Leandro Bravo
Después de reunirse en pleno receso vacacional con el ministro Federico Sturzenegger, la jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, brindó señales a los espacios aliados para apuntalar el consenso sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se tratará en la Cámara de Senadores este jueves 6 de agosto. El ítem diferencial es el capítulo III que plantea modificaciones a la Ley de Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales (26.737).
Actualmente, la legislación nacional establece un tope del 15% como límite de venta sobre las tierras a personas extranjeras, pero el Gobierno propone eliminar ese marco en este nuevo proyecto de ley. La discrepancia con los bloques aliados es la sugerencia de habilitar la posibilidad a que cada distrito establezca su propio marco normativo en cada legislatura provincial. Cabe señalar que, en la Provincia de Buenos Aires, solo el 2,87% de la titularidad de tierras rurales está en manos de extranjeros.
Esta iniciativa fue diseñada por Sturzenegger, pero no ha logrado llegar al recinto del Senado con el consenso necesario para su aprobación. Además del principal bloque opositor, Justicialista, se han pronunciado en contra la cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas, los representantes de Moveré Santa Cruz e, incluso, la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
Desde que se firmó el despacho de comisiones el pasado 20 de mayo, el texto se vio obstaculizado de arribar al recinto en cuatro oportunidades. La primera vez fue el 4 de junio cuando se retiró del temario con el compromiso de llevar el proyecto a las dos semanas. Sin embargo, la sesión ordinaria del 18 de junio nunca se convocó. El jueves 26 de junio el oficialismo no reunió el quórum y el 16 de julio la propia Bullrich pidió aplazar su tratamiento para la vuelta del receso invernal.
De todas maneras, este proyecto de ley engloba una reforma aún mayor: Pese a que el título remite a un esquema de protección de la propiedad privada, la iniciativa avanza sobre una paleta de normas y alcanza aspectos tan diversos como las expropiaciones, los desalojos, la regularización dominial, la mencionada adquisición de tierras rurales por extranjeros, el manejo del fuego y la organización de los registros inmobiliarios.
Sobre los cambios a la Ley de Expropiaciones, el proyecto dispone que las declaraciones de utilidad pública deberán ser interpretadas de manera estricta y fundamentar de forma puntual el objetivo que persiguen, al tiempo que establece que toda expropiación deberá resultar “adecuada, indispensable y proporcional” para cumplir con esa finalidad. Asimismo, la propuesta fortalece el régimen indemnizatorio para los titulares de los bienes alcanzados.
Entre las modificaciones previstas, incorpora de manera expresa la posibilidad de reconocer el lucro cesante cuando pueda demostrarse objetivamente, determina que la tasación del inmueble deberá efectuarse con anterioridad a cualquier anuncio oficial relacionado con la expropiación y prevé mecanismos de actualización monetaria hasta el momento en que se concrete el pago. Además, reafirma que la transferencia del dominio no podrá hacerse efectiva sin el previo pago de la indemnización correspondiente.
Otro de los apartados con mayor trascendencia política es el vinculado a los desalojos. La iniciativa transforma estos procesos en procedimientos sumarísimos y habilita herramientas que permiten obtener la restitución anticipada de inmuebles en determinados supuestos, especialmente en casos de ocupaciones irregulares o cuando el derecho invocado por el propietario reúna suficientes elementos de verosimilitud.
En paralelo, el texto acelera el régimen de notificaciones judiciales y amplía las atribuciones de los oficiales de justicia durante los procedimientos de lanzamiento, incluyendo la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública y adoptar otras medidas orientadas a asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. No obstante, a diferencia de versiones preliminares, el dictamen que llegará al recinto incorpora una cláusula específica destinada a la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, establece que, cuando existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en estado de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes antes de ejecutar el desalojo y contemplar alternativas habitacionales transitorias, sin que ello implique suspender el procedimiento.
La reforma también contempla modificaciones relevantes en la Ley de Tierras Rurales. Aunque mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales en el territorio nacional, elimina diversas limitaciones actualmente vigentes y flexibiliza los mecanismos de autorización para otros sujetos extranjeros. Este es el capítulo con mayores discrepancias entre La Libertad Avanza y los aliados del Pro y la Unión Cívica Radical.
Otro de los puntos destacados es la modificación de la Ley Pierri de regularización dominial. La nueva redacción exige acreditar una posesión pacífica, pública y continua durante un período de diez años para acceder al beneficio, y restringe su aplicación a inmuebles destinados a vivienda única y permanente, aunque incorpora una disposición específica para agricultores familiares.
En materia ambiental, la propuesta deroga artículos incorporados a la Ley de Manejo del Fuego y redefine el régimen de restricciones aplicables con posterioridad a los incendios forestales, un aspecto que ya anticipa objeciones por parte de organizaciones ambientalistas y de distintos sectores de la oposición.
La iniciativa se completa con una profunda modificación de la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble. En ese capítulo se impulsa la digitalización de los trámites registrales, la utilización de la firma digital, la creación de una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones y de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, además de la conformación de un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble.
Considerado por el oficialismo como uno de los proyectos institucionales más relevantes del actual período legislativo, el texto procura reforzar las garantías de los propietarios tanto frente al Estado como ante ocupaciones irregulares, al tiempo que busca generar un escenario más propicio para las inversiones. El debate en el recinto servirá para evaluar hasta qué punto el Gobierno consiguió reunir los consensos necesarios luego de casi dos meses de negociaciones y sucesivas modificaciones introducidas al proyecto.
