La política argentina vive horas de alta tensión tras la detención de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, dispuesta por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El operativo desató un inmediato repudio en vastos sectores del país y una rápida movilización de militantes políticos y sociales, que se congregaron frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta para expresar su apoyo.
POLÍTICA 12 de junio de 2025 Daniel Muñonetto
La decisión del máximo tribunal no solo sacudió el escenario interno —con reacciones de todo el arco político, incluso de sectores opositores que alertaron sobre las implicancias institucionales del fallo—, sino que también provocó un fuerte eco a nivel internacional. Gobiernos, organismos multilaterales y figuras políticas de relevancia global manifestaron su preocupación ante lo que consideran una señal alarmante para la democracia regional.
Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la detención como “una grave amenaza al Estado de derecho en la región”. En la misma línea, el gobierno de México, a través de su cancillería, expresó su “profunda preocupación por la judicialización de la política en América Latina”.
El Grupo de Puebla, que reúne a líderes progresistas de Iberoamérica, denunció mediante un comunicado una “persecución judicial con fines políticos” y advirtió sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas en la región. Incluso algunas bancadas del Parlamento Europeo mencionaron el caso, instando a una observación atenta de la situación argentina.
El arresto de Cristina Fernández de Kirchner reabre el debate sobre los límites entre justicia y política, y pone bajo la lupa el rol del Poder Judicial y la independencia de los poderes del Estado. En paralelo, la tensión social escala y el panorama político del país se torna cada vez más incierto.
En este contexto, crece también una preocupación de escala global: el avance del poder corporativo sobre los Estados. En distintos rincones del mundo, se observa cómo grandes multinacionales y empresarios influyentes logran incidir de manera directa en decisiones institucionales, aprovechando la velocidad e impacto de la comunicación digital. La globalización y la instantaneidad de las redes sociales les otorgan una capacidad de presión sin precedentes.
El caso de Estados Unidos, con las tensiones entre Donald Trump y Elon Musk, es quizás el ejemplo más resonante, pero no el único. En múltiples países, empresas que obtienen ganancias récord presionan a los gobiernos para reducir salarios, bajar impuestos o flexibilizar normativas, amenazando con retirarse o dejar de invertir.
Este fenómeno plantea un dilema complejo: los Estados deben optar entre defender su soberanía —con el riesgo de sufrir represalias mediáticas y presiones internacionales— o ceder a las demandas del capital concentrado, lo que impacta directamente en el bienestar social y en la calidad democrática.
Cuando las ganancias son demasiado tentadoras, las corporaciones no dudan en avanzar. Ya no solo influyen: desplazan a dirigentes que consideran incómodos y promueven figuras más afines a sus intereses, profundizando la crisis de representación política a escala global.
Florencio Randazzo volvió a quedar del lado de los perdedores. Fiel a un patrón que se repite desde hace años, el exministro de Interior y Transporte no logra capitalizar políticamente su insistencia en marcar distancia del peronismo tradicional, al que una y otra vez intenta desafiar sin éxito.
Con todo lo que tuvo de sorpresivo, el triunfo de La Libertad Avanza en prácticamente todo el país puede entenderse a la luz de una serie de fenómenos que ya eran visibles y formaban parte de la agenda de la disusión pública. Sobresale, en particular, la dificultad del peronismo para ofrecer una salida que no descanse en la nostalgia por un pasado que, para muchos votantes, ya es remoto.
La interpretación de un resultado electoral lleva en su naturaleza un posicionamiento desde el cuál se observan los números. Si bien el análisis se sustenta en datos concretos, el prisma que atraviesa la lectura puede arrojar una conclusión festiva o depresiva, según el caso. Para el peronismo bonaerense, la ecuación tiene un impacto inicial y es que Javier Milei remontó un millón de votos respecto al 7 de septiembre. ¿Pero sorprende?
Los espacios dialoguistas de la Cámara de Diputados tienen listo un despacho para pasar a la firma el próximo 4 de noviembre. La postura del Gobierno nacional y las diferencias que la oposición buscará imponer en el Congreso de la Nación.
Más allá de las preferencias electorales, estas elecciones exponen la necesidad de un liderazgo capaz de transformar palabras en acuerdos reales, evitando que la polarización y la falta de diálogo profundicen la crisis social y económica.
“Todo se va a charlar después de las elecciones”, dicen en cada banda del tablero peronista. Pasado el 26 de octubre, la discusión sobre la presidencia del Partido Justicialista bonaerense asoma inevitable. ¿Algo más? Si. Resta ver quién se quedará con la presidencia de la Cámara de Diputados.