María Mercedes Cabezas: “Detrás de cada política pública que se pierde hay un Estado que se corre de su responsabilidad”

El Gobierno nacional confirmó la disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y pone fin a la autarquía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Ambas medidas fueron oficializadas a través del DNU 462/2025, publicado en el Boletín Oficial, formando parte de la “motosierra” estatal que lleva a cabo el Ministro Federico Sturzenegger.

El INAFCI se encontraba con los fondos congelados, sin capacidad de acción y con un cierre anunciado desde mediados del 2024. Si bien la disolución se hizo efectiva mediante el decreto 462, los trabajadores fueron desafectados paulatinamente durante el último año, llegando a la cifra de 900 empleados despedidos.

La disolución de este organismo representa una pérdida en el sector productivo, ya que su objetivo principal era promover el desarrollo y la formalización de diversas esferas productivas agrícolas. Además,  se dedicaba a diseñar, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas para fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena y la pesca artesanal. 

Por su parte, el fin de la autarquía del INTA centraliza el organismo, que a partir de esta resolución pasará a depender de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. De este modo, pierde su independencia administrativa y financiera.

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria señalan que esta medida busca la reducción del personal y romper el federalismo que aportaba el organismo. Además, advierten que el presidente redesignado, Nicolás Bronzovich, tendrá un poder plenipotenciario, liderando un consejo técnico de diez miembros, de los cuales siete serán designados por él.

Al igual que el INAFCI, el INTA cumple un rol clave en su sector productivo. Se dedica a la investigación y extensión en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. Además, trabaja en diversas áreas, como mejoramiento genético, manejo de cultivos y suelos, sanidad animal y vegetal, y desarrollo de tecnologías para la producción y procesamiento de alimentos.

En POLITICAR dialogamos con María Mercedes Cabezas sobre el impacto del DNU 462/2025:

¿Qué implica la disolución del Instituto Nacional de La Agricultura Familiar, Campesina e Indígena? ¿Cómo afecta a la producción regional de la Argentina?

Bueno, lo que implica es en realidad el intento de destrucción o la destrucción, si lo permitimos, de la posibilidad de que se formen, se capaciten y avancen en la democracia de la producción, las pequeñas pymes de cada una de las regiones. Lo que hace el instituto es acompañar el crecimiento de las pymes en cada una de las regiones y además alentar la comercialización regional.

Porque en realidad estás en presencia de monstruos de conglomerados alimenticios. Y si vos no tenés un estado que nivele un poco las posibilidades de producción, que te facilite la posibilidad de que vos sobrevivas como pequeña pyme dentro del campo.

Esos conglomerados, por decírtelo de alguna manera, te llevan puestos. Son los mismos conglomerados que después forman precios, estamos hablando de mucho poder. Son los que deciden o no liquidarte la el trigo, la soja y que además forman grandes cadenas de valor, entonces después el producto termina en un precio mucho más alto al que el productor te lo puede llevar.

 ¿Creés que el objetivo es que se profundice la brecha con las grandes empresas de alimentos?

Sí. Pero si tendríamos un Gobierno que apueste a la producción regional, a la comercialización regional, lo que podés lograr es pensar en términos de soberanía alimentaria, porque el producto no sale lo mismo. De esta forma la cadena de valor sería mucho menor.

El transporte aporta mucho de la cadena de producción. Argentina es uno de los pocos países que tiene transporte terrestre de alimentos. La gran mayoría de los países tienen transporte vía férrea o tiene vía fluvial, tiene puertos, tiene esto que hablamos de la marina mercante.

En términos generales, los países con economías más estables no tienen transporte estable vía ruta, mucho menos porque probablemente el peso del valor del petróleo es muy complejo de manejar en términos de combustible. Entonces, te encarece el producto. Lo cierto es que alentar la economía regional es la posibilidad de que las regiones se auto sustenten.

Y por supuesto, como el nombre mismo del Instituto lo indica, Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, te permite pensar en el momento de la producción campesina indígena que resuelve el problema de la alimentación cultural que tienen esas comunidades.

Porque nosotros pensamos permanentemente en la asistencia de las comunidades originarias desde la mirada del AMBA y decimos "Sí, mandamos bolsones de alimentos." Sí, está bien, pero no consumen eso las comunidades.

Tiene una cultura propia, consumen los alimentos de la tierra. Son un montón de cuestiones que se pueden respetar si asumís la multiculturalidad desde el estado y ayudas al desarrollo de esas comunidades.

 ¿Cuántos son los trabajadores afectados por este decreto?

Si sumamos los que vienen siendo despedidos desde hace un año, ya son 900 los trabajadores estatales que este Gobierno dejó en las calles con su política de la crueldad.

Porque empezó como una sangría, hubo una cantidad de importantes despidos al principio de la gestión de Milei y ahora sigue siendo como una sangría. Esto fue lo último que rebasó el vaso que es la destrucción del organismo, la desaparición del organismo.

 Esta medida fue llevada a cabo por el decreto 462/2025, el mismo que reforma estructuralmente al INTA ¿Qué lectura hacen de este decreto?

Que lo centraliza, le quita su autonomía, pasa a depender de una secretaría y que puede llevar a una masividad de despidos.  Ya vimos una reducción de personal, que viene de la mano también con una degradación de la importancia de los institutos agrícolas en un país agrícola ganadero.

Pero fundamentalmente lo que nosotros estamos advirtiendo es que esto es como la frutilla del postre del desguace. Ellos te dicen, "Vamos a terminar con la asistencia." Llaman asistencia al programa Prohuerta, que se lo podes dar a una pequeña cooperativa para que crezca y sea un primer espaldarazo para generar producción de huevos, pollitos, etcétera y que después camines sola. Es fomento del empleo también.

Por otro lado, atacan a todos los institutos de capacidad técnica y de formación. Hay que ver si el objetivo final no es que la formación la hagan las mismas empresas privadas.

Hay que empezar a advertir que hay una corrida de responsabilidades. O el Estado se hace responsable del fomento de la producción en Argentina o lo deja en manos del libre mercado y que pase lo que pase. Me parece que detrás de cada política pública que se pierde hay un estado que se corre de la responsabilidad.

Antes mencionaste que casi en ningún país los alimentos se transportan por tierra, estamos ante un Gobierno que disuelve Vialidad Nacional pero también se niega a realizar la Vía Navegable Troncal del Canal de Magdalena para que esos alimentos se transporten maritimamente ¿Cómo beneficiaria en esto tener el Canal de Magdalena?

Nosotros decíamos que la creación del canal de Magdalena con una red en el sur de puertos que además tengan astilleros que permitan la reparación de esos barcos, no la construcción, pero sí la reparación de esos barcos que eso es muy fácil de hacer, permite o permeabiliza la posibilidad de que el costo de los alimentos que llegan al sur. Pongo el ejemplo del sur porque es un lugar donde efectivamente los alimentos son mucho más caros.

Poníamos ese ejemplo porque en términos concretos disminuye mucho el costo de producción o el costo final del alimento. Porque lo que bajas es la cadena de valor. Argentina es uno de los pocos países que maneja todo su transporte de alimentos vía terrestre y eso tiene complejidades. Porque la extensión territorial hace que tu alimento también dependa del precio de la nafta.

 Con todo lo que se viene haciendo hasta ahora, en materia de recorte estatal ¿Hacia dónde va esto? ¿Cómo crees que sigue esta situación?

Te digo rápidamente hacia el barranco. Pero te lo digo por distintas cuestiones, no solamente por la burbuja económica que está generando un sistema que solamente protege al sistema financiero. En términos concretos, se la van a volver a fugar toda y la realidad es que ningún crédito va a poder resolver la situación económica que estamos viviendo. Pensar ya de por sí, que la inflación la podés bajar deteniendo el consumo.

Por un momento va a parecer que baja la inflación, pero la realidad es que después no es que baja la inflación, es que la gente no tiene un centavo para comprar una leche en el supermercado. La especulación de precios que generan las grandes cadenas de supermercado, en realidad presionan para arriba y generan esa burbuja enorme que estamos viviendo y que no termina bien.

Pero además no termina bien la situación social, se vive todo con mucha violencia. Y eso es producto de que tenemos un presidente que no solo asumió con una motosierra en la mano, sino que además todos los días, todos los santos días utiliza las instituciones de gobierno para hacer apología de la violencia.

 ¿Cómo sigue el plan de lucha de estos institutos nacionales, tanto el de agricultura familiar como del INTA?

Por estas semanas vamos a hacer varias jornadas de visibilización. Hoy estuvimos en las puertas del Ministerio de Agricultura. Ayer creamos un documental que seguramente vamos a hacer público para que pueda todo el mundo saber fundamentalmente qué se hace dentro del estado.

Hay mucho desconocimiento respecto de qué se hace dentro del estado, cuál es la función, para qué están determinados espacios, por ejemplo, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar o el INTI o el INTA. La importancia de poner en relieve qué es lo que hace el estado nos parece fundamental, pero además seguramente dentro de los organismos vamos a estar ya llevando a cabo asambleas, reclamos para ver si podemos confluir en agosto en una gran movilización masiva de todo el trabajo estatal.