Las muchas batallas de Axel Kicillof

La apertura del año legislativo puso en escena los conflictos que atraviesan hoy por hoy la gestión del gobernador y a la provincia de Buenos Aires en su conjunto. Definiciones pendientes, dardos de ida y de vuelta y una máxima wittgeinsteiniana.

POLÍTICA 06 de marzo de 2025
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió ayer el año legislativo con un discurso frente a los diputados y senadores bonaerenses. En las dos horas y media de su discurso, el gobernador habló (o no habló) de una variedad de temas. Entre esos temas algunos corresponden a su agenda propia y otros vienen impuestos por las pujas que se dan a distintos niveles y que lo involucran en su papel de gobernante o de figura política con aspiraciones presidenciales. Batallas que Kicillof quiere o, en la mayoría de los casos, se ve obligado a dar.

Entre los temas de su agenda propia, los temas en los que el gobierno busca mostrarse activo, con iniciativa, y que no tienen demasiado costo porque no suponen grandes enfrentamientos (al menos en el contexto actual), figuran las propuestas oficiales en torno a la salud mental y el combate contra la ludopatía, especialmente entre los adolescentes: “No queremos que haya un casino en el teléfono de cada pibe”, dijo el gobernador, concitando un aplauso obvio: el tema genera un consenso amplio, nadie le discute que ahí hay algo que hacer. Otra iniciativa anunciada por el gobernador que no parece demasiado polémica (aunque en este caso es más fácil imaginar alguna rispidez) es la creación de un mecanismo de mediación obligatoria para acelerar la resolución de los conflictos laborales.

El resto de las cuestiones que aparecieron en el largo discurso de Kicillof son más controvertidas. A la de la seguridad no le esquivó el bulto; obviamente, no podía, considerando que el tema aparece todo el tiempo en el debate público y que esta vez lo tomó el propio presidente de la Nación, Javier Milei, el enemigo número uno del gobernador a quien toma, a su vez, como principal enemigo. Milei aprovechó el caso de Kim Gómez, la nena de siete años que murió de una forma atroz a fines de febrero (arrastrada varias cuadras por la rueda del auto de su familia, que fue robado por dos adolescentes con ella dentro), para descargar munición gruesa contra Kicillof: dijo que el gobernador debería renunciar para que la Nación intervenga la provincia de Buenos Aires y se haga cargo de resolver el problema de la inseguridad. Hubo idas y vueltas entre ambos mandatarios. Kicillof recibió un amplio apoyo frente a la amenaza presidencial; Milei dijo que no había dicho lo que dijo, pero después lo repitió en los mismos términos. El tema siguió y sigue en el tapete; ayer el fantasma de la pequeña Kim sobrevolaba, por así decirlo, el recinto de la Legislatura.

A los ataques de Milei y de muchos otros referentes del espectro más derechoso de la política nacional y provincial, que le achacan su adscripción a ideas “antipunitivistas” y “progresistas”, Kicillof retrucó con dos argumentos que ya había ensayado en los días previos (uno: que es Milei el principal responsable del narcotráfico, gran causante, en su análisis, de la inseguridad en la provincia; dos, que, lejos de ser “un baño de sangre” como afirma Milei, la provincia tiene menos delitos cada año) y con dos propuestas concretas, una que confirma el sesgo “progresista” y otra que lo inclina hacia el “punitivismo”.

La primera es la de instaurar un sistema de seguimiento de los adolescentes que, habiendo cometido delitos, fueron enviados por la Justicia nuevamente con sus familias. Esta propuesta podrá causar las iras de halcones varios o ser criticada como inefectiva pero va dirigida específicamente a un elemento que obró en la tragedia de la pequeña Kim: uno de los chicos que robó el auto había sido liberado por una fiscal pocos días antes, luego de participar en un robo similar. Fue liberado, y nadie observó qué sucedía con él.

La segunda propuesta que Kicillof anunció ayer en el área de seguridad es doble: se trata de un plan de desarme civil, acompañado por una reforma para aumentar las penas por la portación ilegal de armas de fuego. “Sí, aumentar las penas”, remarcó el gobernador.

El tema de la seguridad se cruza con otro conflicto que atañe a la Provincia y que no enfrenta a Kicillof solamente con la oposición sino también con intendentes del propio palo. Y es que la no aprobación, a fines del año pasado, del presupuesto provincial y de la ley impositiva para este año significó que no se dispusiera de ningún fondo específico para los municipios, ni para obras, ni para reforzar la seguridad, ni para nada. Anoche el gobernador anunció que este año sí habrá un Fondo de Seguridad, algo que reclamaban alcaldes propios y ajenos y que caldeó la rosca por el presupuesto, finalmente frustrado.

El presupuesto y la ley impositiva son el centro de una batalla perimida, que caducó con la imposibilidad de cerrar un acuerdo durante el verano y la necesidad imperiosa de readecuar las partidas según las necesidades del momento. Pero hay un frente que aún está abierto, y Kicillof le dedicó un tramo de su discurso a implorar una solución. Está en manos de la Legislatura autorizar al Ejecutivo a contraer nueva deuda para poder pagar una deuda tomada hace años por otro gobierno y que compromete las cuentas provinciales, especialmente en momentos en que la relación con el gobierno nacional es tensa y los fondos no fluyen de arriba hacia abajo.

De la interna del peronismo, que enfrenta a Kicillof con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con los varios intendentes, legisladores y hasta ministros de su gabinete que le responden, el gobernador no habló. Era imposible pronunciar una palabra sobre eso y el mandatario bonaerense supo aplicar allí la máxima del filósofo Ludwig Wittgenstein: De lo que no se puede hablar hay que callar.

El mismo precepto aplicó el gobernador respecto de otro tema que irrita mucho a prácticamente toda la oposición, que tiene efectos reales en todo el territorio provincial y que hasta ahora no ha sabido resolver: la crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los estatales bonaerenses. Legisladores opositores venían insistiendo desde hacía varios días en que el gobernador debía tocar el tema, que es grave y por el que vienen reclamando hace más de un año. No hubo, sin embargo, palabras de Kicillof al respecto. Es un tema que seguirá punzando a lo largo de todo este año.

Finalmente, pero sólo en orden cronológico en su discurso porque la cuestión es vital, apareció el tema de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que en la provincia tienen otro nombre (EPAOS) pero son lo mismo. Los tiempos legales corren y se vuelve imperioso definir si las primarias abiertas se harán o no se harán en territorio bonaerense. Buena parte del espectro político cree que deberían ser suspendidas o directamente eliminadas; incluso hay un proyecto del oficialismo al respecto (de suspensión, presentado por el diputado massista Rubén Eslaiman). Pero no está claro que exista el consenso necesario (es una mayoría especial) para aprobarlo. Kicillof instó a los legisladores a resolver el tema con “celeridad”; desde la oposición lo azuzan diciendo que él, que es el gobernador, debería tomar el toro por las astas y enviar un proyecto propio. Anoche Kicillof dijo que, si fuera por él, preferiría que las EPAOS se suspendieran, pero, por equis razones, prefiere no ser el que defina la cuestión, y que la pelota quede en el recinto que ayer visitó.

Entre lo dicho y lo no dicho, el discurso del gobernador bonaerense en la Legislatura fue un mapa de batalla. O de las muchas batallas que hoy lo involucran. A lo largo del año se seguirán moviendo las piezas hasta la contienda decisiva, que no tendrá lugar en ningún recinto legislativo ni palacio gubernamental sino en escuelas, clubes y sociedades de fomento. Es decir, en los lugares donde se instalarán las urnas para que sea el pueblo el que decida.

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