Leandro Bravo
Desde que La Libertad Avanza ha tomado las riendas de la República Argentina, cada proyecto de reforma legislativa enviado al Congreso de la Nación ha despertado fuertes contrapuntos en la oposición. En esta oportunidad, la modificación a la Ley de Glaciares no ha sido la excepción y la sociedad civil pudo —hasta donde la dejaron— aportar su mirada en contra de la reforma ambiental que propone darle a las provincias la potestad de explotar la minería en zona periglacial.
POLITICAR accedió a diferentes testimonios en contra: las diputadas nacionales Myriam Bregman del Frente de Izquierda y Blanca Osuna de Unión por la Patria, y la senadora Celeste Giménez Navarro, quien integra el bloque peronista y representa a San Juan, la provincia más interesada en que esta reforma ambiental prospere en el Poder Legislativo. Y uno a favor de la senadora salteña Flavia Royón.
Cabe aclarar que, al cierre de esta edición, el texto sólo obtuvo la media sanción de la Cámara alta con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.
Sin el apuro de extraordinarias, el oficialismo en la Cámara baja no encontró el aval de los dialoguistas de manera inmediata. Comenzado el período ordinario y sin una fecha límite específica, los libertarios dieron lugar al pedido de la Coalición Cívica, el peronismo y la izquierda de llevar a cabo dos audiencias públicas. De todos modos, el resultado no fue el obtenido, debido a que, sobre 102.116 inscriptos, solamente participaron menos de 200 personas. Es decir, menos del 0,3%.
Con el feriado de Semana Santa en el medio, La Libertad Avanza, con Martín Menem a la cabeza, planificó el pase a la firma de la reforma a la Ley de Glaciares para mediados de abril. Según fuentes constatadas, la idea es armar una serie de informativas con mandatarios entre el 1° y el 9 de abril; pasar a la firma antes del 16; e ir al recinto de la Cámara de Diputados después del 20 para buscar la sanción definitiva del proyecto.
El contenido del proyecto de reforma ambiental
En primera instancia, el proyecto de modificación a la Ley 26.639 redefine el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También añade una pauta interpretativa que subordina la aplicación del marco regulatorio al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.
El texto resultó de las reuniones llevadas a cabo por el Consejo de Mayo, el cual propone la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.
“Todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas”
Además, habrá cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.
“Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica”
La iniciativa, además, faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otra de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
Finalmente, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, sólo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
“El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, sólo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas”.
Una propuesta rechazada por la oposición dura
El Frente de Izquierda cuenta con el regreso de Myriam Bregman desde diciembre pasado, en el último recambio de la Cámara de Diputados, quien, consultada por POLITICAR, aseveró que “esta reforma es la ‘devolución de favores’ que hace Milei a los gobernadores peronistas y radicales que mandaron a sus legisladores a votar la reforma de la ley laboral”. Del mismo modo, cargó que “es un escandaloso intercambio de favores en contra de la mayoría de la población”.
Myriam Bregman: “esta reforma es la ‘devolución de favores’ que hace Milei a los gobernadores peronistas y radicales que mandaron a sus legisladores a votar la reforma de la ley laboral”
Lejos de suavizar la postura, la legisladora del PTS enfatizó que “el Gobierno tuvo que sanear el tratamiento de la destrucción de la Ley de Glaciares en su tratamiento en la Cámara de Diputados porque notoriamente en el Senado su tramitación fue ilegal”, y agregó: “Aun así, y siendo que, por ejemplo, afecta a las comunidades originarias de nuestro país, están incumpliendo trámites como la consulta previa que establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.
En esa línea, apuntó contra el Poder Ejecutivo de la Nación y remarcó la “influencia” de la Mesa del Litio —compuesta por Catamarca, Jujuy y Salta— y por la Mesa del Cobre —integrada por las mencionadas provincias y por Mendoza y San Juan—. Para terminar, Myriam Bregman apreció que “la inscripción masiva en las audiencias programadas demuestra el rechazo social que tiene este proyecto”.
La representante de San Juan, Celeste Giménez Navarro, integrante del bloque peronista en el Senado, votó en contra del proyecto, a diferencia de su par Sergio Uñac, que sí avaló la propuesta en el tablero. Para la senadora, esta reforma “forma parte de una orientación política muy clara que estamos viendo desde que asumió esta gestión: avanzar en una agenda de desregulación que debilita los marcos de protección ambiental para facilitar el acceso de grandes corporaciones a recursos estratégicos de nuestro país”.
Celeste Giménez Navarro: “Forma parte de una orientación política muy clara que estamos viendo desde que asumió esta gestión: avanzar en una agenda de desregulación que debilita los marcos de protección ambiental para facilitar el acceso de grandes corporaciones a recursos estratégicos de nuestro país”.
No obstante, sostuvo que “la minería es una actividad importante para muchas provincias y, justamente por su impacto sobre los ecosistemas, requiere reglas claras, controles ambientales estrictos y un Estado que garantice que ese desarrollo se realice con responsabilidad”. Pero también explicó que “nuestra provincia ha declarado recientemente la emergencia hídrica, lo que refleja con claridad la gravedad de la situación que atravesamos respecto del acceso y la disponibilidad del agua”.
Consideró, además, que se trata de un debate “sensible” para las provincias cordilleranas, y consideró que “discutir una flexibilización de la protección de glaciares y del ambiente periglacial —que funcionan como reservas estratégicas de agua dulce— no es un detalle técnico: es una decisión profundamente política que compromete el presente y el futuro de nuestra sociedad”.
La diputada nacional Blanca Osuna se refirió a las jornadas de audiencias públicas del pasado 25 y 26 de marzo y observó que “el desarrollo de la audiencia pública evidenció graves irregularidades, que afectan su validez al no garantizar una instancia real de participación”. Y apuntó contra Menem por los hechos acontecidos: “Cercenaron la participación de quienes se inscribieron para expresar por qué es tan grave la modificación de la Ley de Glaciares, limitando las intervenciones de organizaciones sociales, especialistas, científicos, asociaciones y ciudadanos de todo el país”.
Blanca Osuna: “El desarrollo de la audiencia pública evidenció graves irregularidades, que afectan su validez al no garantizar una instancia real de participación”
Respecto a la modificación de la Ley 26.639, la entrerriana manifestó que “estamos frente a un escenario de desatención y ausencia de políticas activas en el cuidado del agua, que se expresa tanto en el intento de modificar la Ley de Glaciares como en otras intervenciones recientes en nuestros ríos”. “Esto se observa con claridad en el río Uruguay, a partir del proyecto de instalación de la planta de combustibles sintéticos de la empresa HIF en Paysandú (ROU), frente a la ciudad de Colón”, agregó.
Luego, señaló que “plantear una falsa dicotomía entre el cuidado del ambiente y el desarrollo minero es un error. El problema no radica en la actividad en sí, sino en el descontrol, la falta de regulación y la ausencia de una política sostenida de protección de bienes públicos esenciales, como el agua. Cuando se avanza sin controles ambientales efectivos, en abierto incumplimiento de las normas nacionales e internacionales, las consecuencias pueden ser irreversibles”.
Una mirada diferente desde el peronismo salteño
La senadora nacional Flavia Royón votó a favor de la norma y señaló a este medio que “la modificación de la ley apunta también a adecuarla al respeto de las autonomías provinciales, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece con claridad que los recursos naturales son propiedad de las provincias”. También respondió las inquietudes vinculadas a la actividad minera: “Lo que se propone es habilitar la posibilidad de estudiar, con rigor técnico y científico, si es viable avanzar o no… y eso es muy distinto a autorizar la actividad”.
Flavia Royón: “La modificación de la ley apunta también a adecuarla al respeto de las autonomías provinciales, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece con claridad que los recursos naturales son propiedad de las provincias”
De todas maneras, la exsecretaria de Minería de Milei y de Energía del Frente de Todos explicó que “habilitar los estudios de impacto ambiental y el análisis técnico profundo no es un cheque en blanco”, y agregó que “es exactamente lo contrario: es poner la ciencia, la evidencia y el conocimiento por delante de cualquier decisión. Es garantizar que cada caso sea evaluado con precisión, entendiendo la función hídrica real y el impacto concreto”.
Así las cosas, cuestionó el marco normativo vigente, sancionado en 2010: “El problema hoy es que, tal como se aplica en la práctica, la ley termina dejando todo prácticamente prohibido. Y eso no solo limita la posibilidad de desarrollo, sino que también bloquea la generación de trabajo de calidad, algo que la Argentina hoy necesita con urgencia”.
