Según el documento, el presupuesto universitario acumuló una caída real del 28,7% entre 2023 y 2025, y la reducción llega al 45,6% si se toma el crédito vigente proyectado para 2026 en valores constantes. En cambio, si se hubiera aplicado la ley sancionada por el Congreso, el financiamiento habría crecido 35,1% respecto de 2025 y habría quedado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023.
El informe sostiene que el proyecto del Poder Ejecutivo incrementa el presupuesto en términos nominales, pero mantiene el recorte en términos reales. De acuerdo con las estimaciones, la propuesta oficial dejaría el presupuesto universitario 38,8% por debajo del nivel de 2023 y 36,5% menor al que hubiera correspondido con la aplicación de la ley vigente.
El ajuste recayó principalmente sobre los salarios
El trabajo señala que el 86,9% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, por lo que el recorte impactó principalmente en docentes y no docentes. Entre 2023 y 2026 el gasto salarial se redujo 43,2% en términos reales, mientras que los gastos de funcionamiento cayeron 57,1%.
También se registraron recortes superiores al 70% en programas vinculados al desarrollo universitario, la ciencia y la tecnología, la formación profesional y la promoción de carreras estratégicas.
Salarios con fuerte pérdida de poder adquisitivo
El informe indica que desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026 el salario real del personal universitario cayó 34%. La mayor pérdida ocurrió durante 2024, cuando la inflación superó ampliamente las subas salariales.
La situación salarial se agravó al punto de que, en enero de 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los trabajadores no docentes de los niveles más altos superaban la línea de pobreza. La mayoría de los cargos docentes y no docentes percibía ingresos por debajo de ese umbral, y varios incluso por debajo de la línea de indigencia.
Diferencias entre la ley aprobada y el proyecto oficial
La Ley 27.795 establecía recomponer el presupuesto según la inflación y recuperar el salario perdido desde diciembre de 2023, lo que implicaba una suba cercana al 44%. En cambio, el proyecto del Gobierno prevé aumentos del 12,3% en 2026, distribuidos en tres cuotas, lo que según el informe quedaría por debajo de la inflación proyectada.
De acuerdo con CEPA, este esquema provocaría una nueva caída del salario real durante el año y consolidaría el deterioro acumulado desde el inicio de la actual gestión.
Conflicto por la aplicación de la ley
El documento recuerda que la ley de financiamiento universitario fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por ambas cámaras. Sin embargo, su aplicación fue suspendida mediante decreto y actualmente el Gobierno impulsa una modificación legislativa para reemplazarla.
En ese contexto, el informe concluye que la diferencia entre ambas propuestas no es solo técnica sino política: mientras la ley aprobada buscaba recomponer el sistema universitario, el proyecto oficial mantiene el nivel de ajuste y profundiza la pérdida de recursos y salarios en el sector.
