La industria del Cannabis y el Cáñamo necesita reglas claras

De la prohibición a la regulación

Hace ya algunos años, el mundo occidental comenzó a cuestionar el dominante paradigma prohibicionista respecto a la producción, comercialización, tenencia y consumo de estupefacientes en general. Pero con particular énfasis en el cannabis. Como alternativa a la prohibición, comenzaron a ganar relevancia voces inclinadas hacia la regulación y la creación de nuevos marcos de legalidad.

En el plano internacional, pasamos de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y la creación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a la eliminación del cannabis de la famosa “Lista IV” por parte de la ONU en el año 2020. Esa decisión sugiere el reconocimiento del valor terapéutico y medicinal de la planta.

En América Latina, la segunda década del siglo XXI representó un avance regional en materia de regulación sobre los usos medicinales del cannabis. Uruguay fue la punta de lanza mediante la Ley 19.172 del año 2013, seguido por las experiencias de Chile en 2015, Colombia en 2016 o Paraguay, Brasil, Perú y Argentina en 2017.

Por su parte, Uruguay y Colombia están dando sus primeros pasos en la apertura de mercados internacionales. En enero de 2023, la agencia gubernamental ProColombia anunció que las exportaciones colombianas de cannabis se duplicaron en dos años. En febrero de 2023, Uruguay concretó la exportación de flor seca de cannabis más grande del mundo (552 kilogramos) por un valor de 2.5 millones de dólares. Mientras Uruguay legalizó el uso adulto también mediante la Ley 19.172, Colombia registra algunos recientes intentos fallidos en materia legislativa en esa dirección.

En los últimos años, más allá de los usos medicinales, los Estados comienzan a ver en la industria cannábica, del cáñamo y sus múltiples usos una oportunidad de desarrollo productivo, producción de conocimiento, generación de empleo, recaudación fiscal y, en el más optimista de los casos, apertura de nuevos mercados internacionales y atracción de divisas.

Las conquistas de la agenda cannábica en Argentina

En los últimos años, la agenda cannábica en Argentina logró importantes avances. Entre las décadas del 60 y 80, el enfoque que dominaba la agenda era el de seguridad. Desde esa interpretación, el usuario de drogas es identificado como un delincuente o potencial delincuente y el curso de acción recae en la penalización y criminalización de aquellos involucrados en la cadena de producción, suministro y también consumo. La ley de Estupefacientes de 1989 institucionaliza ese paradigma.

Entrados los 90s, éste enfoque comienza a convivir con uno sanitarista. En éste caso, el consumidor es una persona enferma que el Estado debe “curar” y los cursos de acción más idóneos son aquellas políticas públicas que buscan rehabilitar y desintoxicar a la persona. El binomio enfermedad-delito era la cuestión problemática que el Estado debía atender.

Con la sanción del fallo Arriola de 2009 llega la primera gran conquista de la agenda cannábica. Con sustento jurídico en el artículo 19 de la Constitución Nacional, la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal. 

El fallo representa un precedente de jurisprudencia fundamental en la reivindicación de la autonomía del individuo, puntualmente respecto al uso de cannabis. Sin embargo, nunca se avanzó hacia un marco normativo firme en esa dirección. No obstante, entra en escena un nuevo enfoque que pondera la autonomía del individuo y sus derechos, y desafía al dominante enfoque sanitario y de seguridad. De hecho, fue el puntapié de múltiples iniciativas legislativas para avanzar hacia la despenalización del uso adulto. Si bien ninguna llegó a puerto, introdujo un fuerte contenido simbólico en la discusión: el individuo y su autonomía. 

En marzo de 2017 se aprueba por unanimidad en ambas cámaras el uso medicinal del cannabis mediante la Ley 27.350. La consigna original destacaba la lucha por el derecho a una salud con cannabis, con fuerte sustento en el pleno ejercicio de la autonomía. En ese arduo proceso, el rol y protagonismo de Mamá Cultiva fue tan fundamental como imprescindible. 

La visibilización pública de los relatos en primera persona sobre el padecimiento y dolor de las madres, el de sus hijos/as, y las respectivas experiencias personales contribuyeron a una potente resignificación del cannabis que allanó el terreno para la siguiente gran conquista. La legalización del uso medicinal no sólo dinamizó la agenda hacia la regulación de los usos productivos, también generó un cambio cognitivo en la percepción del cannabis.

Con todo, en mayo de 2022 se sancionó la Ley 27.669 que se expide sobre el Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Esta nueva ley fue una importante señal y respuesta a la proliferación de hecho de muchas iniciativas y voluntades emprendedoras que desbordaron la primera ley, y hacían necesario regular la oferta y definir reglas claras para potenciar una incipiente industria que tenía una clara demanda regulatoria.

Algunas deudas y desafíos pendientes

Hoy en día, en Argentina conviven al menos tres leyes relevantes respecto al cannabis: la ley de estupefacientes de 1989, la ley de cannabis medicinal de 2017 y la ley de usos industriales y productivos de 2022. Las dos últimas en las antípodas de la primera e inspiradas por paradigmas bien distintos. En parte, la penalización, criminalización y figura de tenencia simple que implica la Ley del 89, junto a la aún pendiente y titánica tarea de reglamentar exhaustiva y taxativamente toda la cadena productiva del cannabis y el cáñamo introducen un importante componente de inseguridad jurídica y grises legales. 

A pesar de los avances en materia de regulación, siguen vigentes algunos desafíos importantes. 

La paradoja de la prohibición, el desafío de la información

En primer lugar, la prolongada historia de prohibición tiene como paradoja la aún persistente ignorancia respecto al cannabis. En ese sentido, es fundamental la producción y difusión de información sobre la planta y sus usos. Pero sobre todo el diseño y proliferación de instancias de debate e intercambio, y de un esquema de capacitaciones a funcionarios y empleados públicos respecto a los nuevos marcos regulatorios. Y principalmente entre aquellos que deben velar por el cumplimiento del mismo: funcionarios del sistema judicial y los agentes de las fuerzas públicas de seguridad.

El derecho a una salud con cannabis.

En segundo lugar, garantizar el acceso a una salud inclusiva, segura, eficiente y de calidad con cannabis sigue pendiente. Los elevados costos de inversión, los prolongados tiempos de investigación, ensayo y pruebas clínicas, y las diversas necesidades en función de las distintas patologías son, entre otras cosas, algunas de las cuestiones que complejizan y postergan el éxito de ese fin último. 

La democratización de una salud con cannabis es una deuda pendiente que convive con la persistente inseguridad jurídica que conlleva el autocultivo. En ese sentido, la vigencia de la figura de tenencia simple y sus consecuencias penales, pero también la ignorancia y desinformación de los empleados públicos antes mencionada suponen importantes riesgos que desincentivan y alejan a muchos usuarios medicinales del autocultivo y, con ello, del acceso a una salud con cannabis. 

Que la medicina cannábica segura, eficiente y de calidad llegue a las góndolas y hogares es, no solo una deuda pendiente con aquella expresión personificada en Mamá Cultiva, y que dinamizó la agenda cannábica, sino también necesaria para aquellas personas que no cultivan: porque no saben, porque no pueden o simplemente porque temen.

Desarrollar la cadena productiva del cannabis medicinal es demandante en recursos y tiempo, y en un contexto en que el sistema productivo - científico aún está dando sus primeros pasos y madurando, es importante que los responsables de la “letra chica” eviten un andamiaje burocrático excesivo y engorroso que desincentive la inversión; pero que además resulte en el encarecimiento de la cadena productiva y redunde en un mercado económicamente expulsivo para los usuarios de cannabis medicinal. 

Defender y fortalecer lo conquistado

El tercer desafío reside en defender el cambio cognitivo logrado, cuidar y fortalecer las instituciones conquistadas. La cuestión cannábica todavía es una incógnita en el nuevo gobierno. El presidente se reconoce como un defensor de las libertades individuales y del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, pero al mismo tiempo considera que drogarse es suicidarse en cuotas y advierte sobre lo injusto que resulta que un compatriota pague los costos económicos de las decisiones ajenas. 

Por otro lado, la fuerte agenda de ajuste fiscal y desregulación puede resultar una amenaza al entramado institucional relacionado a la regulación del cannabis. Aún más, la elección de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad anticipa una política de drogas alineada al prohibicionismo. En definitiva, el caldo de cultivo reaccionario respecto al cannabis existe y está latente. Aunque está pendiente de manifestación.

Generar reglas claras, taxativas y exhaustivas

Por último, cabe al Estado la enorme responsabilidad y desafío de lograr el pleno funcionamiento la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (recientemente intervenida) avanzar con celeridad en la precisión clara, taxativa y exhaustiva de las reglas de juego a lo largo de toda la cadena productiva del cannabis y el cáñamo que genere la seguridad jurídica y la confianza necesaria para desatar definitivamente el potencial de la industria.