Leandro Bravo
El dictamen de mayoría fue firmado este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, y Asuntos Constitucionales. A las 27 del oficialismo, se sumaron 4 del bloque Pro, 2 del radicalismo, 1 del representante del gobierno sanjuanino, 2 misioneros y Fernanda Ávila, exintegrante de Unión por la Patria y funcionaria de Minería del gobierno de Alberto Fernández.
Por su parte, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica firmaron un despacho en rechazo al proyecto. De todas maneras, La Libertad Avanza confía en tener el quórum listo para las 15 -hora convocada para la sesión especial- y para la votación en el recinto de la Cámara baja. Cabe recordar que el Palacio Legislativo estará vallado debido al anuncio de organizaciones ambientales que se pronunciaron en contra del texto y que se movilizarán a la Plaza de los Dos Congresos.
La iniciativa cuenta con la media sanción del Senado desde el 26 de febrero pasado: fueron 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención. En aquella oportunidad los senadores peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci votaron con La Libertad Avanza, en representación de las provincias de San Juan y Catamarca.
A partir de este antecedente, el foco estará puesto en la postura de los diputados de Unión por la Patria Cristian Andino y Jorge Chica de San Juan, y de Claudia Palladino de Catamarca. Ninguno de los tres fue parte de la discusión en el plenario de este martes por lo que su posición respecto a la votación es una incógnita.
El proyecto de ley
La iniciativa propuesta por el Ejecutivo Nacional establece modificaciones a la Ley 26.639 y redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciaresy geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.
Durante los encuentros del 2025, la norma fue confeccionada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.
Además, hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.
También, faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
Finalmente, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
