Según cuenta la leyenda, la frase que da título a esta nota surgió de forma anónima durante la Revolución de Mayo mientras un grupo de criollos, allá por 1810 y bajo la lluvia, pedía que se les revelara qué sucedía puertas adentro del Cabildo. Inspiró también el primer ejemplar del periódico La Gaceta. Y desde ese tiempo a esta parte, la consigna sigue vigente para recordarnos la importancia de exigir transparencia en los actos de gobierno.
POLITICAR MAGAZINE13 de octubre de 2025 Paz Míguez
Es que la información no es un bien que le corresponde al Estado. El derecho del pueblo a saber se encuentra reconocido en nuestra Carta Magna, pero recién a fines de 2016 Argentina tuvo Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 27.275), que entró en vigencia parcial un año después. De esta manera, se estableció el principio de presunción de publicidad: salvo excepciones, toda la información en poder del Estado -no solo del gobierno- se supone pública. Y debe ser accesible, oportuna, completa y gratuita para cualquier persona que la solicite.
“Es que la información no es un bien que le corresponde al Estado”.
Sin embargo, la norma en sí misma no garantiza su pleno ejercicio, tal como lo analizamos desde nuestro portal periodístico El Auditor.info en diversas publicaciones. Los obstáculos son variados: demoras en la respuesta, falta de actualización de datos abiertos, información entregada de manera parcial, en formatos que dificultan el acceso y su reutilización. Si bien la Ley creó mecanismos claros, como un organismo que resguarde este derecho (Agencia de Acceso a la Información Pública) y la posibilidad de realizar solicitudes por medios electrónicos; su implementación revela un inquietante mapa de asimetrías territoriales.
De las 24 provincias que componen nuestro territorio, Formosa, San Juan y Tucumán aún no cuentan con una legislación propia alineada a la norma nacional ni una ley que adhiera a ella. En tanto, otras 10 jurisdicciones todavía exigen la presencia física de la persona que solicita información. Mientras que en determinadas jurisdicciones no hace falta siquiera justificar el motivo del pedido, en tres se impone la condición de ser “ciudadano digital”, una especie de identidad digital excluyente para iniciar el trámite. Este mosaico legal, que varía según el lugar de residencia, genera diferencias y obstáculos para acceder a la información.
En septiembre de 2024, a través del Decreto 780, el Poder Ejecutivo modificó algunos artículos de la Ley, lo que generó preocupación entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Entre otras cuestiones, se redefinió el concepto de documento público, excluyendo aquella información considerada de “naturaleza privada”. Además, amplió las excepciones previstas, incorporando nuevas categorías de información restringida, como datos vinculados a investigaciones en curso, rutinas personales o asuntos de defensa y política exterior.
Otro cambio sustancial que marca la reglamentación refiere a los requisitos para realizar solicitudes: se exige una identificación completa de las personas y mayores formalidades para las organizaciones. Asimismo, incorpora la figura de la “mala fe” en el uso del derecho, lo que habilita posibles sanciones judiciales. Esta lógica punitiva tensiona el principio de presunción de publicidad y desalienta el escrutinio ciudadano.
Saber qué pasa y cómo se usan los recursos públicos no solo es una formalidad institucional: es la base de una democracia participativa. Tener una ley es fundamental pero no suficiente. Hace falta voluntad política, participación ciudadana y marcos normativos que amplíen -y no limiten- nuestro derecho a saber. En tiempos de desconfianza y polarización, garantizar el acceso a la información pública es clave para construir una sociedad más justa, informada y comprometida.
“Saber qué pasa y cómo se usan los recursos públicos no solo es una formalidad institucional: es la base de una democracia participativa”.
Hay un choque entre la narrativa del gobierno sobre la baja de la pobreza, sustentada en cifras oficiales, y la percepción social de la situación económica y el “verdadero” nivel de precariedad de los más desfavorecidos. Esta colisión trae a la luz las limitaciones de todo instrumento pero, de modo más importante, alienta una conclusión: no se trata de discutir los números, sino de decidir qué hacer con el trabajo.
La legisladora acaba de lanzar su nuevo espacio parlamentario por sus diferencias con la forma de gobernar que adoptó La Libertad Avanza. Dice que Lilia Lemoine “tiene una enfermedad”, que al Presidente lo llevaron con mentiras hacia derrotas en el Congreso y que la situación de José Luis Espert hará que la campaña sea muy difícil para el oficialismo.
Soy Daniel Lipovetzky (*), autor de la Ley de Alquileres. No vengo a esconderme detrás de un eslogan, vengo a hablarte a vos, inquilino, que hoy estás haciendo cuentas con la calculadora en la mesa de la cocina; y también a vos, locador, que te preguntás cómo preservar tu patrimonio sin transformarte en el villano de una historia mal contada. Vengo a explicar qué salió bien, qué salió mal y qué propongo para que alquilar deje de ser una ruleta rusa.
Una serie de denuncias ha puesto a dos de sus jueces en el centro de la escena en Tandil. José Martín Zárate y Francisco Augusto Blanc, titulares de los Juzgados en lo Civil y Comercial N° 1 y N° 2, enfrentan un juicio político. Las acusaciones no solo hablan de arreglos en casos de loteos, sino de un modus operandi que, según las víctimas, afecta a un desarrollo inmobiliario, a un club de barrio y a familias, dejando un rastro de despojo y desconfianza en el sistema judicial.
Hoy candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, advierte que el peronismo y La Libertad Avanza mantienen un acuerdo para sostener el “status quo”. Afirma que su propuesta, Para Adelante, apunta a romper ese equilibrio. Una mirada sobre la economía libertaria, el futuro del Presidente y el acercamiento de Mauricio Macri al gobierno nacional.
Hay 85 legisladores sobre los 127 escaños de la Cámara de Diputados que no irán por la renovación sea por quedar fuera de las listas o por pasar a legislaturas provinciales. Sobre las 24 bancas en el Senado que se renuevan, solamente 7 irán por un mandato de seis años más.