La medida llega en el marco de una crisis que el propio Ejecutivo consideró estructural y que ya había motivado la declaración del Estado de Emergencia del Transporte Público en el partido, aprobada previamente por el Honorable Concejo Deliberante.
Revocación y sanciones: qué establece el decreto
El Decreto 285/26 no solo declara la caducidad del contrato de concesión, sino que también impone sanciones administrativas severas, como la inhabilitación por diez años para que la empresa o sus directores puedan volver a operar en el municipio.
Entre las líneas afectadas se encuentran las comunales —como la 500 y otras que suman ramales locales— por cuyo mal desempeño el Ejecutivo consideró que se configuraron incumplimientos graves al pliego de condiciones que regía su concesión.
Según fuentes oficiales, inspectores municipales detectaron unidades obsoletas con fallas técnicas y numerosas irregularidades administrativas, incluyendo negligencias reiteradas en la prestación del servicio, así como luego de varias intimaciones sin respuesta efectiva de la empresa.
Reacción institucional y respaldo legislativo
La decisión formalizada por Watson fue convalidada por unanimidad por el Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria, lo que revela un respaldo político amplio en torno a una problemática que el Ejecutivo ha sostenido viene afectando a la comunidad hace meses.
Desde el municipio se destacó que el decreto también obliga a San Juan Bautista a mantener la prestación del servicio durante el proceso de transición hasta que una nueva prestataria asuma los recorridos. Además, la empresa deberá hacer frente a la regularización del pago de haberes a sus trabajadores, quienes se vieron directamente impactados por la crisis operativa.
La crisis de los colectivos y sus repercusiones vecinales
La situación se ha agravado con medidas de fuerza de choferes por falta de pago de salarios y deficiencias en el servicio, generando bloqueos y cortes en algunas cabeceras de operación, como los registrados en la zona sur del AMBA, que afectaron la circulación de unidades y complicaron la movilidad de miles de usuarios.
La compañía, vinculada al grupo MOQSA —una de las principales operadoras de transporte en la zona sur del conurbano— había sufrido ya conflictos laborales y reclamos por la frecuencia y calidad del servicio en distritos como Quilmes y Berazategui, lo que contribuyó a empujar la decisión del Ejecutivo municipal de actuar con mayor firmeza.
Respuesta del Ejecutivo y próximos pasos
El propio intendente Watson había mantenido reuniones con representantes de los trabajadores y con dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), como el secretario general Roberto Fernández, con el objetivo de abordar la crisis y buscar soluciones consensuadas antes de adoptar medidas más drásticas.
Desde la comuna se sostuvo que la revocación de la concesión es un paso necesario para garantizar un servicio de transporte digno, proteger los intereses de los usuarios y evitar que la problemática impacte todavía más sobre la vida cotidiana de los vecinos.
Impacto y desafíos por delante
La decisión de Watson representa un punto de inflexión en el transporte local, tras décadas de reclamos por la calidad del servicio. El municipio deberá ahora avanzar en la reorganización de recorridos, la evaluación de potenciales nuevas prestatarias y la coordinación con gremios y organismos pertinentes para asegurar la continuidad del sistema y la protección de los derechos laborales de los empleados afectados.
Mientras tanto, la ciudadanía de Florencio Varela enfrenta la expectativa de una temporada de ajustes y negociaciones que definirán cómo se prestará un servicio que resulta esencial para miles de personas todos los días.
