Fentanilo contaminado: cuando el Estado se convierte en una cadena de excusas

La causa por el fentanilo contaminado dejó de ser solamente una investigación sobre las irregularidades de dos laboratorios. El avance judicial expuso también el funcionamiento de un Estado que conocía los riesgos, discutía internamente qué hacer y, aun así, no habría logrado impedir que un medicamento potencialmente mortal llegara a los pacientes.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los lotes producidos por Laboratorios Ramallo y comercializados por HLB Pharma provocaron la muerte de al menos 90 personas y lesiones graves en otras 41. La acusación sostiene que existieron advertencias previas, deficiencias críticas e información suficiente para adoptar medidas preventivas antes de que el producto fuera distribuido.

No se trató, entonces, de un accidente imposible de prever. Lo que investiga la Justicia es una sucesión de controles deficientes, decisiones demoradas y responsabilidades diluidas dentro de los organismos que debían proteger a la población.

La doctrina del “yo no sabía”

La declaración de la extitular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, resulta inquietante no solamente por aquello que afirma, sino por el modelo de conducción que deja al descubierto.

Bisio sostuvo que era materialmente imposible conocer todo lo que sucedía dentro de un organismo integrado por más de 1.100 agentes y 110 unidades organizativas. El argumento puede ser administrativamente comprensible, pero políticamente es insuficiente.

Quien conduce un organismo no tiene que revisar personalmente cada expediente. Su responsabilidad consiste en construir un sistema capaz de identificar los riesgos graves, garantizar que las advertencias lleguen a tiempo y tomar decisiones cuando está comprometida la vida de las personas.

Si la máxima autoridad no podía conocer que existían irregularidades críticas en laboratorios que producían medicamentos de alto riesgo, entonces el sistema de información de la ANMAT era inservible. Si lo sabía y no actuó oportunamente, el problema es todavía más grave.

En los dos casos existe responsabilidad institucional.

La conducción no consiste en saber todo. Consiste en asegurarse de que aquello que puede matar personas no quede escondido en un escritorio.

Responsabilidades hacia abajo y protección hacia arriba

La estrategia defensiva de Bisio presenta una dirección llamativa: atribuye las demoras a su subordinada, la extitular del INAME Gabriela Mantecón Fumadó, y al mismo tiempo procura desvincular al ministro de Salud, Mario Lugones.

La responsabilidad baja por el organigrama, pero aparentemente nunca sube.

Bisio aseguró que el INAME actuaba con autonomía y que fue su directora quien habría demorado o paralizado medidas preventivas. Mantecón Fumadó, en cambio, declaró que las decisiones relevantes debían ser consultadas con la ANMAT y que existía una metodología mediante la cual las respuestas eran evaluadas por el Ministerio de Salud.

Las dos versiones son contradictorias, pero coinciden involuntariamente en algo: el sistema estaba atravesado por una confusión inadmisible sobre quién decidía, quién supervisaba y quién debía actuar.

Y en materia sanitaria, la ambigüedad también mata.

Cuando las responsabilidades institucionales no están claramente establecidas, cada funcionario encuentra posteriormente un argumento para explicar por qué la decisión correspondía a otro. Mientras tanto, los expedientes circulan, las advertencias esperan y los medicamentos siguen llegando a hospitales y clínicas.

La “cautela” frente a un riesgo sanitario

Uno de los puntos que merece mayor explicación es la instrucción de actuar con “cautela” que, según las declaraciones incorporadas a la causa, habría sido transmitida en enero de 2025.

En la administración pública, las palabras importan. Mucho más cuando existen indicios de incumplimientos en la producción de medicamentos.

¿Qué significaba actuar con cautela? ¿Proteger a los pacientes o evitar perjuicios al laboratorio? ¿Acelerar las inspecciones o postergar una clausura? ¿Priorizar la seguridad sanitaria o garantizar la continuidad de un proveedor del sistema público y privado?

Los testimonios conocidos no permiten todavía responder definitivamente esas preguntas. Pero la existencia misma de esa discusión evidencia que, frente a irregularidades graves, la respuesta del Estado no habría sido inmediata ni inequívoca.

Cuando está en juego la calidad de un medicamento, la cautela debe aplicarse sobre el producto, no sobre la empresa investigada. Ante un riesgo elevado, la obligación del organismo de control es retirar, suspender, inspeccionar y después discutir las consecuencias económicas.

Nunca al revés.

Una reunión que exige respuestas

También resulta particularmente sensible la reunión que Bisio y Mantecón Fumadó mantuvieron el 14 de enero de 2025 con representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

De acuerdo con la reconstrucción periodística y judicial, las compañías buscaban discutir medidas que podían afectar su producción y comercialización. Bisio sostiene que permaneció callada y que asistió porque su subordinada le manifestó que se trataba de personas “complicadas”.

La explicación es difícil de aceptar sin interrogantes.

¿Por qué la máxima autoridad de la ANMAT participó de una reunión institucional si el asunto pertenecía exclusivamente al INAME? ¿Qué compromisos se asumieron? ¿Qué decisiones se postergaron? ¿Por qué los representantes del laboratorio describieron posteriormente a ambas funcionarias como bien predispuestas?

Estar presente y permanecer en silencio no elimina una responsabilidad. En determinadas circunstancias, el silencio de una autoridad también puede funcionar como una señal política.

La Justicia deberá establecer si esa reunión influyó efectivamente en las decisiones posteriores. Pero el Estado debe explicar por qué empresas con antecedentes de irregularidades tuvieron acceso directo a las máximas autoridades mientras se analizaban medidas destinadas a impedirles producir o comercializar medicamentos.

Lugones no puede quedar fuera de la explicación

Bisio aseguró que el ministro Mario Lugones pretendía endurecer y acelerar los controles. También afirmó que mantenían reuniones periódicas y que el funcionario seguía la evolución de los procedimientos.

Ese intento por favorecerlo abre, paradójicamente, una pregunta aún más incómoda: si Lugones estaba informado, participaba de reuniones y reclamaba avances, ¿cómo explica que el sistema no haya reaccionado antes?

No alcanza con decir que un ministro pedía controles. Hay que determinar cuándo los pidió, qué información recibió, qué medidas ordenó, cómo verificó su cumplimiento y por qué los mecanismos bajo su conducción resultaron incapaces de evitar la circulación del producto.

La responsabilidad política no depende exclusivamente de haber firmado una resolución. El Ministerio de Salud conduce el sistema sanitario nacional y la ANMAT funciona bajo su órbita. Una tragedia de esta magnitud no puede convertirse en un problema exclusivo de dos funcionarias técnicas.

El Gobierno suele reivindicar la autoridad, la eficiencia y el control de resultados. Esos criterios también deben aplicarse cuando los resultados son catastróficos.

La motosierra también alcanza a los controles

El caso obliga además a discutir qué tipo de Estado se está construyendo.

Reducir estructuras, personal o procedimientos puede presentarse como una batalla contra la burocracia. Pero existen áreas en las que el control público no constituye un gasto superfluo: es la barrera que separa a la población de un medicamento adulterado, un alimento contaminado o una práctica empresarial peligrosa.

La ANMAT no fabrica medicamentos. Su función es asegurar que quienes los fabrican cumplan con condiciones estrictas. Cuando esa capacidad se debilita, el mercado no se autorregula mágicamente. El riesgo se traslada directamente a los pacientes, que no tienen ninguna posibilidad de analizar el contenido de una ampolla antes de recibirla.

La población confía porque supone que el Estado ya hizo ese control. Esa confianza fue quebrada.

Noventa personas, no noventa expedientes

Detrás de la disputa entre funcionarias, organismos y abogados existen 90 personas que ingresaron a una institución de salud buscando atención y recibieron un medicamento que, según la investigación, estaba contaminado.

No son una estadística ni un daño colateral administrativo.

La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades penales respetando las garantías de todas las personas imputadas. Pero la responsabilidad institucional no necesita esperar una sentencia para ser reconocida: los controles fallaron, las advertencias no produjeron una reacción eficaz y el Estado llegó tarde.

Ahora comienza el movimiento habitual de toda catástrofe administrativa: quien estaba arriba culpa a quien estaba abajo; quien estaba abajo asegura que recibía órdenes; y la conducción política intenta presentarse como una observadora preocupada.

Pero el Estado no puede ser conducido por espectadores.

Si nadie sabía, hubo incompetencia. Si algunos sabían y no actuaron, hubo negligencia. Y si las decisiones se demoraron para proteger intereses ajenos a la salud pública, la situación sería todavía más grave.

La Justicia deberá establecer cuál de esas hipótesis corresponde. Lo que ya no admite discusión es que 90 muertes no pueden terminar sepultadas debajo de una montaña de excusas, organigramas y responsabilidades trasladadas.

Porque cuando todos explican por qué no les correspondía actuar, queda en evidencia la verdad más brutal: no actuó nadie a tiempo.