Se veía venir y se vino, es decir, no se vino: la provincia de Buenos Aires no tendrá presupuesto para Navidad. Lo que iba a ser una doble sesión de la Legislatura bonaerense, el jueves pasado, finalmente no se dio, porque aunque los diputados se sentaron en sus bancas a debatir proyectos, el Senado no llegó a sesionar ante la falta de acuerdo para aprobar la demorada “ley de leyes” y también la ley fiscal impositiva y la autorización al gobernador Axel Kicillof para tomar más deuda el año que viene.
Fue la vicegobernadora Verónica Magario (por orden de Kicillof) la que bajó el pulgar para que la sesión de la Cámara alta no ocurriera. Y fue en reconocimiento a la imposibilidad de generar el consenso para aprobar los proyectos esenciales para 2025. A la intransigencia de la oposición se sumó el descontento de sectores oficialistas que buscaban meter cambios diversos en la previsión de ingresos y gastos para el año próximo. Y la resultante fue una especie de segundo presupuesto con agregados y supresiones a veinte manos que nunca fue visto por las autoridades provinciales.
Por otra parte, circuló la versión de que el gobierno de Kicillof tenía otra versión de la “ley de leyes” lista para poner a consideración de los legisladores, pero este presupuesto “fantasma” nunca existió, o al menos eso dicen desde la administración provincial.
Imperaba una idea de descontrol, que varios atribuyeron a que el gobernador no había enviado a un interlocutor adecuado para tratar con los legisladores. Habíamos mencionado ya los cuestionamientos al papel de Agustina Vila pero también mencionábamos que no existiría un interlocutor eficaz, tampoco, para dialogar con los propios. “Los propios” son los legisladores peronistas pero, sobre todo, los intendentes peronistas, que llevaron sus reclamos al gobernador buscando influir en la conformación del presupuesto provincial. De todas maneras quizás se carguen demasiado las tintas sobre los intermediarios cuando es el propio gobernador el que ha venido diciendo repetidamente “no” a los reclamos de cambios.
No hay que minimizar el grado de beligerancia con que se dan estas negociaciones, mediadas por la conocida interna entre el ala “camporista” y el ala “kicillofista” del peronismo bonaerense. Al principio, tanto los jefes comunales del PJ como los de la oposición se mostraban inquietos ante la incertidumbre sobre si se incluiría en la “ley de leyes” un fondo específico para los municipios, como existió hasta ahora; pero el jueves varios alcaldes peronistas plantearon que también hacía falta un fondo especial para seguridad, a cuya inclusión supeditaban su apoyo al proyecto oficial.
Y también hubo una avanzada para incorporar un reclamo que es más bien puntual y que enfrenta a tres intendentes, dos camporistas y un kicillofista. Mayra Mendoza, de Quilmes, insistió en que se incluyera una compensación para su distrito y para Lanús, donde gobierna Julián Álvarez, por la operación del puerto de Dock Sud, que comanda el kicillofista Jorge Ferraresi. (En realidad la propuesta alcanzaba formalmente a todos los distritos cercanos a puertos, pero quedaba claro que se trataba de saldar esa agria disputa a su favor.)
Al día siguiente, cuando ya se había caído el tratamiento del presupuesto, Álvarez y Mendoza estuvieron entre los 24 intendentes que asistieron al Salón Dorado de la Gobernación bonaerense para firmar contratos de leasing con el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) para la compra de bienes de capital para sus respectivos municipios. Frente a sus colegas, tanto peronistas como opositores, el lanusense intervino para hacerle saber a Kicillof que se sentía “maltratado” por las demoras en el envío de fondos y el atraso en la concreción de obras en su distrito, cosa que generó un momento de tensión en medio del evento pensado para sacar fotos felices.
Al menos el gobernador se anotó un triunfo el jueves: los diputados convirtieron en ley la reforma del régimen jubilatorio del BAPRO, un tema que Kicillof impulsó a lo largo del año y que era resistido por la oposición y también por sus aliados del Frente Renovador, ya que esa fuerza fue la que pergeñó la ley que ahora se dio de baja, aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
La aprobación de este proyecto, que restituye la movilidad jubilatoria de los empleados del banco oficial fijada en un 82%, fue recibida con júbilo por el diputado nacional Sergio Palazzo, que es, además, titular del gremio La Bancaria, y que celebró el fin de la “Maldita 15.008”. Pero desde la oposición fue muy criticada. La diputada libertaria Florencia Retamoso dijo que la ley jubilatoria “estafa a los trabajadores del BAPRO”, en línea con las objeciones al presupuesto y a otros proyectos de Kicillof que, según señalan desde el arco opositor, sólo sirven para incrementar más y más el déficit.
De todas maneras es un premio menor. Kicillof necesita la tríada presupuesto–ley fiscal–endeudamiento. Y puso un plazo en su reunión con los intendentes: este viernes, 27 de diciembre. El gobernador quiere que ese sea el día para brindar otra vez. Pero desde la oposición algunos siguen diciendo que si estos proyectos no se aprobaron antes de Nochebuena, tampoco pasarán antes de Nochevieja.
Con todo, Kicillof confía en que se trate de una fecha auspiciosa. Eran, en la antigua Roma, los idus de marzo, mayo, julio y octubre: fechas de fiesta y buenos augurios, de renovación y vitalización. Pero la historia no siempre fue consecuente con este optimismo.
