La tragedia del fentanilo y el impacto en el Gobierno de Milei

Por Bárbara Ramos (Analista político)

 Casi cien muertes por fentanilo contaminado con bacterias letales desataron una ofensiva parlamentaria y, de paso, una interna feroz entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular de Salud, Mario Lugones. En el medio, la ANMAT —que debía ser el guardián de la trazabilidad— aparece como blanco de todos los dardos y como escudo para las responsabilidades políticas que nadie quiere cargar.

 El caso explotó en el Congreso con un pedido de informes que unificó a oficialistas y opositores. Veintiséis preguntas puntuales a la ANMAT, firmadas por todos los bloques, buscan desnudar cómo dos laboratorios, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, colocaron en hospitales públicos y privados un lote de fentanilo envenenado con bacterias que destrozan pulmones y órganos. El brote se detectó en febrero, pero la alerta oficial llegó recién en mayo. Tres meses en los que pacientes de terapia intensiva fueron sedados con un cóctel letal. 

Mientras en la Comisión de Salud se buscaban explicaciones técnicas, en la Casa Rosada la rosca era otra. Sturzenegger aprovechó para dinamitar el silencio de Lugones y dejar en claro que no piensa pagar el costo político.  Lo acusó, en público, de proteger a “un amigo del poder” y permitirle operar un laboratorio bajo sospecha con más de cien alertas previas. El ministro de Salud, fiel a su estilo, no respondió. Pero el golpe dejó cicatriz y la grieta interna quedó expuesta.

 Bullrich, la francotiradora

 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vio la oportunidad y no la dejó pasar. Con la soltura de quien comenta un partido ajeno, pero sin olvidar que está en el mismo vestuario, pidió investigar y cortar cabezas si es necesario. Su mensaje fue doble: hacia adentro, marcar que no se piensa quedar pegada; hacia afuera, mostrar autoridad en un tema donde su cartera no tiene responsabilidad directa, pero sí capital político que proteger.

Bullrich sabe que el caso no es solo sanitario. El fentanilo —legal en hospitales, ilegal y adictivo en las calles— conecta con las alarmas del narcotráfico y la cadena de custodia fallida.  Su comparación con la vieja trama de la efedrina no fue casual: apuntó a la sensación de descontrol estatal y a la idea de que la Argentina es un colador para sustancias críticas. Una narrativa que le sirve para mostrarse como guardiana de fronteras, incluso cuando el veneno se produjo adentro.

En paralelo, los familiares de las víctimas no aflojan. Se plantaron en el Congreso con nombres y fotos, exigiendo que la política deje de mirar para otro lado. Entre lágrimas y denuncias de encubrimiento, pusieron rostro a una crisis que amenaza con prolongarse en los tribunales. Y esa presión social —incómoda, real, persistente— es la que erosiona cualquier intento de bajarle el tono al tema.

 El costo de la desregulación y la guerra de egos 

La tragedia llegó en el peor momento para el discurso desregulador de Sturzenegger. Su plan de abrir importaciones sin control de la ANMAT ya estaba bloqueado por Lugones. Ahora, con un caso que expone fallas de control mortales, el relato de “menos Estado, más mercado” queda herido. 

 El libertario lo sabe y por eso insiste en marcar que la culpa es del organismo y no de la política. Pero en la realpolitik, culpar al perro guardián cuando la casa está incendiada no siempre te salva del humo. La oposición, por su parte, encontró en el fentanilo una causa que une votos y permite discutir algo más que macroeconomía. Radicales, peronistas, socialistas y hasta libertarios disidentes firmaron el pedido de informes.

Hay consenso para que baje la cúpula de la ANMAT a dar la cara, y hasta se habla de una comisión investigadora. Que eso avance o no dependerá de cuánta presión pública logren sostener los familiares y de cuánto se animen los propios oficialistas a seguir ventilando la interna.

 En este clima, la política sanitaria quedó de rehén de la política partidaria. La ANMAT, que nació en los ’90 después de otro escándalo por medicamentos contaminados, enfrenta la prueba más dura de su historia. No es solo un asunto de protocolos y bacterias: es la credibilidad de un sistema de control que, si se demuestra que falló por presión o por negligencia, puede arrastrar a medio gabinete.

 En la Argentina, las crisis nunca se desperdician: se administran, se usan, se cambian por poder. El fentanilo contaminado no solo mató pacientes; abrió un expediente que huele a pólvora en la mesa chica del Gobierno. Y si algo nos enseña la rosca es que, cuando la política mete las manos en un caso así, las bacterias no son lo más letal.

 El fentanilo, un riesgo global 

 El fentanilo no es un medicamento más. Es un opioide sintético 50 veces más potente que la morfina, creado para uso hospitalario en contextos críticos: cirugías mayores, intubaciones, terapias intensivas y manejo del dolor severo en pacientes terminales.  Administrado bajo estricta supervisión y en dosis calibradas, salva vidas. Fuera de ese marco, es una ruleta rusa.

 Su potencia lo hace extremadamente adictivo y, en dosis mínimas mal medidas, mortal por depresión respiratoria. En Estados Unidos, su uso ilegal está en el centro de una epidemia que mata a decenas de miles por año. Allí, el fentanilo se fabrica clandestinamente y se mezcla con cocaína, heroína, metanfetaminas o pastillas falsificadas, generando sobredosis instantáneas. Esa mezcla, muchas veces desconocida para el consumidor, multiplica los riesgos y explica escenas de “drogas zombies” que circulan en redes.

 En Argentina, el abuso no proviene de grandes laboratorios clandestinos, sino del desvío de ampollas hospitalarias al mercado negro. Esto implica que las brechas en la cadena de custodia son tan peligrosas como la contaminación de un lote. Porque un fármaco que en quirófano es indispensable, en la calle se convierte en un veneno que mata rápido y barato.  

El desafío es doble: blindar el control en la producción y distribución, y evitar que la droga pase de herramienta médica vital a mercancía letal. La falta de trazabilidad de los medicamentos desde origen hasta el uso médico hospitalario o farmacéutico en caso de otros remedios sigue vigente. La guerra interna entre Sturzenegger y Lugones convirtió una tragedia sanitaria en un campo de batalla político dentro del oficialismo.