La aprobación del sistema de boleta única a nivel nacional desvela al gobernador Kicillof y también a los jefes comunales, que se encuentran con un panorama complicado e incierto. ¿Cómo hacer campaña sin arrastre? ¿A quién poner de candidato? ¿Conviene desdoblar? Un cambio que cambia todo. O casi todo.
Congreso: El debate del Presupuesto se estancó y la oposición busca reformar la Ley de DNU
Lo que se presentaba como una semana bisagra para el oficialismo en el tratamiento de la “ley de leyes”, culminó con un pedido de sesión de la oposición para derogar el DNU de canje de deuda. En el Senado, no se pudo dictaminar la ley antimafias.
POLÍTICA 08 de noviembre de 2024 Leandro BravoCuando todo parecía indicar que el oficialismo en la Cámara de Diputados iba a realizar una nueva reunión informativa en virtud del debate del Presupuesto 2025, el encuentro previsto con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se suspendió por “cuestiones de agenda” y la “ley de leyes” se sigue retrasando.
Así y todo, en La Libertad Avanza son optimistas de alcanzar la media sanción antes del cierre del período de sesiones ordinarias del 30 de noviembre. Según supo POLITICAR, la semana del 20 de noviembre podría estar el dictamen y la siguiente la sesión que buscará darle un triunfo legislativo al oficialismo.
En medio de todo esto, la oposición, representada en las rúbricas de diputados de casi todos los bloques, solicitó una sesión para el próximo martes a las 15, en donde pondrán en tratamiento el proyecto de ley para reformar a la Ley 26.122, la cual establece el marco legislativo de los decretos de necesidad y urgencia; y también el DNU 846 sobre el canje de deuda.
A estas horas, la oposición más férrea, la cual está compuesta por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Democracia para siempre (los 12 radicales de Facundo Manes y los que responden a Martín Lousteau) y una parte de Encuentro Federal, contaría con los votos necesarios para poner al oficialismo en aprietos en el recinto la semana que viene.
Por un lado, le darían media sanción a la reforma de la Ley de DNU que establece los decretos “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación”; y el gran cambio referido a la gobernabilidad de Javier Milei es que proponen que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del DNU que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.
Por el otro, mediante el DNU 846/24, incluido en el temario de la sesión, el Poder Ejecutivo habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deslizó que “no está previsto convocar a sesiones extraordinarias”, pese a que los tiempos que imperan al oficialismo se excedan del 30 de noviembre. Todo parece indicar que para que el Presupuesto 2025 sea ley, el presidente de la Nación deberá convocar, ya que el tratamiento en el Senado sería en diciembre.
El Senado no pudo dictaminar la ley antimafias
Esta semana se llevó a cabo el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara altea, pero no logró su cometido: dictaminar el proyecto de ley antimafias que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Viajes a Estados Unidos por las elecciones y ausencia de senadores de Unión por la Patria dejaron sin quórum el encuentro.
La iniciativa diseñada por Patricia Bullrich remarca a la figura de la asociación ilícita con carácter especial, para determinados delitos, como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos de origen delictivo, secuestros, homicidios o trata de personas, y propone penas de prisión que van de los 8 a los 20 años por la mera pertenencia a una organización delictiva.
Por su parte, la iniciativa define que las personas que pertenezcan a este tipo de organizaciones pueden ser penalizadas con la pena máxima correspondiente al delito más grave que cualquier miembro de grupo haya cometido.
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