La captura de Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales estadounidenses, realizada de manera irregular y contraria a los dictados del derecho internacional, fue precedida de zonas de exclusión naval y ataques aéreos que resultaron en la violación territorial unilateral de un Estado soberano, sin una declaración formal de guerra y sin precedentes en la historia reciente de América Latina.
La arbitrariedad del gobierno estadounidense se remonta a la aplicación de la Doctrina Monroe, que justificaba las acciones del país en Latinoamérica. Al mismo tiempo, Washington no tiene un historial de establecer vínculos con los países de la región, relegándolos a un segundo plano. Esta política se profundizó durante la Guerra Fría, un período marcado por intervenciones y al establecimiento de regímenes que buscaban distanciarse del comunismo, mientras Estados Unidos competía por esferas de influencia con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Tras el fin de la Guerra Fría, la continua reconfiguración del orden mundial, sumada al resurgimiento de Rusia y China en el escenario global, ha obligado a Estados Unidos a replantear su política y acciones internacionales. Conflictos recientes, como los de Ucrania y Palestina, revelan el rostro imperialista de la estrategia estadounidense, orientada a asegurar el acceso a los recursos y, al mismo tiempo, demostrar fortaleza frente a sus rivales estratégicos.
Por lo tanto, es necesario analizar con mayor profundidad la acción militar ocurrida en Caracas. La intervención y sus repercusiones transmiten mensajes a otras potencias involucradas en operaciones militares en otros escenarios. El peligro de esta acción de Trump, que debe ser rechazada por la comunidad internacional, reside en el uso unilateral de la fuerza, una práctica que persiste en diferentes regiones del mundo mediante la violencia en conflictos con base económica.
Cabe señalar también que las acusaciones de Estados Unidos, sumadas a la inacción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los últimos años, han resultado catastróficas y nunca han sido corroboradas, lo que ha contribuido al descrédito de Estados Unidos y, en consecuencia, al cuestionamiento de la democracia. Este escenario ha servido de base para el avance de la extrema derecha a escala global.
Por lo tanto, las consecuencias de este acto se sentirán durante años, y las heridas abiertas sirven como señal de alerta para países como Brasil, que necesita cada vez más fortalecer una democracia bajo ataque sistémico. Ante los cambios en la dirección del Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2026 y las elecciones presidenciales, el país debe ser resiliente en unos tiempos disruptivos que se hallan marcados por acciones mediáticas, cuyas repercusiones exacerban los desafíos para mantener la paz mundial.
