Andrés MiquelEl último informe del Departamento de Legales de Industriales Pymes Argentinos (IPA) funciona como una radiografía forense del colapso productivo que promueve Javier Milei. En el ámbito judicial, los números queman. ¿Por qué? Porque la apertura de concursos preventivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trepó un 131,71 por ciento en la comparación entre 2023 y 2025, saltando de 82 a 190 expedientes. En paralelo, tenemos el peor índice de inversión extranjera en los últimos 20 años.
Lejos de encontrar un piso, la inercia destructiva se aceleró drásticamente durante el primer trimestre judicial de 2026, es decir, desde febrero a abril. Durante este período, ya se abrieron 92 procesos concursales. La frialdad de la estadística cobra dimensión histórica cuando se constata que en solo tres meses se iniciaron más concursos que en los totales anuales registrados entre 2021 y 2024, quebrando incluso la marca de todo el ciclo crítico de la pandemia de Covid-19, cuando se ejecutaron 106 procesos.
Al respecto, el titular de IPA, Daniel Rosato, recordó que desde la organización que preside alertaron con que este año iba a llegar con el cierre de más de mil Pymes, “pero el ritmo de la degradación nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor". Lo que Rosato califica como una "crisis terminal" se expresa a nivel nacional con la extinción de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026. La consecuencia social inmediata es el desamparo absoluto de 327.813 trabajadores que perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo (ART) tras quedarse sin su fuente de sustento.
No por nada, dentro de la Iglesia Católica las alarmas sonaron por esta situación. Tanto en la homilía de Jorge García Cuerva en el Tedeum de Capital Federal, como la de Gustavo Carrara en la misma celebración, pero en la catedral platense, el trabajo se llevó el centro de atención. Ambos designados por el Papa Francisco, subrayaron los efectos adversos de un modelo económico que sólo deja un tendal de despidos a su paso.
Por su parte, Axel Kicillof y su gabinete ponen el tema sobre la mesa casi de forma diaria. Sucede que la onda de choque de este modelo impacta de lleno en el territorio bonaerense, donde se concentra el corazón manufacturero de la Argentina. A diferencia de las planillas oficiales del gobierno nacional Nación, donde el superávit se dibuja pisando pagos a las provincias y licuando jubilaciones, el Indicador Sintético de la Actividad Productiva (ISIB) que elabora el Ministerio de Economía bonaerense muestra caídas de dos dígitos en ramas clave como el cemento, automotriz, textil y metalmecánica.
El panorama bonaerense combina el drama de las grandes plantas metalúrgicas en distritos del cordón industrial como San Martín, La Matanza y Quilmes, con la parálisis comercial en municipios del interior. En ciudades como Chivilcoy, Junín u Olavarría, el combo de tarifazos eléctricos, caída del consumo y el encarecimiento de los insumos dolarizados estrangula a los talleres locales y pequeños comercios que dinamizaban las economías regionales.
Desinversión y "darwinismo" importador
El modelo de desregulación a ultranza no trajo la prometida lluvia de inversiones, sino una fuga de capitales y capacidades productivas sin precedentes en las últimas dos décadas. De acuerdo al documento de IPA, la contracción productiva desencadenó un proceso de desinversión que se cristaliza mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa, arrojando un saldo negativo inédito en los últimos 22 años.
Ante la asfixia del mercado interno, el área legal de IPA, coordinada por Germán Pizzano, describe una preocupante mutación en la supervivencia corporativa. Mientras importantes firmas multinacionales optan por abandonar directamente el país, las empresas locales intentan sobrevivir mediante una "destreza darwiniana" adaptada al modelo de dólar barato y apertura comercial, reconvirtiéndose de fabricantes a meros importadores.
Este esquema, explican desde la organización empresarial, destruye el valor agregado nacional y desmantela las cadenas de proveedores locales, dejando galpones vacíos y maquinarias paradas. Actualmente, la capacidad ociosa en el sector manufacturero promedia el 40,2 por ciento, un capital de uso inactivo que representa una pérdida patrimonial incalculable.
Frente al "fatal resultado falencial" que acecha a las fábricas, la dirigencia Pyme reclama con urgencia que el Congreso Nacional trate y apruebe un proyecto de ley de emergencia económica. El planteo busca reactivar un blindaje jurídico transitorio, inspirado en la vieja Ley 25.563 de la crisis de 2002, para que suspenda ejecuciones hipotecarias y prendarias para otorgar a las empresas el "tiempo valiosísimo" necesario para recuperar capital de trabajo positivo.
Sin embargo, desde el propio sector industrial advierten que cualquier auxilio legal será estéril si no se produce un viraje macroeconómico drástico que recomponga el salario real, dinamice el consumo masivo y devuelva el oxígeno al mercado interno.
¿Por qué? Porque la inmensa mayoría está agonizando. Cerró la fábrica de calzado Dass en Coronel Suárez, Georgalos y Fate en San Fernando, constantes suspensiones en Toyota, y múltiples canteras en Olavarría, loq ue exhibe un abanico variopinto sobre los alcances del mileiazo.
