Las bendiciones y maldiciones del BUP

A Facundo Cruz, Magíster en Análisis, Derecho y Gestión Electoral y Doctor en Ciencia Política de la Universidad de San Martín, no le resulta claro que la implementación de la Boleta Única en Papel, o BUP, traiga en su mochila de beneficios la transparencia y la eficiencia económica. O al menos, no a un cien por ciento. Así lo define en su charla con este medio.

“Creo que la incorporación de la BUP como instrumento de votación en el sistema político argentino es revolucionario para los usos y costumbres de cómo se organiza la oferta electoral en el país”, señala Cruz ante la primera consulta. El cambio, asegura, estará. Por ende, sostiene que la capacitación de la sociedad y las autoridades de mesa es fundamental para tener unos comicios que transcurran con fluidez. 

En su análisis, no deja pasar por alto la nueva reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei. No escinde el rol de la BUP del nuevo sistema de financiamiento para los partidos políticos, así como tampoco le escapa a responder al valor actual de las PASO y las elecciones intermedias. 

Pero volviendo a la BUP, ¿es más transparente?

—Es más transparente cuando se discute la falta o no de boletas partidarias en el cuarto oscuro porque la BUP te garantiza la oferta en el mismo pedazo de papel. Entonces, los partidos políticos no tienen que preocuparse por cuidar sus boletas. Esta sería la visión desde la disputa política. Pero desde la obligación partidaria, los partidos políticos son coorganizadores del proceso electoral. Participan, en conjunto con la Dirección Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral, como sujetos que colaboran en la organizan de las elecciones porque integran el comando electoral. Participan del proceso de fiscalización durante la jornada electoral y de la supervisión del escrutinio provisorio. 

—¿A qué apunta con esta diferenciación?

—Por el lado del derecho, la queja viene porque no siempre se pueden cuidar las boletas. Pero desde la obligación, porque todo derecho tiene obligaciones, los partidos están obligados a cuidar sus boletas y tener fiscales en todos los locales de votación. Por la cantidad de afiliados que se le exige hoy en día por legislación electoral a los partidos políticos en los distintos distritos, al menos tienen que tener un fiscal por escuela para cada elección. Si vos no tenés capacidad para tener un fiscal por escuela, la primera pregunta es de dónde salen los afiliados cuando presentas el pedido de reconocimiento partidario. Además, como sujeto que coorganiza elecciones, tenés que cuidarte la boleta. Por un lado, los partidos políticos dicen que les roban la boleta, pero, por otro lado, no tienen la capacidad para cuidarse a sí mismos como partidos políticos. Entonces, ahí cabe la discusión sobre si es más transparente o no. 

—¿La BUP es un sistema más económico?

—Eso no se sabe concretamente. Nunca hubo una elección nacional con BUP para evaluar si es más barata o más cara que la boleta partidaria. Sí hay dos elementos para pensar que no necesariamente, esta implementación es menos costosa. En primer lugar, con la BUP tenés un diseño del instrumento de votación más grande porque tiene que entrar toda la oferta partidaria. Tiene mayor gramaje, está impresa a doble color a ambos lados e incluye mecanismos de seguridad. Eso eleva los costos. Y otro elemento es el que presentó Diana Chiodo, ex directora nacional Electoral, que en el debate al respecto en el Congreso presentó una comparación respecto al costo por elector en la provincia de Santa Fe donde ya existe el uso de boleta partidaria para la elección nacional y BUP para los cargos locales.

El cálculo arrojó que la BUP provincial fue más cara que la partidaria nacional. 

—¿Es positivo que no se le transfiera el dinero para la impresión de las boletas a los partidos políticos?

—Supuestamente, habría un uso más eficiente de los recursos, aunque no necesariamente menos costos. Hay causas judiciales y partidos intimados a presentar sus balances. Efectivamente, hoy tenés un sistema de fiscalización y control judicial donde a varios partidos políticos se les exige que rindan cuentas porque no estaban presentes sus boletas en los cuartos oscuros. Entonces, ¿dónde está la plata que te da el Estado para imprimir las boletas? De todas maneras, no es una práctica no mayoritaria. Y cabe señalar un detalle no menor. En la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional se elimina el capítulo de la legislación de financiamiento en la Ley Electoral. Es el capítulo que rige el financiamiento de los partidos políticos y les exigen la presentación anual de los balances para su control patrimonial. Si se aprueba, los partidos no estarán obligados a presentar sus estados de balance ante la Justicia Electoral. Pero bueno, volviendo al tema de la impresión, habría un uso más eficiente dado que el dinero no se trianguló con los partidos políticos y es el Estado nacional el que imprime la BUP. 

—¿Cuán profundo sería ese cambio en la legislación?

—Cambia todo el esquema de financiamiento. Dejás de tener un modelo mixto público-privado con mucho control sobre el financiamiento privado y pasás a tener un modelo más norteamericano con más énfasis en el financiamiento de origen privado. 

—¿Por qué?

—Porque también se busca subir los topes de los aportes privados de personas físicas y jurídicas del 2 al 35 por ciento. En la Ley Bases era del 2 al 20, pero ahora lo subieron al 35. Es un tope muy alto. Tampoco habrá un tope de gasto total para la campaña. 

—¿Y cuál sería la consecuencia?

—Si vos tenés límites máximos de aportes privados con techos bajos, obligás a tener varios financiadores de, por ejemplo, un 2 por ciento. Esto permite no depender de la voluntad de uno solo. Al subirlo, das margen a pocos actores que limiten tu acción. La discusión conceptual es que con microfinanciamiento privado se da más apoyo de distintos sectores privados, lo que permite estar desatado de los aportantes. Pero si pocas fuentes aportan mucho, tu comportamiento político puede quedar atado a grandes financistas que aportaron. La justificación del gobierno es que, de esta manera, se sincera lo que ocurre en los hechos. Es decir, que hay aportes grandes por fuera de la ley y así se están sincerando los aportes privados. 

—¿Está de acuerdo con la continuidad de las PASO o ya no sirven para dirimir la oferta electoral?

—Yo creo que sirvió y se agotó. Sirvió porque colaboró parcialmente en la renovación dirigencial que era un poco el objetivo primario con la ciudadanía participando en la elección de candidatos. En partidos como la Izquierda pasó, cuando todos los noventa y los años dos mil el candidato era Jorge Altamira. Sucedió en otros espacios políticos a nivel de diputados nacionales con cierta renovación de caras. No así con los liderazgos nacionales. Además, sirvió también, por efecto no buscado, en que terminó comprimiendo más la oferta. En las PASO, hay muchas listas y se establecen pisos para llegar a la elección general. En paralelo, durante los doce años de vigencia de las PASO el promedio es que un tercio de las listas tuvo competencia interna. Finalmente, la mayoría de los que lograron establecer alianzas son los que lograron prevalecer y más del 80 por ciento de los que compiten solos quedaron afuera de las generales. Así, el sistema terminó siendo más ordenador.

—¿Por qué dice que se agotó? 

—Porque después de doce años la ciudadanía tiende a ver que no puede intervenir o definir en las grandes decisiones de los grandes espacios políticos en lo que respecta a las candidaturas ya que los partidos políticos no habilitan las PASO para todos. Eso desgasta el sistema. Aparece como una elección medio innecesaria porque la consecuencia primaria buscada para el sistema no es lo que termina ocurriendo. 

—¿Qué opinión tiene sobre las elecciones legislativas o intermedias?

—Es cierto que generan una sobrecarga sobre la gobernabilidad del sistema. Vivís en campaña constantemente, donde un año gobernás y legislás, y al otro estás en campaña. Así sucesivamente. Es la parte negativa de la renovación parcial, siendo que somos uno de los únicos tres países americanos con renovación parcial junto a Estados Unidos y México. El resto renueva todo con presidencia. 

—¿Tiene su cara positiva?

—El punto de vista positivo se enmarca en la longitud del mandato presidencial. Si el gobierno no tiene apoyo popular para las medidas que implementa, a través de las elecciones legislativas, en teoría, la oposición podría tener la mayoría de bancas en el Congreso para forzar al presidente a ir por una línea distinta a la que lleva. Pero si hay un mandato de 4 o 6 años presidenciales sin renovación parcial con un gobierno en plena caída de aprobación, no habría fusible intermedio para que la ciudadanía se exprese en virtud de si está de acuerdo o no con lo que lleva adelante el gobierno. En Perú pasa esto. Dina Boluarte termina el gobierno de Castillo, destituido en 2022, y es la presidente con aprobación presidencial del 5 por ciento. Es decir, 9,5% de los peruanos no está de acuerdo con su gobierno, pero la ciudadanía no tiene un mecanismo para cambiar. Lo mismo puede pasar en Chile o Brasil. 

—Sin elecciones intermedias, ¿qué alternativa se le puede generar a la sociedad?

—Creo que no se trata tanto de un tema de regla. No hay que sobrecargar sobre la regla que un sistema político no pueda pensar políticas a largo plazo. Habría que ver a los actores que tomen decisiones. Habría que ver a los partidos políticos. Si hay polarización y el sistema está fragmentado, cambiar la herramienta no da más consenso. Miremos a Milei. Si no tuviera elecciones el año que viene, tendrías un presidente gobernado por decreto durante cuatro años. Ahora tiene la oportunidad de construir la mayoría que no tuvo. Por eso no depende de la regla, sino de los actores. 

—¿Cómo cree que será el impacto de la utilización, hasta ahora, de dos tipos de boletas?

—No creo que sea un problema si vos tenés un plan de capacitación y formación ciudadana largo, profundo y claro. Creo que ese plan de capacitación de la ciudadanía tiene que ser en término de autoridades electorales. Tienen que tener en claro que tiene que haber dos urnas para que la ciudadanía se exprese por ambos cargos, por ejemplo. Pero no debería ser engorroso. 

—¿No habría que adecuar los sistemas de votación e igualarlos?

—El año pasado, Capital Federal quiso organizar la elección con dos instrumentos de votación diferentes en dos meses. Eso es poco tiempo. En países como el nuestro hace falta, al menos, un año. Pero se trata de capacitación. Tomemos el caso de la India, que es la democracia más grande del mundo donde votan mil millones de personas con votos electrónicos. Allí la votación tardó 47 días. No tienen la cantidad de máquinas para hacer todo el mismo, ni la cantidad de funcionarios de seguridad y responsables de mesa para hacer todo en la misma jornada. Entonces, van región por región. Así van llegando a todo el país y se cuenta el último día. Tienen ese ejercicio de paciencia por la complejidad del proceso, cuando en la mayoría se hace durante un solo día. En fin, la ventaja que tiene el Gobierno nacional es que tiene todo un año. Si lo hace bien, no debería haber problemas.

—Hay quienes plantean que las elecciones provinciales en Buenos Aires sean como distrito único, ¿está de acuerdo?

—Cuando vos tenés un distrito muy grande, reconocés la diversidad regional hacia el interior organizando los distritos electorales de esa manera. Con un tercio del electorado del país y dado el tamaño de la provincia de Buenos Aires, la lógica de secciones trata de representar esa diversidad. Ir a distrito único podría modificar bastante y alterar en términos representativos esa diversidad. Si es distrito único, la magnitud del distrito sería grande, con 36 diputados y 23 senadores elegidos cada dos años. Los lugares más importantes de las listas seguro sean de los representantes del conurbano. Entonces no habría el mismo equilibrio de ahora y pasaremos a una más metropolitana de lo que tenemos hoy.