En medio del debate sobre las políticas de prevención y sanción de la violencia de género en Argentina, el diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para impedir que familiares, convivientes o personas cercanas puedan encubrir femicidios sin consecuencias penales.
La iniciativa propone reformar el artículo 277 del Código Penal y excluir la denominada "excusa absolutoria familiar" en los casos de femicidios, femicidios vinculados y homicidios dolosos cometidos en contextos de violencia de género.
Actualmente, la legislación argentina contempla una excepción que exime de responsabilidad penal a determinados familiares o personas con vínculos estrechos con el autor de un delito cuando participan en conductas de encubrimiento. Para Michel, esa situación genera una contradicción con el espíritu de las leyes que incorporaron la figura del femicidio y con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
El proyecto establece que podrán ser sancionadas aquellas personas que realicen acciones concretas destinadas a garantizar la impunidad del agresor, como ocultar pruebas, alterar escenas del crimen, destruir evidencias o brindar información falsa a la Justicia. La propuesta aclara expresamente que no se busca castigar el silencio, la abstención de declarar o la mera pasividad, sino las conductas activas de encubrimiento.
"La protección de los vínculos familiares no puede llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres", sostuvo Michel al fundamentar la iniciativa.
El legislador argumentó además que la reforma busca adecuar la normativa argentina a los compromisos internacionales asumidos a través de la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos que obligan a los Estados a actuar con la debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres.
La presentación del proyecto se produce en un contexto de fuerte discusión sobre el rol del Estado en las políticas de género. Desde la oposición advierten sobre un retroceso en las herramientas de prevención y asistencia a las víctimas, mientras que distintos sectores reclaman fortalecer los mecanismos judiciales para combatir la impunidad en los casos de violencia extrema.
Con esta iniciativa, Michel busca cerrar una zona gris de la legislación penal que, según sostiene, puede transformarse en un obstáculo para el esclarecimiento de femicidios y para la efectiva sanción de quienes colaboran en ocultar estos crímenes. La propuesta abre un nuevo debate en el Congreso sobre los límites de la protección familiar cuando están en juego delitos que afectan derechos fundamentales y que constituyen una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres.
