Las políticas de infancia han experimentado un cambio de paradigma en las últimas décadas, transitando desde el modelo de patronato hacia un sistema basado en la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este proceso, impulsado por la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas con jerarquía constitucional en Argentina en 1994, ha sido plasmado en una serie de leyes nacionales y provinciales que representan un avance normativo sustancial. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de estas normativas ha demostrado profundas contradicciones y limitaciones, convirtiéndose en muchos casos en un patronato aggiornado con lenguaje de derechos.
POLÍTICA 31 de enero de 2025 Pablo Villegas
De la doctrina de la situación irregular a la protección integral de derechos
Históricamente, el modelo de patronato se basaba en la concepción de la "situación irregular", según la cual los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad eran considerados objetos de intervención estatal, frecuentemente a través de medidas de institucionalización forzosa. Este paradigma fue paulatinamente reemplazado por un enfoque de derechos que reconoce a los niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, con capacidad de participación y autonomía progresiva.
El cambio normativo en Argentina se consolidó con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en 2005, que estableció un marco de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia para garantizar el desarrollo pleno de la infancia. En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 13.298 y su complementaria 13.634 organizaron un sistema de protección que, en teoría, descentralizaba la intervención y promovía estrategias de prevención y promoción de derechos.
El colapso de un sistema: la letra muerta de una legislación de vanguardia
A pesar de los avances normativos, la realidad territorial muestra un panorama desolador. La promoción de derechos ha sido relegada a una posición marginal dentro de las políticas públicas, mientras que las estructuras del viejo patronato continúan intactas. Las mismas estructuras edilicias, los mismos operadores judiciales, con la misma lógica tutelar, siguen dictando fallos que contradicen el espíritu de la legislación vigente. En este contexto, el sistema de protección integral ha devenido en un entramado burocrático ineficaz, incapaz de garantizar los derechos básicos de la infancia.
En lugar de construir un sistema de responsabilidad penal juvenil con medidas socioeducativas efectivas, se ha optado por una política de impunidad disfrazada de protección de derechos. La ausencia de respuestas adecuadas ha generado un vacío institucional que expone a los menores a mayores niveles de vulnerabilidad y violencia.
“El garantismo extremo impulsado por el "zaffaronismo" que llevó adelante el gobierno ha tenido efectos devastadores en el abordaje de los niños y adolescentes en conflicto con la ley”
Precarización, desfinanciamiento y obsolescencia de las políticas públicas
El sistema de promoción de derechos se encuentra colapsado. La falta de inversión en programas preventivos ha llevado a la obsolescencia de muchas iniciativas que deberían garantizar condiciones de vida dignas para la infancia. Los operadores del sistema trabajan en condiciones de precariedad extrema, con bajos salarios, falta de capacitación y una estructura institucional deficiente. La política de contratación ha priorizado la filiación partidaria por sobre la idoneidad técnica, diezmando los cuadros profesionales y debilitando la capacidad de respuesta estatal.
Los programas destinados a la infancia y adolescencia carecen de una estrategia de egreso efectiva, perpetuando la dependencia del Estado sin generar oportunidades reales de inclusión y autonomía. Lejos de formar ciudadanos responsables, el sistema produce sujetos expuestos a la exclusión y la marginalidad, sin herramientas para su desarrollo integral.
Un sistema de protección deslegitimado
Párrafo aparte, merece mención la demora de más de 14 años en constituir y nombrar al Defensor del Niño, en un proceso de selección tendencioso y turbio que terminó entronizando una deslucida defensora con dos adjuntos que brillan por su ausencia en los objetivos de ser garantes de la legislación y señalar las violaciones a los derechos y abusos de poder por parte de los tres poderes del Estado.
Las violaciones del propio sistema se traducen en una violencia ejercida por aquellos que están destinados a defender los derechos y la integridad de los niños.
El caso de Lucio Dupuy es un ejemplo de todo lo expuesto, es una herida abierta en el corazón de nuestra sociedad. Lucio, un niño cuya inocencia fue brutalmente mancillada bajo el amparo de quienes debían cuidarlo, no es solo una historia desgarradora; es un espejo de las fallas sistémicas que nos han envuelto y nos exigen una acción urgente y firme. La escuela, el sistema de salud, los organismos de protección de derechos, e incluso la justicia, pasaron por alto los indicios de violencia, silenciando el clamor de auxilio de un niño indefenso. Esto no puede continuar; tenemos que tomar responsabilidad y evitar que otros niños vivan este calvario.
Las políticas de género implementadas por el gobierno anterior, en lugar de fortalecer la protección de nuestros niños, crearon una distorsión que dejó sin atención a las víctimas más vulnerables. Estas políticas, que en teoría nacieron para erradicar la violencia y garantizar la igualdad, terminaron por crear un sesgo peligroso y nefasto en la manera de evaluar situaciones de riesgo. ¿Cómo es posible que en nombre de la igualdad se permita que, en una disputa familiar o en un contexto de violencia intrafamiliar, la balanza se incline tan profundamente en favor de una ideología, ignorando la integridad de los niños involucrados?
Hoy debemos dar un giro absoluto, reformulando los principios y prácticas de estos sistemas para poner siempre en primer lugar el bienestar de los niños. Los niños no pueden ser rehenes de políticas que priorizan ideologías sobre la protección real de su salud física y mental. Por otro lado, la demorada sanción de un sistema de responsabilidad penal juvenil con la baja de la edad de imputabilidad y un esquema de medidas socioeducativas y alternativas a la privación de la libertad sigue siendo una deuda pendiente.
“Ningún enfoque de género, ninguna narrativa política, ninguna excusa puede ser justificación para mirar hacia otro lado frente a una señal de violencia, negligencia o abandono”.
Conclusión
El balance de las políticas de infancia en Argentina es profundamente preocupante. Aunque la legislación representa un avance cualitativo indiscutible, su aplicación en la realidad ha sido deficitaria, cuando no abiertamente contradictoria. Las mismas estructuras del patronato continúan operando con un ropaje de derechos que enmascara la ineficacia y el abandono estatal. Urge una reformulación integral de las políticas públicas en la materia, con un enfoque que priorice la prevención, fortalezca los dispositivos de protección y establezca un sistema de responsabilidad penal juvenil eficiente y garantista en un sentido racional y no ideológico. Caso contrario, seguiremos asistiendo a la crónica de un fracaso anunciado, con generaciones de niños y adolescentes condenados a la exclusión y la violencia.
José Luis Espert es un economista oriundo de Pergamino, conocido por su ferviente defensa del liberalismo económico. Actualmente se desempeña como diputado nacional por La Libertad Avanza, espacio al que se unió en 2024, tras una trayectoria política marcada por saltos entre distintos partidos y alianzas.
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