estupefacientes fueron redefinidos como un problema de seguridad exclusivamente, iniciando una guerra contra el narcotráfico que se llevó puesto al consumidor. Todo eso mientras los adolescentes hacían frente a una epidemia de heroína.

El mayor logro de Anslinger, sin embargo, fue la ratificación de la Convención Única sobre Estupefacientes por la Organización de las Naciones Unidas en 1964. Este acto por sí sólo significó la inmediata exportación del régimen prohibicionista desde los EEUU a no menos de 40 países alrededor del mundo, incluida la Argentina. Así, la guerra contra los delitos complejos se volvió un fenómeno global.

De Colombia a la Argentina: La militarización de los delitos complejos

Tras el retorno de la democracia a la región durante la década de los 80s, las fuerzas armadas debieron encontrar una nueva misión. No sea cosa de que se les ocurra volver al gobierno. Siguiendo esa lógica se reglamentó, por ejemplo, el apoyo militar a las operaciones de seguridad interior en situaciones críticas y bajo condiciones excepcionales.

Por el contrario, la militarización es la regla para la escuela Bullrich y el alumno Milman. El despliegue de capacidades y medios militares en el combate del crimen organizado es un canto a las víctimas de robos violentos. Después de todo, los argentinos crecimos pegándole al televisor cada vez más fuerte para mejorar la imagen. Como ya sabemos, la imagen se vuelve a distorsionar y cada vez más rápido.

Por ejemplo, el Plan Colombia es uno de los mejores casos de estudio para dilucidar las consecuencias de la militarización en el combate del narcotráfico. ¿Por qué es un buen caso? Porque el plan define al problema como uno de tipo complejo y propone una solución compuesta: mano dura y desarrollo económico. Todo eso con el fin de erradicar el narcotráfico y las guerrillas.

Se dice que se gastaron unos USD 10 mil millones, pero por motivos varios el plan fracasó. Transparency International culpa a la corrupción al tiempo que destaca la militarización del plan (71% del presupuesto se gasto en equipamiento y entrenamiento de fuerzas policiales y militares). Por otro lado, se destacan las consecuencias no anticipadas: la estrategia puede fallar, el criminal evoluciona, y la demanda es parte del problema.

¿Recuerdan cuando Bullrich instaló la idea de enviar a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico en el norte del país en 2018? En aquella ocasión, la Universidad Torcuato Di Tella convocó a un panel brillante. Yo estuve ahí, pero voy a citar al gran diario argentino.

“El Gobierno asegura que hoy enfrentamos riesgos distintos a las amenazas tradicionales,” decía la profesora Rut Diamint sobre la justificación de la medida propuesta por Bullrich. Luego, el profesor Jorge Battaglino destacó algunos de los obstáculos, llamando la atención sobre el hecho de que “no es que se les otorga [a las Fuerzas Armadas] una placa de policía y salen a la calle”. Y cerró el profesor Juan Gabriel Tokatlian, destacando la militarización como una reacción a la desaparición del enemigo interno.

En otras palabras, la militarización de la seguridad pública exige la presentación de un escenario excepcional, inversión en medios y capacidades, y desarrollo de una doctrina de inseguridad nacional. Todo esto es posible en situaciones a través de las leyes No. 23.554 de Defensa Nacional y No. 24.059 de Seguridad Interior. Esto no es suficiente para la Escuela Bullrich, entonces transformó la excepción en regla con el Decreto 1112/2024.

No sabemos dónde nos llevará la militarización de la seguridad pública, pero el Plan Colombia deja algunas enseñanzas relevantes. La militarización, primero, no resuelve delitos complejos por sí sola, y segundo, tiene el potencial para aumentar y desplazar la violencia — Rosario siempre estuvo cerca.

En fin, los delitos complejos requieren de soluciones acordes. La militarización como respuesta al crimen organizado debe ser parte de una política pública que va más allá de la inversión en entrenamiento y equipamiento de seguridad. Más allá de eso, el material de seguridad puede tener múltiples usos y un elemento militar puede tener aplicación en la seguridad pública. Veamos.

De Israel a Milman: ocupación militar y destrucción de la vida

Retomo, la propuesta de Milman: monitoreo digital, embudos inteligentes, y cooperación internacional, para transformar “la frontera estática” en una “zona de circulación vecinal”. Milman entró en contacto con los elementos de su propuesta durante una visita a Israel en 2016.

Allí, la misión argentina pudo “visualizar los radares, las cámaras y los centros de comando y control en pleno funcionamiento, formando parte de un modelo de seguridad integrado. Además, los funcionarios pudieron observar el tránsito de personas entre Egipto e Israel con sus respectivos controles”.

El “modelo de seguridad integrado” fue desarrollado para brindar garantías físicas a la población israelí-judía de cualquier amenaza. En principio, el plan suena bien hasta que observamos el contexto — la ocupación militar — y su función — la disrupción política, social, y económica.

El modelo israeli observado por Milman incluye el despliegue simultáneo de fuerzas policiales y militares en por lo menos 94 puestos de control permanentes y 153 intermitentes en Cisjordania. 

Los obstáculos varían: garitas blindadas, barreras horizontales y verticales (tierra, alambre, metal, hormigón), molinetes de altura completa, escáneres (rayos x, pupila, huellas digitales), detectores de metal y explosivos, lectores de patente, monitoreo de circuito cerrado, requisas personales, armamento a control remoto, y comunicación digital con el comando central y agencias de inteligencia, entre otros elementos.

Entre sus consecuencias más visibles se encuentran la disrupción de vínculos familiares, represión de la organización política, y obstaculización de la actividad económica. La destrucción de la nación palestina.

Desde esta perspectiva, el modelo que Milman busca trasladar a la frontera argentina se presenta como la barrera de transmisión que conecta a la Knesset con los colonos judios para dinamizar la máquina de limpieza étnica israeli. A menos que Milman quiera librar las fronteras de las poblaciones nativas, realmente no veo el sentido de trasladar dicho modelo a la Argentina.

Tres son los argumentos que surgen en contra del modelo israeli. Primero, la naturaleza militar del modelo israeli no se condice con los problemas de seguridad que enfrenta la Argentina. Segundo, el modelo israeli no devolvió al estado control sobre las fronteras — 7 de octubre, ¿te suena? Y tercero, los medios y capacidades desplegados hacen todo lo contrario a la propuesta al ralentizar el cruce de fronteras.

La mayor evidencia de que el sistema israeli no lleva al objetivo de Milman — agilizar el tráfico en las fronteras y combatir el crimen organizado — son las horas que pasan los palestinos en los puestos de control y la continuidad de las acciones de la resistencia armada palestina.

Si a todo eso le sumamos que en general el crimen organizado intenta evitar los cruces de frontera oficiales, ¿cómo puede uno pensar que el sistema de seguridad israeli diseñado para sostener una ocupación militar puede, al mismo tiempo, devolver el control sobre las fronteras, combatir el crimen organizado, y mejorar el flujo en las fronteras?

Una reflexión final

La compra de material de seguridad a Israel, la militarización de la lucha contra el crimen organizado, y la filosofía prohibicionista que conlleva criminalización no son novedades. Todos los gobiernos desde la última dictadura compraron en Israel, la guerra contra las drogas está por cumplir 100 años, y el prohibicionismo es tan viejo que es desafiado dentro del mismo EEUU.

La guerra sin cuartel fracasó en todos sus sentidos. No se puede seguir haciendo oídos sordos a los críticos mientras se defiende a ultranza un enfoque fallido, bajo el pretexto de defender la ley y el orden democrático sin reducir significativamente los delitos complejos. ¿Cuál es el sentido de insistir con la misma solución esperando resultados diferentes? ¿No es esa la definición de locura?

La propuesta de Milman para combatir el crimen organizado sigue esa misma filosofía. ¿No alcanzó? Pegale más fuerte. Peor aún, el alumno no aprendió de la maestra, porque Bullrich muestra en Guerra Sin Cuartel que el narcotráfico, primero, no pasa por los puestos de fronteras, y segundo, está íntimamente relacionado con la política — Marcelo Sain muestra que hay un tercer actor: El Leviatán Azul.

Es decir, el narcotráfico es un delito complejo y como tal requiere un tratamiento especial: investigación, prevención y lucha. Lamentablemente ese tridente es solo parte del título de la Ley No. 27.319 de Delitos Complejos que se abocó casi exclusivamente a la investigación en apoyo  a la lucha.

Por eso mismo, la novedad debe ser la incorporación del elemento preventivo a la lucha contras los delitos complejos. Una vía de avance en ese sentido se esboza en otra columna de esta publicación. Allí se propone “el pleno funcionamiento la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, para desatar el potencial de la industria”.