La pregunta se impone por sí sola: si la inflación está “bajo control”, ¿por qué los argentinos compran cada vez menos productos básicos?
La respuesta está en los números. El ajuste fiscal, el congelamiento de salarios, la licuación de ingresos y el encarecimiento general de la vida están provocando una fuerte retracción del consumo. Durante el mes de mayo, la caída en las ventas osciló entre un 10% y un 12%, afectando incluso a productos de primera necesidad como el pan, la carne, el pollo, el aceite y los productos congelados.
Uno de los datos más reveladores de esta crisis del consumo es el cambio histórico en los hábitos alimentarios: por primera vez, el consumo de carne de pollo —47 kilos por habitante por año— superó al de carne vacuna. Una cifra inédita en la historia argentina. En 2024, el consumo promedio de carne vacuna fue de apenas 48,5 kg por persona, lo que marca un descenso sostenido respecto a años anteriores, cuando la Argentina lideraba el ranking mundial en consumo de carne bovina.
Además, según datos del INDEC, las ventas en supermercados cayeron un 13,2% interanual en abril, mientras que en autoservicios mayoristas el derrumbe fue del 16,1%. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también reportó una baja del 7,3% en las ventas minoristas de mayo, acumulando una caída del 16,2% en lo que va del año. Son cifras que reflejan un retroceso alarmante del consumo masivo, con especial impacto en alimentos, bebidas y productos esenciales.
Es cierto que en la década del '90 el menemismo logró controlar la inflación mediante la convertibilidad, anclando el peso al dólar. Pero ese modelo trajo consecuencias sociales y económicas devastadoras: desindustrialización, desempleo estructural, endeudamiento, pérdida de soberanía económica y una crisis terminal que estalló en 2001. Controlar la inflación a cualquier precio puede tener un alto costo, y la historia argentina lo demuestra con crudeza.
Hoy, los rubros más golpeados son precisamente aquellos que afectan directamente la mesa de los hogares. Las góndolas están llenas, pero los changuitos, vacíos.
Milei sostiene que su plan de estabilización está funcionando y que los precios se están ordenando. Sin embargo, los indicadores sociales muestran otra cara del experimento libertario: más pobreza, más desempleo, menos actividad económica y un mercado interno que se achica mes a mes.
Mientras el Gobierno celebra una desaceleración en la inflación que aún deja índices mensuales por encima del 4%, millones de argentinos viven una paradoja cruel: los precios suben más lento, pero su capacidad de compra se sigue derrumbando.
La estabilidad, si llega, lo hace a costa de una recesión profunda. Y deja abiertos otros interrogantes aún más urgentes:
¿De qué sirve bajar la inflación si los argentinos comen menos carne, menos leche, menos proteínas?
¿Cómo va a repercutir en la salud y la educación pública un ajuste que recorta partidas esenciales?
¿Qué modelo de país se está construyendo si el costo de la estabilización es la caída del bienestar y el empobrecimiento generalizado?
La pregunta ya no es si se controla la inflación, sino quiénes pagan el precio de ese “control”. A esto se agrega un tema más, la diferencia por estrato social. Estos números hablan del total de la sociedad Argentina. Las clases económicas más bajas tienen números aún peores. Cómo educamos a un chico de un barrio humilde que come carne cada dos semanas, sin ningún reemplazo efectivo? Esto va a agrandar la brecha aún más, afectando cosas que ni siquiera se nos ocurren. Vamos camino a ser un país con desigualdades terribles, rompiendo el espíritu que siempre tuvo nuestro país.
