En 2018, Argentina firmó el mayor acuerdo stand-by de la historia del Fondo Monetario Internacional. El monto aprobado fue de 57.000 millones de dólares, un 1.227% de la cuota del país ante el organismo. Para autorizarlo, el FMI activó el mecanismo de “acceso excepcional”, reservado a situaciones de urgencia, que solo puede aplicarse si se cumplen cuatro condiciones:
Ninguno de estos criterios se cumplió de forma adecuada en aquel entonces. Respecto a la necesidad excepcional de financiamiento, es cierto que Argentina había comenzado a tener problemas para refinanciar la deuda que, irresponsablemente, tomó el actual ministro Luis Caputo, pero su primera opción fue ir al fondo. De hecho, el propio Alejandro Werner, ex-director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y figura clave en la negociación del acuerdo stand-by de 2018 con Argentina, manifestó que el gobierno de Macri fue muy prematuramente a buscar un acuerdo.
Sigamos con el resto de criterios, la deuda simplemente NO era sostenible con alta probabilidad y eso estaba explícito en los reportes del FMI en cada una de las evaluaciones que hizo del programa. El acceso al mercado nunca se recuperó y el programa careció de apoyo político y social porque fue aprobado, de forma tan express como irregular, en poco más 1 mes.
A pesar de las irregularidades, el apoyo político de Estados Unidos puso al organismo a funcionar y se aprobó sin inconvenientes el programa que desembolsó unos USD 45.000 millones de dólares. El reconocimiento más crudo vino en 2021 donde la Evaluación Ex Post, publicada por el propio Fondo, del programa admitió que solo se cumplía una de esas condiciones y que fue un fracaso desde lo técnico: un esquema de agregados monetarios inflexible, intervenciones cambiarias mal comunicadas y realizadas y un ajuste fiscal que, aunque cumplió metas, aceleró la recesión y terminó con más inflación de la que tenía al inicio.
Además del fallo técnico, hubo graves deficiencias institucionales. Según el informe de la Auditoría General de la Nación de mayo de 2023, el préstamo fue firmado sin actos administrativos válidos, sin dictámenes jurídicos, sin evaluación de impacto ni intervención del BCRA, y sin debate parlamentario. No se consolidó un expediente formal, no se registraron mecanismos de control ni se publicó la documentación básica. Se trató de un endeudamiento excepcional sin controles republicanos.
¿Qué aprendimos?
Para corregir el vacío que permitió el endeudamiento excepcional y express de 2018, sin algún consenso mínimo, el Congreso sancionó en 2021 la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que exige la aprobación legislativa para futuros acuerdos con el FMI. Esa ley está vigente e implica que cada nuevo acuerdo con el FMI debe ser votado en el congreso. La lógica es que se decida votar un programa que sea “de acuerdo” entre diferentes fuerzas políticas y eso permite cierto blindaje al acuerdo ante cambios en la conducción política y económica del país.
Y sin embargo…
En 2025, el gobierno de Milei, en busca de un financiamiento puente hasta las elecciones de medio término, cerró un nuevo acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones adicionales, de los cuales se desembolsaron de forma inmediata USD 12.000 millones.
“El gobierno de Milei, en busca de un financiamiento puente hasta las elecciones de medio término, cerró un nuevo acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones adicionales, de los cuales se desembolsaron de forma inmediata USD 12.000 millones”
Volvimos a recurrir al mismo financiamiento y, otra vez, el FMI y el gobierno argentino eludieron sus deberes. El gobierno argentino hizo caso omiso a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública porque aprobó el endeudamiento con el FMI vía el DNU 179/25, que fue convalidado por 129 votos afirmativos, 108 negativos y 6 abstenciones.
El organismo presidido por Kristalina Giorgieva no se preocupó en lo más mínimo al respecto. Aprobó el programa y desembolsó de forma extraordinaria el 60% del total.
En enero 2026 vamos a tener la máxima deuda con el FMI, a dólares de hoy, aproximadamente 60.000 millones de dólares.
Entonces… ¿Cómo lidiamos con este acceso extraordinario y políticamente orientado del FMI?
Los créditos extraordinarios del FMI fueron solicitados por gobiernos con planes económicos claramente definidos, pero con escaso consenso político y, de ambos lados del mostrador, eludiendo sus obligaciones. En ambos casos, los fondos fueron usados para financiar déficits externos y calmar el frente cambiario en plena campaña electoral. Es decir, se usaron para financiar campañas electorales.
Una posible respuesta es partir el problema en una cuestión “técnica” y aquello que excede lo técnico se renegocie con otra estructura. La cuota de Argentina en el FMI es de 3187 millones de SDR.
¿Qué estamos diciendo? Haberle prestado USD 30.000 millones hubiera sido más que suficiente para financiar un año con severos problemas de balance de pagos para Argentina.
Ahora bien, todo lo que excede esa cifra —los otros USD 30.000 millones que quedan— es una deuda extraordinaria y que solo respondió, en ambos casos, al apoyo político que Trump decidió darle a Macri y al gobierno de Milei.
Con esta división, la resolución parece un poco más clara. ¿Hay razones para renegociar un esquema de pago por los USD 60.000 millones como si fueran igualmente legítimos? NO.
“¿Hay razones para renegociar un esquema de pago por los USD 60.000 millones como si fueran igualmente legítimos? NO.”
La objeción más común a una propuesta de revisión parcial del acuerdo con el FMI —como la separación entre un tramo “técnico” y uno “excepcional”— es que sería una medida “antieconómica”, que pondría en riesgo al Fondo como institución financiera. Esa crítica parte de un error conceptual de base: el FMI no es un banco.
Por un lado, el FMI no fue creado para tomar depósitos y dar préstamos como un banco. Es un organismo multilateral creado en 1944, en el marco de Bretton Woods, con un objetivo esencialmente político: garantizar la estabilidad financiera global, evitando desequilibrios externos que pudieran derivar en guerras comerciales o crisis cambiarias. Su función es prevenir colapsos, no maximizar la rentabilidad. Entonces, renegociar o quitar capital no es, per se, un problema.
Por otro lado, un banco, por definición, opera con pasivos exigibles: toma depósitos del público o emite deuda para financiarse, y necesita preservar su balance para evitar una corrida o un default. El FMI es LO OPUESTO. Trabaja con aportes de capital de los países miembros (equity) proporcional a su participación.
“Un banco, por definición, opera con pasivos exigibles: toma depósitos del público o emite deuda para financiarse, y necesita preservar su balance para evitar una corrida o un default. El FMI es LO OPUESTO”. Por eso, decir que “una extensión de plazo o quita del tramo excepcional sería ruinoso para el Fondo” es un argumento falaz. El Fondo no quebraría. Lo que sí quedaría expuesto es la responsabilidad política y técnica de quienes diseñaron y firmaron un acuerdo que violaba sus propias reglas de acceso excepcional.
No se trata de desconocer la deuda. Se trata de ordenar el debate. De distinguir entre: lo que fue otorgado dentro del marco técnico, y que puede renegociarse bajo condiciones normales, y aquello que fue habilitado sin cumplir los criterios mínimos (sostenibilidad de la deuda, acceso al mercado, viabilidad del programa), y sin respetar los canales institucionales internos del país: el Congreso, los dictámenes técnicos, la transparencia..
Esa discusión no la pueden dar ni quienes tomaron la deuda en 2018 ni quienes la ampliaron en 2025. Ambos tienen conflictos de interés y, menos delicadamente, las manos manchadas. Pero alguien deberá darla.
Si el FMI quiere ser parte de la solución, tiene que hacerse cargo de que también fue parte del problema. Y si Argentina quiere salir de este ciclo, no puede seguir repitiendo acuerdos sin legitimidad, sin control y sin destino.
