Cerrando su primer año en el Sillón de Rivadavia, Javier Milei ha suscitado un intenso debate sobre el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) como herramienta de gobierno. Esta práctica, que permite al Ejecutivo legislar sin la intervención del Congreso, plantea serias preocupaciones sobre la salud democrática del país y la debilidad institucional a la que puede derivar. A medida que el gobierno avanza en su agenda mediante DNUs, se hace evidente que este enfoque no solo erosiona el sistema de contrapesos, sino que también refleja una complicidad revanchista por parte de algunos sectores políticos, especialmente del PRO de Mauricio Macri.
POLÍTICA 09 de enero de 2025 Manuel Nager de la Sota
DNU como la navaja suiza del Gobierno Nacional
Desde la asunción de Javier Milei se han emitido 42 DNUs, algunos de los cuales han modificado leyes fundamentales sin desarrollar justificación clara de "necesidad" o "urgencia". Por ejemplo, el DNU 70/23 introdujo más de 300 artículos, lo que generó alarma entre los opositores y expertos en derecho constitucional (2). Este uso extensivo de DNUs no sólo desafía la división de poderes consagrada en la Constitución, sino que también establece un precedente peligroso para el futuro. “El DNU 70/2023, con más de 300 artículos, es el más extenso en la historia de Argentina, superando al segundo DNU más extenso, que es el DNU 329/2020, que contenía alrededor de 200 artículos y se centró en la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.” Elaboración propia.
Los analistas políticos sostienen que esta metodología desdibuja el rol del Congreso, al eludir su función legislativa y generar un clima propicio para abusos de poder y decisiones arbitrarias. La reciente decisión del PRO de no brindar quórum para discutir modificaciones a la ley que regula los DNUs ilustra esta complicidad: al evitar el debate, el PRO refuerza la capacidad del gobierno para actuar sin restricciones (1, 3).
Debilitamiento institucional
El uso excesivo de DNUs contribuye al debilitamiento institucional en Argentina. La confianza en las instituciones democráticas se erosiona cuando los ciudadanos perciben que sus representantes no tienen voz efectiva en decisiones cruciales. Esto llevaría a una desafección política generalizada y a un aumento en la violencia discursiva. La oposición se encuentra en el intento de limitar el uso de DNUs mediante un dictamen de mayoría para modificar la Ley 26.122, buscando establecer condiciones y plazos definidos para la aprobación de los mismos; sin embargo, estas iniciativas enfrentan una feroz resistencia por parte del oficialismo, que incluso amenazó con capitalizar la función del veto presidencial.
La falta de mecanismos efectivos para controlar los DNUs también plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
La complicidad del PRO
El papel del PRO en este contexto es particularmente llamativo. Aunque históricamente se ha opuesto a prácticas similares durante gobiernos anteriores, hoy en día actúa como un socio estratégico del gobierno de Milei. Su decisión de no dar quórum para debatir sobre los DNUs refleja una estrategia política orientada a mantener una relación cordial con el Ejecutivo, a pesar de las críticas que podría surgir. Esta postura ha llevado a muchos analistas a cuestionar la integridad y coherencia del PRO, dado su historial previo en relación con los DNUs.
Este apoyo incondicional podría interpretarse como una búsqueda por asegurar su relevancia política a largo plazo, incluso si eso significa sacrificar principios republicanos fundamentales, como la independencia de los poderes.
Conclusiones
El uso creciente de Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del Ejecutivo plantea serios riesgos para la democracia y las instituciones del país. La complicidad del PRO en este proceso no solo debilita su propia posición como partido opositor e independiente, sino que también contribuye a una dinámica donde surgen decisiones ejecutivas unilaterales, sin proceso legislativo que las validen.
Es crucial que los ciudadanos y actores políticos tomen conciencia de estos peligros y exijan un retorno a prácticas más democráticas y transparentes. La salud democrática de Argentina depende no solo del comportamiento del gobierno de Milei, sino también del compromiso de todos los proyectos políticos (tanto en el plano legislativo como ejecutivo y judicial) para preservar las instituciones argentinas.
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