Derechos laborales en la era Milei: resistencia en busca de propuestas

Si de algo no se puede acusar al presidente de la Nación, Javier Milei, es de excesiva lentitud. A los pocos días de asumir en el cargo firmó y presentó en sociedad el ya famoso decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que introducía una amplia serie de modificaciones en distintos ámbitos de la economía, y luego, la primera versión del proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, una ambiciosa iniciativa cuyo nombre remite al prócer liberal Juan Bautista Alberdi, y que fue aprobada tras largos meses de puja legislativa, fuertemente recortada, pero aun así potente en su ataque a una amplísima serie de instituciones, procesos y garantías establecidas por leyes anteriores.

En particular, estas normas fundantes del mileísmo centraron parte de su poder disolvente en el ámbito de los derechos laborales, avanzando en reformas que la clase dominante venía reclamando hacía rato y que reeditan y profundizan las implementadas en décadas anteriores.

Para ahondar en la forma en que los derechos de los trabajadores cambiaron o se vieron amenazados en la era Milei, POLITICAR dialogó con la abogada Natalia Salvo, una figura ya reconocida por sus afiladas intervenciones mediáticas y su trabajo analítico en diversos ciclos televisivos. Salvo es presidenta de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio, un colectivo de profesionales que se ocupan de los derechos sociales.

El DNU 70/23 fue la primera embestida contra los derechos y garantías relativas a lo laboral, ya que “tocaba tanto el derecho individual del trabajo como el derecho colectivo”, explica Salvo, y enumera las modificaciones que introducía el decreto. Se derogaban las multas por tener empleados no registrados, por no pagar indemnizaciones en los casos de despido y por la falta de pago de aportes; se disponía que la Ley de Contrato de Trabajo no se aplicara para los contratos de locación de servicios y para los monotributistas; se eliminaba la presunción de relación laboral en casos de prestación de servicios indirecta; se quitaba la restitución por despido discriminatorio; se eliminaba la ultraactividad de los convenios colectivos.

 Y hasta se consideraba la huelga como un delito, en abierta contradicción con la Constitución Nacional.

Ese decreto, en sus disposiciones laborales, quedó suspendido por un fallo judicial a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), pero luego el gobierno de Milei volvió a la carga con la Ley Bases, cuya versión reducida, que sobrevivió a la contienda en el Congreso, sí está vigente, y que toma muchas de las disposiciones del DNU. Esta ley (la 27.742) rige en la Argentina desde julio del año pasado e incluye estas modificaciones bajo el título de “Modernización laboral” porque, al decir de Salvo, “el horror nunca se presenta como tal, y la pérdida de derechos tampoco”.

El horror nunca se presenta como tal, y la pérdida de derechos tampoco.

La Ley Bases no modifica nada respecto del derecho colectivo, pero sí sanciona varios retrocesos en los derechos individuales. Por ejemplo, “dice que al trabajador se lo puede despedir en caso de que se realicen asambleas que perjudiquen a la empresa”, entre otras cosas que contradicen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional además de otras normas nacionales e internacionales, indica la titular de la Corriente 7 de Julio. Además, retoma la eliminación o disminución de multas en casos de irregularidades e incumplimientos por parte del empleador. También amplía el período de prueba hasta un año, extendiendo en el tiempo la precariedad del trabajador. Y crea la figura del “trabajador independiente con colaboradores”, que legaliza, sin más, el fraude laboral, según su análisis.

Otra disposición de la Ley Bases es el establecimiento del “fondo de cese laboral”, que consiste en que el propio trabajador va pagando mensualmente el monto de la indemnización por su propio despido. Esto funciona sólo en el marco de un acuerdo colectivo, aclara la letrada, pero esta medida “sanciona, de alguna manera, al empleador que cumple” y además, nuevamente, viola la protección constitucional contra el despido arbitrario, porque este fondo se aplicaría a los despidos sin causa, que son los que se indemnizan.

Es mucho, pero no todo es nuevo. La abogada recuerda que “muchas de estas reformas ya tuvieron lugar en la década de los ’90, con la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, con la introducción de la Ley de Pymes y con decretos. Y también con la Ley Banelco”, tristemente famosa, durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

Además del decreto 70, la Ley Bases y los diversos decretos y resoluciones que reglamentan algunos de sus aspectos, existen otros proyectos en el Congreso para avanzar en reformas que no se pudieron implementar aún, en muchos casos recuperando ítems de la Ley Bases original que fueron recortados. Hay una veintena de iniciativas para abolir o modificar el régimen de asociaciones sindicales, por ejemplo. Esos proyectos aún no reunieron el consenso para ser aprobados, pero es probable que las fuerzas políticas y económicas interesadas en ellos sigan insistiendo.

De todas maneras, “lo jurídico nunca es sólo jurídico”, señala Salvo: “hay un proceso de estigmatización sobre todo lo que tiene que ver con las organizaciones gremiales, con los derechos laborales (llamados, hoy en día, ‘privilegios’), que es lo que pavimenta el camino para que estas reformas no caigan tan mal”.

“Lo que hacen el DNU 70/23 y la Ley Bases es consolidar una precarización laboral de hecho, porque es muy difícil que los derechos laborales tengan vigencia real en este contexto, y eso tiene que ver con la política económica”, afirma la abogada laboralista. “El salario perdió casi un 50% de poder adquisitivo con la devaluación y con la inflación. Ahí ya tenés un disciplinamiento tremendo. En los primeros cinco meses de Milei se cerraron unas 18.000 pymes. Se perdieron hasta la fecha 262.000 puestos de trabajo, afectándose la industria y el comercio, que son los grandes castigados por esta política económica. Entonces tenés una precarización jurídica, pero también hay una precarización de hecho a partir de la política económica.

Lo que hacen el DNU 70/23 y la Ley Bases es consolidar una precarización laboral de hecho, es muy difícil que los derechos laborales tengan vigencia real en este contexto

Esta política económica es la causa de la profundización de un proceso de precarización que, si bien viene de hace muchos años, se acentúa con el giro neoliberal emprendido por este gobierno. Es un cambio de rumbo hacia un esquema que no necesita tantos trabajadores y que genera puestos de trabajo con menor (o ninguna) estabilidad.

“Hay un cambio, una modificación del paradigma productivo. Es una vuelta a la primarización de la economía, aquel modelo de Argentina agroexportadora que tuvo lugar hacia 1880. Hoy las materias primas son distintas, pero el modelo es el mismo. Y eso conlleva una destrucción de la matriz productiva. Los beneficiarios son el sector bancario, las energéticas y el agro. Son sectores que no generan muchos puestos de trabajo”, apunta Salvo.

La contracara es la crisis de las pymes y del sector industrial, con quiebras, cierres de plantas y despidos. “Las empresas no están cerrando por la existencia de derechos laborales, sino por una política económica que retrae el consumo”, afirma la especialista.

 Las empresas no están cerrando por la existencia de derechos laborales, sino por una política económica que retrae el consumo

Hay un actor social que tiene, o debería tener, algo que decir al respecto. Se trata, por supuesto, del sector sindical, cuya misión es defender a los trabajadores y sostener sus derechos. Sin embargo, hoy por hoy hay una crisis de representación, particularmente de la CGT, señala Salvo. Entre las varias causas de esa crisis menciona la fragmentación del campo del trabajo, con la aparición de trabajadores independientes o incluso surgidos no en calidad de trabajadores como tales sino de otra cosa (los trabajadores de plataformas), con la proliferación de cooperativas y con la generalización de los emprendimientos individuales y la informalidad. Ante eso se requiere una inventiva que, hoy por hoy, no se ve, y también “cierta tibieza” a la hora de defender a los trabajadores, afirma la abogada.

Mientras tanto, la motosierra, la licuadora y la aplanadora (si no la libertad) avanzan, causando heridas que llevará mucho tiempo subsanar. La experiencia de los ’90 suele señalarse como antecedente y ejemplo. Pero para Salvo el origen de la debacle está más atrás, en la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.

“La última dictadura que tuvo un modelo industrialista fue la dictadura de Onganía. En 1974 no había ni 5% de pobreza. Subió a dos dígitos después de la última dictadura, y ni hablar de los ’90. Incluso con los guarismos venturosos del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la pobreza estaba en el 29%; nunca bajó a sus niveles previos. Cuesta mucho, lleva muchísimos años, revertir las consecuencias de estas políticas”, enfatiza.

Ante este panorama ¿qué hacer, cómo resistir el embate?

Lo primero que destaca Salvo es que, aunque no lo parezca, algunas cosas ya se han logrado: particularmente, a nivel legislativo, “se han frenado algunas propuestas que eran más regresivas que la Ley Bases” y que, como dijimos antes, no lograron consenso.

Pero es obvio que se necesita algo más. Y ni siquiera alcanza con la masiva resistencia popular que se viene expresando periódicamente en las calles, con eventos como la Marcha Federal Universitaria, la manifestación por el 24 de marzo o, más recientemente, la Marcha Antifascista LGBT+.

El gran punto es la organización de todos los sectores, incluidos los gremios y las organizaciones intermedias. Suena a poco, porque parecería que estamos hablando de pura resistencia. Pero esa resistencia tiene que articularse con nuevas propuestas.

“A mí me parece que la salida siempre es a través de la movilización popular, pero eso se tiene que articular políticamente. Hubo una marcha enorme el sábado 1. Si eso no tiene un anclaje y una capitalización política, cuesta más ponerle un freno a la destrucción”, analiza Salvo. “El gran punto es la organización de todos los sectores, incluidos los gremios y las organizaciones intermedias. Suena a poco, porque parecería que estamos hablando de pura resistencia. Pero esa resistencia tiene que articularse con nuevas propuestas.”