En una decisión que generó controversia y que dista del perfil ideológico que históricamente ha sostenido el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, el municipio aprobó a fines del año pasado una millonaria inversión en seguridad, incluyendo la adquisición de armas Taser para su policía local. La medida fue respaldada por concejales del PRO, La Libertad Avanza y el peronismo local.
POLÍTICA 03 de junio de 2025 Daniel Muñonetto
La compra de estos dispositivos —catalogados como “armas no letales”— se concretó en un contexto económico adverso, donde gran parte de la población enfrenta dificultades para satisfacer necesidades básicas. La asignación de fondos a este tipo de armamento genera interrogantes tanto éticos como prácticos: ¿es este el mejor uso de los recursos públicos en un momento tan delicado?
Desde la Municipalidad difundieron en redes sociales los argumentos para justificar su implementación: “El uso de armas con municiones no letales por parte de la Policía Municipal estará permitido en defensa propia o ante situaciones que representen un riesgo para la vida propia o de terceros; para evitar la comisión de un delito o aprehender a una persona en flagrancia; en el control de disturbios o manifestaciones que pongan en riesgo la seguridad pública, y para disuadir conductas peligrosas sin recurrir a armas letales”.
Sin embargo, esta fundamentación oficial no despeja las dudas ni las preocupaciones. Las armas Taser, que generan una descarga eléctrica para inmovilizar al objetivo, han sido cuestionadas en numerosos países por su uso excesivo, discriminatorio y, en algunos casos, letal. Diversos organismos de derechos humanos advierten que su utilización tiende a facilitar respuestas represivas en contextos donde debería priorizarse la mediación, el diálogo o el uso de protocolos menos invasivos.
Además, la mención explícita a su posible uso en manifestaciones públicas enciende una alarma: se abre la posibilidad de emplearlas como herramienta de disuasión frente a la protesta social, lo que podría vulnerar el derecho a la libre expresión y a la movilización pacífica.
Lejos de resolver los problemas estructurales de inseguridad, la incorporación de Taser puede profundizar prácticas policiales abusivas ya denunciadas, sobre todo hacia sectores vulnerables: jóvenes de barrios populares, personas en situación de calle o con padecimientos de salud mental.
El diputado nacional José Luis Espert celebró públicamente la decisión del intendente escobarense, alineándola con su postura de “mano dura” en materia de seguridad. Pero el respaldo de sectores de derecha no disipa las críticas que crecen entre organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y buena parte de la ciudadanía.
La pregunta de fondo sigue vigente: ¿más armas —aunque se presenten como “no letales”— son la respuesta adecuada para construir seguridad? ¿O estamos ante una decisión que puede profundizar la violencia institucional en lugar de prevenirla?
El Partido Justicialista reunió a más de 300.000 personas frente a la Casa de Gobierno. Todos los espacios que componen al peronismo estuvieron presentes, incluido Axel Kicillof. Desde su departamento, la expresidenta grabó un mensaje y apuntó contra la Corte Suprema, el poder económico y el actual Gobierno nacional.
El mundo atraviesa un momento de enorme tensión. Recrudece Medio Oriente. En Estados Unidos asesinan a una congresista demócrata y a su marido. Apresan por unas horas a un senador demócrata que preguntó por la “caza” que realiza el gobierno de Trump sobre los inmigrantes.
La proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner no sólo marca un punto de inflexión para el kirchnerismo, sino que también reconfigura el mapa interno del peronismo. Una de las preguntas que se impone en este nuevo escenario es: ¿qué pasará con los principales alfiles de La Cámpora, especialmente sus intendentes y aliados en la provincia de Buenos Aires?
El pampeano Sergio Ziliotto fue el portavoz de la reducida comitiva de gobernadores que se reunió con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, para llevar el reclamo y la propuesta de todos sus pares, por la situación fiscal que se agrava mes a mes.
La reciente detención de Cristina Fernández de Kirchner, junto con su consecuente proscripción política, generó un cimbronazo dentro del peronismo. Lejos de producir una reacción unificada, el movimiento vuelve a exhibir una de sus fracturas más profundas: la disputa entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La política argentina vive horas de alta tensión tras la detención de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, dispuesta por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El operativo desató un inmediato repudio en vastos sectores del país y una rápida movilización de militantes políticos y sociales, que se congregaron frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta para expresar su apoyo.