Yamil Santoro
Según la legislación vigente, el domicilio no es solo una cuestión administrativa. El Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994) establece que el domicilio real de una persona es el lugar de su residencia habitual (Art. 73). En el caso de Cristina Fernández, su residencia habitual no estaba en la zona austral ni en la Patagonia, sino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde vivió y trabajó durante su mandato como presidenta y luego como vicepresidenta. Para toda la política y el periodismo argentino es de público conocimiento que CFK vive en Recoleta. Decenas de móviles en vivo, y hasta movilizaciones de militantes dieron clara prueba de que esto es así. Sin embargo, en vez de actualizar su domicilio, se hizo la distraída para continuar con un domicilio legal distinto al real, obteniendo beneficios fiscales que no le corresponden.
Pero sigamos con los detalles de lo que estipula la ley. Porque esto no es “una simple omisión”, sino es algo que va en contra de la misma letra de la norma. Es que el domicilio legal, como lo establece la ley, es aquel en el cual una persona debe ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, y los funcionarios públicos deben tener su domicilio en el lugar en que cumplen sus funciones. Entre 2013 y 2023, el lugar donde Cristina Fernández desempeñó sus funciones como senadora y vicepresidenta fue, sin lugar a dudas, en la CABA. Su domicilio legal debía estar allí, sin excusas. El hecho de que no haya actualizado su residencia habitual a CABA durante su mandato implica una omisión deliberada de la ley.
Para entender la gravedad de esta omisión, debemos examinar otra pieza clave en este rompecabezas: la Ley N° 17.671, que regula la identificación y el registro de las personas. Esta norma establece que todo ciudadano debe actualizar su domicilio real en el documento nacional de identidad en caso de un cambio de residencia habitual (Art. 47). El hecho de que Cristina no haya cumplido con esta obligación resulta ser una contravención, ya que, según la ley, toda persona tiene el deber de notificar su cambio de domicilio dentro de los 30 días de haberlo producido. Ignorar esta obligación, especialmente en un caso de tal relevancia, no es solo negligencia; es un acto que, al ser utilizado para obtener beneficios ilícitos, se convierte en un delito de defraudación al Estado.
Si el Estado no actúa contra estos abusos, el mensaje que se envía es claro: la impunidad y la corrupción siguen siendo la norma para algunos.
Otro aspecto clave de este fraude tiene que ver con las pensiones y el coeficiente de bonificación por zona austral. La Ley N° 19.485 establece que los residentes en las provincias de la Patagonia, como Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, entre otras, tienen derecho a un plus por zona austral en sus jubilaciones y pensiones. Este beneficio está destinado a aquellos que eligieron vivir parte de su vida en esa zona, donde Argentina necesitaba más población. Busca compensar el mayor costo de vida de la región, otorgando mejores condiciones. Por si no queda claro: es para jubilados que realmente residen en esas provincias. Sin embargo, el hecho de que Cristina Fernández haya cobrado este beneficio sin residir realmente en la zona austral es un claro abuso. La ley no hace referencia al domicilio legal, sino a la residencia habitual. Al no haber actualizado su domicilio real en CABA, CFK continuó cobrando un beneficio, muy oneroso por cierto, que no le correspondía.
Al no haber actualizado su domicilio real en CABA, CFK continuó cobrando un beneficio, muy oneroso por cierto, que no le correspondía.
Este acto de omisión y aprovechamiento demuestra, una vez más, la voluntad de CFK de manipular el sistema a su favor. El fraude no está solo en la falta de actualización del domicilio, sino en la utilización de esa omisión para lucrar con un beneficio público. No se puede considerar un error menor cuando se involucra un ilícito que afecta las arcas del Estado, perjudicando a todos los ciudadanos.
En resumen, Cristina Fernández de Kirchner no sólo ignoró la obligación legal de actualizar su domicilio en su DNI, sino que, además, utilizó esta omisión para cometer un fraude contra el Estado. Su domicilio real siempre fue en CABA, donde vivió y desempeñó sus funciones como funcionaria pública. Este domicilio legalmente no podía estar en otro lado que no sea la Ciudad de Buenos Aires. Al no actualizar su residencia habitual y aprovechar la ley del coeficiente por zona austral, se benefició indebidamente. Este caso es un claro ejemplo de cómo la manipulación de las leyes, el desdén por las normativas y la falta de control estatal pueden ser utilizados por algunos políticos para engañar al fisco y beneficiarse de manera ilícita a costa del erario público.
El fraude está claro, y es hora de que la justicia actúe en consecuencia. La ley debe ser aplicada de manera rigurosa y sin excepciones, sin importar quién sea el infractor. Porque si el Estado no actúa contra estos abusos, el mensaje que se envía es claro: la impunidad y la corrupción siguen siendo la norma para algunos. Es tiempo de que se haga justicia y se sancione a quienes hacen un uso indebido de los recursos públicos.
