Identificaron a la dueña del predio de Ruta 26 y el Municipio de Escobar le reclamará los costos del operativo de saneamiento

La Justicia restituyó el terreno ubicado en Ingeniero Maschwitz a su propietaria, quien deberá hacerse cargo del mantenimiento del predio y responder por los gastos que afrontó el Estado para controlar incendios, rescatar animales y frenar las actividades ilegales que allí se desarrollaban.
MUNICIPIOS29 de junio de 2026
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Luego de varios meses de intervención judicial y de un amplio operativo encabezado por la Municipalidad de Escobar, la Justicia logró identificar a la propietaria del predio de 9,5 hectáreas ubicado en la intersección de la calle Paraná y la Ruta 26, en Ingeniero Maschwitz, un terreno que durante años fue señalado como un foco de contaminación ambiental y escenario de múltiples actividades clandestinas.

Se trata de Claudia Beatriz Miguel, vecina de un barrio privado de esa misma localidad, quien fue notificada formalmente por el Juzgado Federal de Campana para recibir nuevamente la tenencia del inmueble, luego de que en marzo la Justicia otorgara de manera provisoria la custodia del lugar al Municipio para intervenir ante la grave situación ambiental y de seguridad que allí existía.

La restitución del predio estuvo acompañada por un acta de inspección judicial que certifica un escenario completamente diferente al encontrado meses atrás: sin focos de incendio activos y sin presencia de actividades ilegales.

Durante el período en que el Municipio tuvo la custodia provisoria, se desplegó un importante operativo interdisciplinario. Equipos de Zoonosis y del SENASA rescataron más de 200 animales que permanecían en condiciones de extrema precariedad, mientras que personal de Defensa Civil y Bomberos trabajó durante semanas para remover enormes capas de residuos acumulados, que en algunos sectores alcanzaban hasta ocho metros de profundidad.

Las tareas permitieron extinguir incendios superficiales y también focos ígneos subterráneos que representaban un serio riesgo ambiental. Paralelamente, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, comenzaron estudios ambientales y análisis químicos destinados a determinar el impacto generado y elaborar un plan integral de remediación.

Desde el Municipio aseguraron que, pese a la restitución judicial del terreno, continuarán realizando controles permanentes para impedir que el predio vuelva a convertirse en un espacio utilizado para actividades ilegales.

La propietaria rechazó firmar el acta

Uno de los episodios que más llamó la atención durante el procedimiento fue la negativa de la propietaria a firmar el acta mediante la cual se dejaba constancia de que, desde el jueves 25 de junio a las 12 horas, el inmueble volvía a quedar bajo su exclusiva responsabilidad.

A pesar de esa decisión, la notificación judicial establece expresamente que la titular del terreno será responsable de evitar nuevas ocupaciones, actividades clandestinas o situaciones que generen riesgos ambientales, además de cumplir con todas las auditorías y medidas que dispongan tanto el Municipio como la Provincia de Buenos Aires.

Frente a esta situación, la Municipalidad presentó un escrito ante el Juzgado para dejar constancia de la negativa de la propietaria y solicitar que se evalúen los pasos legales correspondientes.

El Municipio buscará recuperar los gastos

Desde la administración municipal también confirmaron que ya comenzaron las acciones legales para reclamar el reintegro de todos los gastos que demandó la intervención estatal durante los últimos meses.

Entre ellos figuran los costos de los operativos de combate de incendios, limpieza, seguridad, rescate de animales y demás trabajos realizados desde que el Juzgado Federal otorgó la tenencia provisoria del predio hasta su restitución.

Asimismo, la Secretaría de Legal y Técnica advirtió que, en caso de que vuelvan a registrarse actividades ilegales, abandono del terreno o incumplimientos en su mantenimiento, solicitará de manera inmediata la imputación penal y civil de la propietaria.

Con la restitución del inmueble, la responsabilidad sobre el estado y las condiciones del predio vuelve a recaer plenamente sobre su titular, mientras el Municipio continuará ejerciendo controles para garantizar que no se repita una situación que durante años representó uno de los principales pasivos ambientales del distrito.

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