La historia de los loteos y la figura de un empresario
El origen de la investigación se remonta al emprendimiento inmobiliario "Miradores de Montecristo". El proyecto, que ofrece lotes en un entorno natural, pronto se convirtió en un litigio entre un indigente apadrinado por el empresario Luis Cerone y los legítimos dueños del predio. La situación, un conflicto comercial, escaló hasta convertirse en una operación judicial.
Según las denuncias, Cerone habría buscado la complicidad de los jueces Zárate y Blanc. Se les acusa de armar causas y emitir fallos que favorecían al empresario, quien supuestamente representa los intereses ocultos de un indigente. La situación se hizo pública tras un allanamiento en el domicilio de Luis Cerone, donde se encontró un arsenal de armas y municiones. También se encontró armamento en el allanamiento realizado en el estudio de la Dra. Silvia Fernández. La denuncia de un implicado, que habló abiertamente de extorsión, fue el detonante que llevó el caso a la Suprema Corte bonaerense. Audios y un encuentro en un hotel propiedad del empresario, quien, junto con la complicidad del magistrado, donde supuestamente se discutieron honorarios en dólares, terminaron de consolidar las sospechas contra los magistrados.
Justamente, a partir del allanamiento en el domicilio de Zárate en un inmueble de calle Lima de Tandil, se impulsó esta ampliación, donde los demandantes aseguran tener pruebas de que se trata de un lote que formó parte de un expediente por usucapión, que el propio Zárate firmó a favor de una mujer, pero sobre el que el magistrado terminó construyendo una vivienda, donde reside actualmente, y que fuera escenario de un allanamiento en abril pasado.
El Club La Movediza y la destrucción de expedientes
El caso de los loteos no es un hecho aislado. La investigación ha destapado otras denuncias que describen un patrón. Los jueces Zárate y Blanc son señalados por haber extendido sus presuntas influencias a otros casos, con consecuencias directas en la comunidad.
Un ejemplo lo constituye el Club Deportivo La Movediza. Fernando Emilio Aranda, tesorero de la institución, junto a otros miembros de la comisión, denunció que el Juez José Martín Zárate intervino en una causa que culminó con la pérdida de su cancha de fútbol. El expediente, caratulado "GRUPO UNIVERSITARIO DE TANDIL C/ CLUB DEPORTIVO LA MOVEDIZA S/INTERDICTO", habría sido manipulado.
Los denunciantes señalan que el club perdió el juicio debido a una presunta complicidad entre el juez y los abogados. La sentencia de Zárate se basó en una pericia que, según el expediente, no existe ni fueron agregadas a la MEV (mesa de entrada virtual). El club, que ayuda a sacar a chicos de la calle, tuvo que pagar una suma millonaria en concepto de honorarios al abogado interviniente. Zárate calculó este monto sobre el valor de mercado de la propiedad, no sobre su valor fiscal. La pérdida de la cancha, un espacio vital para la actividad social del barrio es un duro golpe para el club que hoy se mantiene a flote solo para pagar la deuda generada por este fallo.
El Juez Francisco Augusto Blanc también está bajo la lupa. Una denuncia lo acusa, entre otros hechos, de ordenar la destrucción de un expediente judicial en plena feria para "eliminar pruebas". El caso, caratulado como “Ramírez, Juan Miguel c/ Gonzalez, Roberto, Nestor s/ Inc. Apelacion art 250 CPCC”, es una de las principales pruebas contra el magistrado y lo que demuestra una complicidad entre ambos jueces.
Los denunciantes, Juan Pedro Martin Burs y Roberto Gastón Giove, sostienen que Blanc ordenó la "destrucción en forma oficiosa" del expediente durante la feria judicial de enero de 2025. Este acto, según ellos, buscaba desaparecer la evidencia que probaba la supuesta "asociación ilícita" que intentaba despojarlos de sus lotes. La denuncia vincula la acción de Blanc con la del juez Zárate. Además, se acusa a Blanc de haber dictado una medida cautelar sobre 243 lotes, sin contracautela, basándose en un reclamo de honorarios, una acción que los denunciantes califican de "extorsión".
"Nunca abrieron la boca": la voz de las víctimas
El periodismo radial también ha puesto en evidencia un caso que ilustra este esquema. En su programa en LU22 Radio Tandil, Javier Leviña entrevistó a Natalia Alcorta, una mujer que relató una experiencia que involucra a la justicia, una herencia y un falso abogado.
Natalia y su familia cuidaron a "Oscarcito", el hijo con discapacidad de los Ochoa. A la muerte de los padres y, posteriormente, del hijo, apareció un supuesto heredero que reclamó la propiedad. Se trataba de un nieto no reconocido del matrimonio Ochoa, que supuestamente se enteró de su parentesco por un ADN que les pareció dudoso.
El proceso judicial, que cayó en el juzgado de Zárate, tuvo irregularidades. La familia Alcorta fue representada por un hombre, Marcelo Cifuentes, que se hacía pasar por abogado (socio de la abogada Silvia Fernández y Aldo Cifuentes, también denunciados). En la primera audiencia, la abogada que los acompañó no intervino. "Nunca abrieron la boca", dijo Natalia, refiriéndose a la defensa que recibieron. Esta historia de despojo, con la complicidad de un falso abogado y la inacción de una letrada, refleja la vulnerabilidad de las víctimas. Natalia Alcorta mencionó que este no es un caso único y que existen otros parecidos, como el de una supuesta heredera de 105 años de Estados Unidos en un caso de la localidad vecina de Lobería.
La causa judicial y el camino a seguir
Las denuncias han llegado al terreno judicial. El Jury de Enjuiciamiento a Magistrados, un tribunal de disciplina ha recibido los expedientes y está analizando las pruebas contra Zárate y Blanc. Las acusaciones no provienen solo del caso inmobiliario, sino de múltiples actores, como los directivos del Club Deportivo La Movediza y la familia Alcorta.
El proceso avanza hacia la conformación del jurado que definirá el futuro de los magistrados. La Secretaría Permanente de Juicio Político (Expediente SJ 752/25) ya ha recibido los casos, que configuran un claro mal desempeño de sus funciones. La evidencia, que incluye documentos, audios y testimonios, sugiere un patrón de conducta que va desde la negligencia hasta la connivencia con intereses particulares.
Los próximos pasos judiciales son cruciales. El jurado de enjuiciamiento deberá evaluar si las pruebas presentadas son suficientes para avanzar con el juicio político. De confirmarse las acusaciones, los jueces Zárate y Blanc podrían ser destituidos de sus cargos e incluso enfrentar cargos penales. Este proceso es vital no solo para hacer justicia en los casos particulares, sino para enviar un mensaje sobre la independencia y la ética del poder judicial en la provincia de Buenos Aires.
