El Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires fijó una posición contundente frente a las amenazas escolares en Argentina, advirtiendo sobre la escalada de violencia, discursos de odio y la ruptura del pacto pedagógico en las instituciones educativas. Desde el CSPBA subrayan que este fenómeno debe ser comprendido como un problema social complejo, atravesado por el individualismo, la hiperconectividad y la falta de regulación en entornos digitales. Asimismo, destacan el rol clave de la sociología en la intervención educativa, promoviendo estrategias de cuidado, diálogo y reconstrucción del lazo social para garantizar escuelas seguras, democráticas y orientadas al bienestar integral de estudiantes y docentes.
“El Consejo Directivo del CSPBA Ley 10.307, por medio de la Comisión de Educación, manifiesta su preocupación por los hechos de público conocimiento que afectan a las escuelas a nivel nacional. Especialmente acompañamos a los y las colegas que se desempeñan como profesores/as y/u Orientadores/as sociales en la provincia de Buenos Aires. La ruptura del pacto pedagógico, la escalada de violencia y expresiones de odio que resuenan en las escuelas son una muestra más de las tensiones de una sociedad atravesada por el individualismo, la hiperconectividad, espacios virtuales sin reglas ni limites aparentes, la banalización de la salud mental y la generación de chivos expiatorios para disimular la exclusión”, aseguraron mediante un comunicado firmado por su presidente Alejandro Terriles y la secretaria Daiana Monges.
“No pretendemos caer en respuestas rápidas ni explicaciones irresponsables; pero es indudable que nos enfrentamos a un fenómeno social. Alentamos a los profesionales que cuentan con la experticia pertinente a compartir sus saberes y propuestas. La sociología encuentra su espacio en el ámbito educativo sobre todo en la intervención. La investigación acción es lo que diferencia al sociólogo de otros científicos sociales. A las escuelas bonaerenses, extendemos nuestra solidaridad. Conocemos y promovemos desde nuestro rol de O.S las políticas de cuidado y en este momento de violencia hemos de reforzar las estrategias para generar espacios de diálogo, de construcción colectiva y restauración del lazo social. Porque solo una sociedad que ve en el otro la posibilidad de un nosotros puede resistir a los embates de los discursos de odio, la naturalización de portación de armas y la manipulación de las redes sociales”, agregaron.
Más adelante expresaron que “la violencia institucional y social es signo nefasto de época. El trabajo conjunto de familias y escuelas también tiene que serlo y frenarla. La responsabilidad en la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es de todos; y lejos de señalar culpables buscamos hacernos corresponsables (Estado- Escuela- Familias). La escuela, como agente del Estado, debe velar por los derechos de sus estudiantes; y está situación vulnera tales derechos. La escalada de amenazas en las escuelas es un fenómeno social y como tal debe ser abordado desde funcionarios del Ministerio de Seguridad y Dirección General de Cultura y Educación y comunidad, pasando así desde el poder judicial -la amenaza pública es un delito- hasta las familias”.
Por último aseguraron que “coincidimos con los lineamientos de la provincia, la escuela debe ser democrática, hospitalaria; debe ser un espacio de encuentro y vehículo de construcciones colectivas coherentes con el y bienestar, el desarrollo de capacidades cognitivas, la autoestima y la gestión de emociones. Por lo dicho, convocamos a los y las profesionales de la sociología y a la sociedad en su conjunto a actuar mancomunadamente en la defensa del espacio público, en el cuidado de las escuelas como espacios de paz, crecimiento y desarrollo de nuestras infancias, adolescencias y jóvenes. Solo de esa manera podemos pensar en un país plenamente democrático y garante de derechos”.
