Federalismo Quebrado

El reciente fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa, por resultar violatorio de los artículos 5°, 123 y concordantes de la Constitución Nacional impidiendo la reelección indefinida en Formosa, ha reabierto un debate central en el federalismo argentino. ¿Cómo equilibrar la autonomía de las provincias con los principios republicanos? Este caso nos invita a pensar en los límites del poder judicial, en las tensiones en puja entre las agendas políticas locales y nacionales, y la legitimidad de las instituciones democráticas. ¿Es esta decisión una garantía de alternancia o solo representa una clara intervención que socava la soberanía popular? Acuña (Acuña, C. H., 2019) nos habla de como la coordinación entre niveles de gobierno en un sistema federal enfrenta complejidades intrínsecas, que requieren respetar la autonomía territorial para evitar un modelo centralizador. La posibilidad de reelección indefinida permite garantizar la continuidad de políticas públicas y proyectos de largo plazo que podrían verse interrumpidos con cambios frecuentes de liderazgo. Este enfoque es especialmente relevante en contextos que requieren estabilidad en la implementación de políticas económicas, sociales o ambientales. Alexander Hamilton, en su ensayo Federalista N° 72 (Hamilton, A.,1788), argumentó que la elegibilidad perpetua incentiva la buena conducta de los gobernantes, quienes deben ganarse la aprobación constante de los votantes para permanecer en el poder. Este modelo refuerza la idea de que la legitimidad democrática reside en el respaldo sostenido del electorado, facilitando así la consolidación de programas de desarrollo sostenibles y coherentes. 

En el ámbito internacional, la reelección indefinida ha sido implementada tanto en democracias consolidadas como en sistemas políticos en desarrollo. Países como Alemania, Italia y el Reino Unido permiten que sus líderes permanezcan en el cargo mientras mantengan el respaldo electoral, ejemplificando la estabilidad institucional sin la necesidad de restricciones formales. En América Latina, casos como Venezuela y Nicaragua han adoptado este modelo, permitiendo la reelección continua de sus presidentes. Si bien estas experiencias generan debates sobre la concentración de poder, también destacan la importancia de respetar la voluntad popular como principio democrático central. La Corte Suprema argumentó que la reelección indefinida vulnera el principio republicano de alternancia en el poder. Según este criterio, los sistemas democráticos deben garantizar un equilibrio entre estabilidad y renovación. Sin embargo, este razonamiento entra en conflicto con la autonomía que otorga el federalismo, definida por Leiras (Leiras, M., 2015) como un sistema híbrido en el que las provincias mantienen altos niveles de autonomía política, aunque dependan financieramente del poder central. 

Formosa ya había iniciado un proceso de reforma constitucional para abordar el tema, lo que plantea una pregunta crucial: ¿debe un tribunal nacional decidir sobre un aspecto que las propias instituciones provinciales estaban analizando? Este conflicto pone de relieve lo que Gibson (Gibson, E., 2001) denomina “el doble estándar del federalismo argentino” que combina sobrerrepresentación territorial con una dependencia financiera asimétrica. 

El fallo de la Corte Suprema no solo es un precedente peligroso para la autonomía de todas las provincias argentinas, sino que también atenta contra la voluntad popular, expresada de manera constante en las urnas. Leiras (Leiras, M., 2015) señala que el federalismo no se mide por resultados, sino por la capacidad de las provincias de decidir su destino político, incluso cuando enfrentan desigualdades estructurales. En este contexto, el discurso oficialista enmarca la decisión judicial como un intento de intervención externa, diseñado para alterar una dinámica política consolidada en un territorio provincial. ¿No debería ser el pueblo formoseño el encargado de definir su futuro político? Esta pregunta subraya la tensión entre la narrativa centralista y el respeto por los procesos democráticos de la provincia de Formosa que nunca fueron puestos en duda. Desde una perspectiva democrática, la reelección indefinida respeta la soberanía popular al permitir que los ciudadanos elijan libremente a sus líderes sin restricciones formales. Limitar el número de mandatos podría interpretarse como una limitación al derecho del electorado de expresar su preferencia por un líder que consideran eficaz. Como lo señala Adam Przeworski en Democracy and the Limits of Self-Government (Przeworski, A., 2010), mientras las elecciones sean libres y competitivas, la democracia se fortalece a través de la “posibilidad de alternancia”, no mediante límites impuestos a los mandatos. Este razonamiento se refleja en casos como Alemania, Italia y el Reino Unido, donde las principales autoridades ejecutivas pueden ser reelegidas indefinidamente siempre que cuenten con el respaldo popular. 

Para la oposición formoseña este fallo representa una oportunidad para limitar lo que perciben como una perpetuación en el poder de una persona con nombre y apellido, Gildo Insfran. Sin embargo, Gervasoni y Nazareno (Gervasoni, C., & Nazareno, M., 2017) cuestionan la eficacia de este enfoque, señalando que el control de los gobernadores sobre los legisladores nacionales varía significativamente según el contexto provincial, lo que refuerza la importancia de los liderazgos locales en la configuración del poder nacional. Este fallo que si bien pueden celebrarlo como una victoria republicana, corren el riesgo de alienar a una población que percibe esta intervención como un ataque a su soberanía. ¿Es esta la estrategia más adecuada para construir un proyecto político alternativo y sostenible en Formosa? 

El manejo discursivo de este conflicto ha sido clave para ambos lados. Mientras el oficialismo enmarca el fallo como un ataque al federalismo, la oposición lo posiciona como una defensa de la democracia y de la república. Como señala Lakoff (Lakoff, G., 2004) los frames o encuadres, no solo estructuran el debate, sino que movilizan emocionalmente a quienes los escuchan. En este sentido, el oficialismo ha utilizado términos como “soberanía popular” y “autonomía provincial” para reforzar su narrativa, mientras que la oposición ha recurrido a conceptos como “republicanismo” y “alternancia democrática”. ¿Cuál de estas estrategias conectará más profundamente con los valores de los formoseños? 

El caso de Formosa destaca las tensiones inherentes al sistema federal argentino. Como sugiere Acuña (Acuña, C. H., 2019), la coordinación entre niveles de gobierno no solo es costosa, sino que implica una pérdida de autonomía que puede generar resistencias significativas, y este conflicto no solo afecta a Formosa, sino que también establece un precedente para otras provincias. Este fallo podría percibirse como un intento de influir en la dinámica política de Formosa desde un gobierno central, en lugar de confiar en la capacidad de los ciudadanos de esa provincia para decidir su propio destino. Si pensamos que un pilar central del ideario libertario es la defensa de la libertad individual, al limitar la posibilidad de reelección indefinida se estaría restringiendo la libertad de los ciudadanos de Formosa para elegir al gobernante de su preferencia y esto contradice el principio de que los individuos son los mejores jueces de sus decisiones políticas. El fallo en cuestión, promovido desde el gobierno nacional, podría interpretarse como una injerencia en las autonomías provinciales, algo que va en contra del federalismo, además de que en un marco libertario, se esperaría que las provincias tengan plena soberanía para decidir sobre sus constituciones y sistemas electorales, sin imposiciones externas. 

La autonomía de las provincias como Formosa se fundamenta en el principio de respeto por la voluntad popular y la democracia. Si los ciudadanos han elegido y reelegido a un líder a lo largo de varias elecciones libres, imponer límites externos a ese proceso no sólo desafía la legitimidad de sus decisiones, sino que también contradice los principios de quienes abogan por un Estado menos interventor. Este tipo de restricciones puede interpretarse como un acto de desconfianza hacia el electorado insinuando que los votantes no son capaces de distinguir entre un liderazgo efectivo y otras opciones que claramente no lo son. La verdadera democracia no puede subsistir si las decisiones del pueblo son constantemente supervisadas o corregidas desde fuera. La autonomía provincial no es un capricho, sino un pilar del federalismo que permite a cada comunidad determinar su destino político. Respetar esa autonomía no solo fortalece las instituciones democráticas, sino que reafirma la confianza en la madurez cívica de los ciudadanos esclarecidos para decidir lo que es mejor para su futuro. ¿Acaso no es eso lo que significa gobernar desde y para el pueblo? 

El federalismo es un instrumento esencial para lograr el desarrollo armónico entre la provincia y la Nación, basado en la integración, la equidad y la justicia social. Con descentralización administrativa, la redistribución eficiente de recursos y competencias, y la participación activa de las provincias en las decisiones nacionales que impactan sus intereses. Al federalismo lo daña la histórica centralización que marginó a regiones como Formosa, ya que debe garantizar la inclusión, el respeto a las identidades locales y una distribución equitativa de la riqueza, como pilares de un país verdaderamente integrado y soberano. ¿Cómo podemos garantizar un equilibrio entre la autonomía provincial y los principios republicanos sin comprometer la legitimidad democrática? Este debate no solo definirá el futuro político de Formosa, sino también el modelo de federalismo que queremos construir como país.