Marcando tarjeta por última vez

“No hay mejor política social que el trabajo”, repiten los críticos de los gobiernos que adoptan el asistencialismo como forma de paliar las penurias que aquejan a los sectores desfavorecidos de la sociedad. Específicamente, del peronismo, que ha extendido tanto este sistema que frecuentemente se lo acusa de no generar un solo trabajo genuino, signifique lo que signifique ese término.

¿Qué pensar, entonces, de una política que se opone al asistencialismo y aun así destruye sistemáticamente el empleo? El gobierno de Javier Milei sostiene a rajatabla que su programa no sólo es virtuoso sino, además, exitoso, y que los argentinos pronto disfrutarán de los resultados de haber aplicado la proverbial motosierra. Pero los números oficiales y las noticias del mundo del trabajo cuentan otra historia.

A lo largo del país cierran plantas industriales y comercios, hay suspensión de actividades y despidos masivos. Sólo en los últimos días hubo protestas en Olavarría por el cierre de la fábrica de bolsas FABI, en Avellaneda por despidos en la petrolera Shell y en La Matanza por desvinculaciones y falta de pago de salarios en la Clínica Los Cedros. En el sector público hay temor de recortes de personal en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en Corredores Viales ya echaron a más de un centenar de empleados que habían hecho una protesta. En La Pampa, los frigoríficos están reduciendo su plantilla de personal.

No son anécdotas aisladas. Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) dan cuenta, por ejemplo, de que la muy leve recuperación del empleo que se venía dando desde agosto del año pasado se revirtió en enero de este año, cuando se perdieron más de 8800 puestos de trabajo. La destrucción, desde el día que Milei asumió la presidencia, es brutal: desde entonces hay 173.524 empleados menos, de los cuales 124.010 corresponden al sector privado. Los restantes 49.514 son víctimas directas de la motosierra aplicada al propio Estado.

¿Adónde fueron esos trabajadores que ya no marcarán tarjeta cada día al entrar al trabajo y al volver a sus casas? Dado que en la mayoría de los casos no se trata de potentados que pueden retirarse a sus mansiones para vivir la gran vida, es de suponer que muchos de ellos habrán tenido que conseguir algún trabajo precario.

El término, por cierto, ya viene quedando obsoleto. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó anteayer que nada menos que el 42% de la gente que trabaja en la Argentina lo hace por fuera del circuito formal. Más que precariedad, hay dos universos laborales en competencia, uno en crecimiento y otro en proceso de degradación. Basta ver los límites impuestos por el gobierno “libertario” a las paritarias en el sector privado y los menguados aumentos otorgados a los empleados públicos para advertir que lo formal y lo informal se parecen cada vez más.

Es extraño, quizás, que la política del gobierno libertario respecto del trabajo sea lo menos libertaria posible, en el sentido de que se procura apretar las tuercas sobre las negociaciones paritarias para que el salario (al fin y al cabo un precio de la economía) no supere el nivel conveniente. La administración Milei acaba de liberar, aunque con matices, el cepo sobre el dólar y de relajar el tipo de cambio, pero mantiene bien sujeto el precio del trabajo.

Pero, en otro sentido, no es de extrañar. Dejemos de lado por ahora las lecturas corrientes que atribuyen al gobierno y especialmente a su cabeza visible un placer sádico en la opresión y la contemplación del sufrimiento del otro. Tengan o no mérito esas lecturas, lo cierto es que los salarios “pisados” son una medida de contención de las consecuencias del propio plan, una forma de contener la escalada inflacionaria provocada por la liberalización de la economía. Desde esta óptica, las paritarias con tope del 1% son la derivación natural de una política desreguladora.

(En esa clave también puede entenderse que, ante repetidas órdenes judiciales para repartir alimentos destinados a comedores, el gobierno haya optado por la inédita vía de la apelación, de modo de no tener que repartirlos. El rechazo al asistencialismo es extremo, incluso cuando se trata de asistir a quienes quedan marginados por efecto de las propias políticas aperturistas del mileísmo.)

La política laboral del gobierno de Milei, definida principalmente en el DNU 70/23 y en la “Ley Bases”, es una política que avanza sobre derechos adquiridos de los trabajadores para garantizar el libre movimiento del capital. El modelo de relación de trabajo que mejor representa esta política no es la relación definida en la Ley de Contrato de Trabajo, sino el capitalismo de plataformas, donde es la compañía (no el patrón, no el gerente, ni siquiera el dueño, sino la compañía en abstracto, su versión ubicua y omnisciente) es la que pone las reglas, y que puede cambiarlas a su antojo. El Estado se corre, deja hacer; es más, hace todo lo que puede para seguir dejando hacer en el futuro.