Como en un baile de carnaval, en el juicio sobre el financiamiento político con planes sociales, en Neuquén nada es lo que parece. Acusados que pasan a ser “arrepentidos”, testigos que pueden pasar a ser acusados, mientras la fiscalía intenta impedir que los exfuncionarios declaren, como testigos, contra sus superiores. Lo que sorprende no es la corrupción sino la desprolijidad, en una provincia que siempre hizo culto de cuidar los negocios.
POLÍTICA 31 de marzo de 2025 Daniel Gray
Un cachetazo para que hablen y diez para que se callen
En Neuquén no existe la figura del “arrepentido” pero así se califica a los testigos Analía Scherer, Paola Ceballos, Lucía Soto y Cristian Vergara. En noviembre de 2022, cuando comenzó la investigación sobre la estafa de los planes sociales, fueron imputados como partícipes del delito. Pero dos meses después del triunfo de Rolando Figueroa en las elecciones para gobernador, estos cuatro “arrepentidos” designaron nueva defensa y decidieron presentarse frente a la fiscalía para revelar detalles de la estafa. Fue por esas declaraciones que los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez pidieron la prisión preventiva de Soiza, Sánz y Osuna y ampliaron la acusación por asociación ilícita a 14 personas más, entre ellas el abogado Cury.
Todo indica que, en los próximos días, la jueza de garantías Carina Álvarez autorizará la incorporación de los cuatro “arrepentidos” (conocidos como los “4A”) como testigos ofrecidos por la defensa y la fiscalía. Los “4A” trabajaban en la Dirección de Planes Sociales de Neuquén, integraban niveles inferiores de la asociación ilícita y en el juicio oral declararán contra sus jefes.
Los “4A” cobraron cheques destinados a personas vulnerables y retiraron dinero de los cajeros automáticos, con tarjetas de débito que no les pertenecían, de cuentas de beneficiarios de planes sociales. Una práctica similar a la de “Chocolate” Rigaud en la legislatura bonaerense. Sólo que uno fue tapa de diario y los otros, curiosamente, nada.
En septiembre del 2024, después que se decidieron a colaborar con la investigación, se retiró la acusación en su contra. Para la estrategia de la fiscalía era conveniente tenerlos como testigos, y para dejar de imputarlos argumentó que eran personas vulnerables que no podían oponerse a las órdenes que recibían y que su rol era irrelevante.
La diferencia entre imputados y testigos es fundamental: el imputado puede negarse a hablar porque es su derecho, pero el testigo declara bajo juramento de decir verdad y no debe «ocultar nada de lo que sepa o le sea preguntado»
Para el fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, los “4A” «van a declarar en qué momento comenzó todo, quiénes impartían las órdenes y van a decir que se sentían amedrentados por Ricardo Soiza, Pablo Sánz y Marcos Osuna», tres de los presuntos cabecillas. «Al trabajar en Rivadavia 44 -la dirección de Planes Sociales- van a contar las personas que visitaban a Soiza, el rol que cumplían dentro de la estructura partidaria y algunos sabían qué cosas se les entregaban».
El fiscal agregó que «es posible que no mencionen al exministro Abel Di Luca ni a Tomás Siegenthaler -los otros dos presuntos cabecillas- pero pueden ser testigos de cargo contra ellos también».
Testigos, imputados y abogados
Las defensas pretenden citar como testigos a otros funcionarios y exfuncionarios, pero la fiscalía presenta objeciones.
El fiscal Narváez anticipó que una testigo declararía que Carlos Bizai le llevaba a Ricardo Soiza cosas para firmar a la clínica en la que estuvo internado. La defensa dice que Soiza no firmó determinados listados porque estaba internado, pero esta testigo demostrará lo contrario».
Pero Esteban Sampayo, uno de los defensores de Soiza, preguntó si Bizai estaba citado a declarar y el fiscal le dijo que no, porque está imputado en la investigación Planes Sociales II, una continuación de este juicio.
Algunos defensores propusieron como testigo a Luciano Palma, actual síndico de CALF y cercano al intendente, y exministro de Desarrollo Social, Mariano Gaido. Pero la fiscalía no lo citó porque también está imputado en Planes Sociales II; por esto puede negarse a declarar. «Si quieren que venga, que lo acompañe su abogado defensor», advirtió Narváez.
Hagamos un acuerdo
Mientras se sigue debatiendo sobre la lista de testigos ya son siete los imputados que alcanzaron acuerdos con la fiscalía de Delitos Económicos. Comparten similares características, ocupaban roles menores en la organización y no obtuvieron beneficio patrimonial por haber participado en la maniobra. Se declararon culpables y fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. A pesar de este acuerdo la fiscalía de Estado inició un juicio procesal administrativo para recuperar el dinero.
Con este acuerdo finalmente quedan quince acusados que irán a juicio oral cuya fecha se conocerá cuando termine la audiencia de control de acusación.
En septiembre del año pasado cinco imputados se declararon culpables y fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y trabajos comunitarios. Se trata de Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea.
A estos cinco hay que sumar a Omar Ulises Rodríguez Quezada y Aaron Escobar. El primero, asistido por la defensora pública Andrea Cornejo, admitió haber cobrado 46 cheques de beneficiarios de planes sociales por 2.163.000 pesos. Retiró el dinero por ventanilla y se lo entregó a los cabecillas de la organización. Escobar, con la defensoría pública de Solange Del Ponte, reconoció haber cobrado 61 cheques por 2.365.600 pesos. Las cifras corresponden a los valores históricos, entre 2020 y 2022.
La jueza de Garantías que intervino, Carina Álvarez, hizo un análisis de la razonabilidad del acuerdo y decidió homologarlo. Le destinó una frase de su fallo al Tribunal de Impugnación: «no somos escribanos. Cuando es clara la irrazonabilidad de un acuerdo no podemos homologarlo».
La misma jueza no homologó el acuerdo de otros dos acusados, Rodolfo López y Adrián Meza Lizama, porque entendió que la pena de tres años de prisión en suspenso era insuficiente, y además no estaba contemplada la devolución del dinero. Otros dos jueces de Garantías fallaron en el mismo sentido. Los abogados defensores Pablo Gutiérrez y Alejandro Marco insistirán con el pedido de acuerdo por cuarta vez.
Otro grupo de imputados fueron sobreseídos porque la fiscalía desistió de acusarlos y fueron propuestos como testigos. Se trata de Lucía Soto, Analía Schrer, Javier Vergara, Paola Zeballos, Marinés Huaiquipán y Marcela Albornoz.
Mientras el juicio avanza, una pregunta recorre Neuquén: cómo se explica que durante tanto tiempo un grupo de empleados menores dirigidos por tres funcionarios políticos de segunda línea llevaron adelante una estafa de tal magnitud sin que las principales jerarquías de la provincia se dieran cuenta.
Y algo más: para quién era esa plata que se recaudaba. La respuesta parece evidente y es tan oscura como el petróleo que se encuentra en los yacimientos de Vaca Muerta.
Los acuerdos que hizo la fiscalía, ¿Son para acusar a Soiza o para proteger a alguien más, que sigue sin figurar en los expedientes?
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