YPF: la puja en la superficie y la voracidad en el fondo

El fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska contra la Argentina en el caso de la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) provocó una conmoción comprensible, exacerbada por la ya conocida beligerancia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien no se privó de atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, culpándolo de lo ocurrido.

No es la primera vez que Kicillof, que era ministro de Economía nacional en 2012, cuando se procedió a la expropiación del 51% de la compañía (antes estatal, luego privatizada durante el menemismo), es blanco de las críticas por este tema. Cada vez que afloró alguna novedad sobre el juicio en curso, las espadas de la oposición al peronismo (Juntos por el Cambio en su momento, ahora La Libertad Avanza, LLA, y el PRO) aprovecharon la ocasión para remarcar que el gobernador nos costaría muy caro a los argentinos por aquella acción.

El tema es complejo porque el primer pecado fue habilitar la mera posibilidad del fallo de Preska, lo que ocurrió durante el menemismo, cuando la Argentina acordó que los diferendos con los accionistas de la empresa privatizada se tramitarían en tribunales estadounidenses y no nacionales. A partir de entonces, todas las acciones del Estado argentino se dieron en condiciones adversas, como quien camina sobre hielo delgado. Ahora el hielo se rompió.

Pero las explicaciones sobre los vericuetos legales de los acuerdos de hace tres décadas y de la expropiación ocurrida hace trece años son abstrusas y de poco impacto en un debate. Por eso, Kicillof recurrió a una respuesta más inmediata: dijo que la actitud de Milei puede afectar la posición argentina puede ser más eficaz. El Presidente está en lo correcto al anunciar que apelará la decisión de la jueza, argumentó, pero al mismo tiempo debilita el caso argentino cuando le atribuye a un ex funcionario argentino (el propio Kicillof) la responsabilidad por la resolución negativa. Esta afirmación, que contradice el principio de continuidad del Estado argentino, sin duda será utilizada en contra de nuestro país en el juicio, afirmó.

Es posible que el gobernador tenga razón, pero el fallo tiene raíces e implicancias más hondas que este juego de quién tiene la culpa. Más que con la coyuntura política, el caso YPF abreva en cuestiones propias del funcionamiento del capitalismo global.

En primer lugar, el hecho de que una jueza de New York deba decidir sobre un diferendo entre el Estado argentino y una empresa radicada en los Estados Unidos pone sobre el tapete la correlación de fuerzas entre las leyes soberanas y los atributos del capital. El poder económico, que no tiene nacionalidad pero debe atender a los marcos legales vigentes en cada territorio en que opera, es capaz, como en este caso, de elegir la jurisdicción más favorable para garantizar su seguridad; en este caso la decisión de una magistrada extranjera puede terminar prevaleciendo sobre la ley argentina. De alguna manera los estatutos y reglas internas de las multinacionales tienen más peso que las normas de los países (excepto, por supuesto, las de los Estados Unidos).

En segundo lugar, el capitalismo posibilita que las propias demandas económicas pasen de manos como cualquier artículo de consumo. El fondo buitre que acorraló a la Argentina en el tribunal yanqui no es el demandante original, sino una entidad financiera que le “compró el juicio” a la empresa litigante, como ya lo había hecho otras veces, incluso contra la Argentina por la causa de Aerolíneas. En este sistema transnacional, en el que todo o casi todo puede ser una mercancía, los reclamos pueden venderse a entidades que nada tienen que ver con ellos, y que buscan poner el dinero en esos litigios como harían una inversión en la bolsa o en el mercado inmobiliario. Lo que empezó como una disputa por un contrato firmado con una parte conocida, con la que se ha mantenido diálogo, puede convertirse en una puja con un actor desconocido, ajeno a toda la negociación, sin interés alguno en ella salvo por lo que pueda beneficiarlo en el objetivo único de multiplicar su dinero.

El otro punto en que el fallo por YPF hunde sus raíces en la estructura del mundo capitalista es el interés por la explotación de los recursos naturales de los países periféricos. Entre las grandes bendiciones que recibió Milei al asumir la presidencia está el sistema de Vaca Muerta casi concluido, que a Alberto Fernández le habría gustado inaugurar si no fuera porque la pandemia, la sequía y la guerra en Europa retrasaron la concreción de las inversiones necesarias. Este gobierno estaba en la vía rápida para aprovechar los grandes beneficios de ese emprendimiento extractivista, pero ahora es el fondo buitre Burford Capital el que se llevará la mayor parte del lucro por la extracción de petróleo y gas, a menos que la apelación del Estado argentino tenga éxito, cosa que es dudosa.

Sin entrar en la capacidad, intenciones o intereses de los distintos actores involucrados (incluida la jueza Preska), la disputa judicial por YPF escenifica a la perfección el ámbito en que se mueven los países y los grandes actores económicos en la actualidad. Es un mundo en el que el gran capital elige las reglas a su antojo, en busca de maximizar su ganancia, aprovechando las dificultades de los países periféricos para sacar tajada y de paso, ayudar a perpetuar un sistema en el que la naturaleza es vista como una pura fuente de ingreso.

Más allá de lo acertado o desacertado de las decisiones que se fueron tomando por el camino, la Argentina está, desde el principio del asunto, en inferioridad de condiciones frente a las fuerzas que mueven la economía global. El juicio por YPF es un botón de muestra particularmente ilustrativo de este fenómeno, que no hace más que consolidarse a cada momento.