El úlitmo miércoles, el 17 de septiembre, las universidades públicas de todo el país se movilizaron para defender la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el presidente Javier Milei. La mayor concentración se dio en las inmediaciones del Congreso de Nación, donde diputados y diputadas debatieron la insistencia de la ley, es decir la anulación del veto presidencial.
La comunidad universitaria, trabajadores, estudiantes y allegados, fueron fundamentales con su clamor popular en las calles instando a los diputados de la nación a pronunciarse en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. De este modo, los legisladores le dieron un nuevo golpe político al oficialismo, y una alegría a quienes se manifestaban en todo el país repudiando el ajuste a las universidades nacionales.
Vale recordar, que el presupuesto para funcionamiento de las universidades está congelado desde 2024 y que los salarios de los trabajadores universitarios perdieron hasta un 40% de valor en relación a la inflación interanual.
Con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, el futuro de la universidad pública quedará en manos del Senado, que debatirá la anulación del veto el 2 de octubre.
En POLITICAR dialogamos con Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica:
¿Qué sensaciones dejó la marcha masiva del miércoles y lo que provocó dentro del Congreso?
Estas gestas terminan revirtiendo una situación por la que habíamos atravesado el año pasado, que era el veto presidencial y entonces la universidad hizo su aporte junto con el Garrahan. En principio revertir una mirada del presidente Milei y de sus políticas de destrucción de aquellos aspectos del estado, de aquellas agencias estatales que están destinadas al bienestar social.
¿Piensan que tras lo aprobado en diputados va a tener el mismo impacto en el Senado?
En el Senado la votación de la ley fue mucho más amplia que los dos tercios. Ahí contamos ya con una base diferente que la que contábamos para diputadas y diputados, porque cuando se aprobó la ley, faltó un voto para los dos tercios y el miércoles se superó finalmente. Entonces, en senadoras y senadores entendemos que debería ser anulado el veto.
Ayer mismo empezamos el trabajo de conversación con los legisladores del Senado y las legisladoras del Senado para asegurar la ley. Esto se va a tratar, según han informado, el 2 de octubre, así que la próxima instancia es esa esa fecha, el 2 de octubre. Seguramente nos encontrarán también ahí en las inmediaciones del Congreso para festejar de nuevo el hecho de que el Congreso insista en una ley que se necesita.
Previo a la marcha federal, al tratamiento en diputados, el presidente anunció el presupuesto 2026 ¿Qué balance realizan de lo presentado por Milei?
No, realmente si hay algo que nos movilizó aún más a la gesta del miércoles era la información sobre el presupuesto que el presidente anunció. Siempre tenemos tensiones con los rectores y las rectoras sobre el proyecto de presupuesto del año siguiente. Nosotros decimos que los rectores mandan menos de lo que se necesita.
Entonces, es una cifra siempre exigida y la cifra de los rectores que es un trabajo con mucha con mucha base técnica que se realiza era de 7,5 billones y el proyecto presupuestario presidencial era de 4,5. Es decir que la distancia entre proyecto que el síndico avizoraba para que la universidad funcione bien el año siguiente y lo que el Gobierno Nacional mandó claramente muestra el tipo de ajuste.
Y una información que no ha circulado con toda la insistencia que se merece, es que el día que el presidente vetó la ley de financiamiento universitario, ese mismo día les sacó a las universidades partidas presupuestarias. Es como si se hubiera castigado la universidad una vez que salió la ley de la Cámara de Senadores.
Así que estamos en un momento históricamente muy difícil para la universidad pública con un gobierno que ya en la campaña había anunciado en principio que la arancelaria. Hasta que después se dieron cuenta que el arancel no resuelve lo que una universidad necesita para funcionar. Además de ser antidemocrático el arancel, no alcanza para hacer que las universidades funcionen.
Y entonces se pasó de esa política que yo llamo gruesa a una política más fina de destrucción de la universidad que es atacando salarios y atacando las becas estudiantiles que son el otro pilar de la universidad pública. Porque idealmente la universidad es pública y gratuita, pero las condiciones de los sectores populares hacen que aun así, aunque sea gratuita, tiene sus complejidades. Sostenerse en la universidad requiere gastos de comida, de transporte, de alquileres en muchos casos y después el acceso a los materiales de estudio, etcétera.
En ese caso son fundamentales las becas ¿No?
Si, todos estos gastos hacen que para poder estar en la universidad se necesite un apoyo económico por parte del Estado. Las becas tienen ese propósito político. Y desde que el gobierno asumió hasta esta parte, las becas que en el 2023 con todas las dificultades que teníamos alcanzaban a pagar el alquiler de estudiantes. Hoy las becas apenas alcanzan para llegar a la universidad 20 días porque se tiene que pagar transporte en la mayoría de los lugares y el transporte es caro y entonces fíjese lo que representa. Pasamos de un alquiler a apenas la mitad del mes para llegar a las facultades.
