En la provincia de Formosa, se ha desatado un escándalo en torno a la gestión de las pensiones por invalidez. Gerardo Piñeiro, exconcejal y referente político de la oposición provincial, denunció que funcionarios públicos habrían aprovechado la necesidad de sectores vulnerables.
POLÍTICA 18 de marzo de 2025
Según Piñeiro, el mecanismo involucraría la asignación de pensiones a personas que no cumplen con los requisitos para acceder a ellas, en muchos casos por declaraciones de los propios médicos intervinientes se habrían falsificado historias clínicas. Además, habría indicios de que los beneficiarios eran presionados para manifestar apoyo a ciertos sectores políticos a cambio de mantener los beneficios sociales.
"Se aprovecharon de la necesidad de la gente para armar una red de clientelismo político", declaró Piñeiro. "Manejaban las pensiones como si fueran favores personales, cuando en realidad son derechos. A muchas personas les decían que, si no se alineaban políticamente, podían perder el beneficio".
El exconcejal también indicó que existen resistencias dentro del sistema de salud a realizar auditorías que permitan detectar estas irregularidades. "Es un fraude que perjudica a quienes realmente necesitan el beneficio y profundiza la dependencia de la gente hacia el aparato político", agregó.
Las denuncias han generado un fuerte impacto en la opinión pública lo que debería despertar una intervención de oficio por parte del poder judicial.
Este caso pone en el centro del debate la administración de los programas sociales y la transparencia en su otorgamiento, cuestiones que cobran especial relevancia en un contexto de creciente demanda de asistencia estatal.
Como en un baile de carnaval, en el juicio sobre el financiamiento político con planes sociales, en Neuquén nada es lo que parece. Acusados que pasan a ser “arrepentidos”, testigos que pueden pasar a ser acusados, mientras la fiscalía intenta impedir que los exfuncionarios declaren, como testigos, contra sus superiores. Lo que sorprende no es la corrupción sino la desprolijidad, en una provincia que siempre hizo culto de cuidar los negocios.
Mucho se ha teorizado en las últimas décadas acerca de la crisis de representación y de representatividad de los partidos políticos y de la gestión pública en general. Lo cierto es que en el caso argentino vimos decaer y renacer con una nueva configuración a los partidos políticos. Pasamos del clásico sistema bi partidista que caracterizó a la recuperación de la democracia allá por 1983, a un sistema de coaliciones que tuvo su antecedente en la conformación de la Alianza en 1997 y que luego se plasmó en diferentes experiencias y aglutinamientos donde primó la articulación de ofertas electorales por encima de la institucionalización de acuerdos programáticos. Una breve descripción de lo que sucedió con la competencia electoral en los últimos años, nos ayuda a comprender una parte de las circunstancias actuales. Por eso, el histórico “¿qué hacer?” que sobrevoló a todas las organizaciones políticas durante el siglo XX, hoy mantiene una candente actualidad.
“Como a nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea”, decía un ya maduro Sigmund Freud en “El porvenir de una ilusión” (Die Zukunft einer Illusion), de 1927. Magistralmente, nos explicaba, sin caer en el voluntarismo psíquico, que la fe no se puede erradicar por un decreto impuesto, por el mandato de nadie y que es una creencia arraigada que simplemente está allí y que tiene toda lógica. Y eso ya le confiere una racionalidad, arreglada a fines y valores. Una entidad mentada y subjetiva. Una voluntad en acción.
Una medida del SENASA generó enojo en los gobiernos de Neuquén y Río Negro. Quedó en suspenso y sus diputados votaron con el oficialismo, en perjuicio de La Pampa y sus consumidores.
Si a este gobierno le importa el control, ¿por qué demora tanto en designar a los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano que asiste al Congreso en el control externo de la administración pública nacional.
En la provincia de Vaca Muerta, el mayor enclave de extracción de petróleo y gas del país, la del MPN que con sus distintas variantes es una suerte de PRI patagónico, desde hace dos años se encadenan y crecen casos de corrupción para financiamiento de la política.