No hay desarrollo sin Estado: el caso de las economías regionales

Con el  argumento de la "libertad", se han desmantelado programas, paralizado obras y retirado  apoyos fundamentales para sectores que, sin esa presencia estatal, simplemente no pueden  desarrollarse. Un claro ejemplo es la ley que fue derogada en el 2023 mediante el famoso  DNU presidencial, la Ley de fomento de la competencia en la cadena de valor  alimenticia, más conocida como la “ley de góndolas”. Su fin era dejar un espacio en  las góndolas de los supermercados a productos de micro y pequeñas empresas nacionales,  cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar, lo que brinda la oportunidad de competir. Tampoco podemos soslayar al plan Argentina Productiva 2030 propuesto por el entonces ministro de desarrollo Matías Kulfas, plan que de forma clara proponía la mejora de las exportaciones, factor fundamental para la entrada de divisas al  país, y que no vendría nada mal al BCRA por la cantidad de pérdidas de moneda estadounidense que sufrió estos últimos meses. 

"Con el argumento de la "libertad", se han desmantelado programas, paralizado obras y retirado apoyos fundamentales para sectores que, sin esa presencia estatal, simplemente no pueden  desarrollarse”

Todas estas cuestiones afectan de manera directa a las economías regionales, que  requieren logística, préstamos para financiamiento, infraestructura y planificación y que  no son resueltas por el albedrío del libre mercado. Necesitan un Estado presente, no  omnipresente ni ineficiente, sino inteligente, activo y comprometido con el desarrollo,  para crear igualdad de oportunidades para emprendedores, pymes y grandes empresas. No es un capricho, este tipo de Estado es de crucial importancia para la generación de empleo genuino que persigue el  actual gobierno nacional. 

Un país profundamente desigual 

La Argentina arrastra históricamente un modelo de desarrollo profundamente desigual.  Las decisiones económicas y políticas se han concentrado en el área metropolitana de  Buenos Aires, dejando a las provincias del norte y del sur como meros proveedores de  materias primas o fuerza de trabajo barata. Este centralismo se profundiza cuando el  Estado Nacional abandona su rol articulador, distribuidor y promotor del desarrollo  federal. 

Hoy, para Formosa, Santiago del Estero o Catamarca, acceder a financiamiento  productivo, logística o servicios básicos de calidad sigue siendo un desafío. Mientras que  en el AMBA un comerciante accede a créditos con tasas subsidiadas y cuenta con trenes,  rutas y servicios públicos eficientes, en muchas regiones del país producir implica luchar  contra el transporte, el costo del flete, la falta de infraestructura y la escasa demanda  interna. ¿Quién mejor que el Estado para corregir estas asimetrías? 

La paralización total de la obra pública, decidida por el gobierno de Javier Milei, tuvo  efectos inmediatos y devastadores. Rutas inconclusas, hospitales que quedaron a mitad  de camino, escuelas que no se construyeron y miles de obreros despedidos en provincias  donde el empleo privado es aún débil. No es ideología, es evidencia: sin inversión pública  no hay infraestructura, y sin infraestructura no hay desarrollo local.

Los defensores del achicamiento del Estado suelen repetir que el mercado se autorregula,  se habla de la mano invisible o la teoría del derrame y que la competencia generará  mejores condiciones. Pero en territorios donde no hay competencia, donde no hay  volumen ni escala suficiente para atraer capitales privados, el mercado no llega. ¿Qué  incentivo tiene una multinacional para invertir en industrializar el algodón formoseño si  no hay infraestructura, si el mercado interno es débil y si los costos logísticos duplican  los del conurbano? 

“No es ideología, es evidencia: sin inversión pública no hay infraestructura, y sin infraestructura no hay desarrollo local”.

El caso del sector vitivinícola en Catamarca o de la producción olivícola en La Rioja  demuestra que sin apoyo estatal (ya sea en forma de créditos, asistencia técnica o políticas  de promoción) simplemente no se puede competir. 

A pesar de las dificultades, hay experiencias que muestran que, con políticas públicas  inteligentes, las economías regionales pueden florecer. Durante la gestión anterior, el  Plan Argentina Productiva 2030, lanzado en 2022, propuso transformar la estructura  productiva nacional con un enfoque federal. Una de sus misiones más relevantes era  “Adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI”, impulsando el agro  4.0, la biotecnología, los bioinsumos y la infraestructura de riego. Aunque el plan quedó  sin implementación activa con el cambio de gobierno, marcaba un horizonte posible para  el desarrollo sostenible e inclusivo del agro argentino. 

Un Estado inteligente, no ausente

Nadie pide un Estado ineficiente, burocrático o clientelar. Pero sí uno que comprenda las  desigualdades de base, que articule con el sector privado, que promueva la innovación,  que financie infraestructura y fomente el trabajo. Un Estado que garantice derechos,  promueva la producción local y asegure condiciones mínimas de competitividad en todo  el país. 

Argentina será verdaderamente federal cuando cada productor de uva en Cafayate, cada  carpintero en Misiones o cada costurera en Santiago del Estero tenga las mismas  oportunidades de crecer que un empresario en Puerto Madero. Para que eso ocurra, hace  falta una decisión política: que el Estado vuelva a estar donde se lo necesita. 

“Argentina será verdaderamente federal cuando cada productor de uva en Cafayate, cada  carpintero en Misiones o cada costurera en Santiago del Estero tenga las mismas  oportunidades de crecer que un empresario en Puerto Madero”. 

La idea de que el Estado debe desaparecer para que todo funcione mejor es tan antigua  como falsa. Sin Estado no hay infraestructura, no hay ciencia aplicada al agro, no hay  fomento al empleo local y en muchos casos no hay innovación, ya que la misma requiere  incentivos que mayoritariamente estos provienen de un estado presente. Y sobre todo: no  hay justicia territorial. Argentina será verdaderamente federal cuando cada productor de  uva en Cafayate, cada carpintero de Misiones o cada textil de Santiago pueda crecer sin  tener que migrar a Buenos Aires para sobrevivir. Además, este problema podemos verlo  quizás como una oportunidad: la oportunidad de hacer una Argentina más productiva,  teniendo como principio la idea de que el Estado es condición de desarrollo, no enemigo. 

“La oportunidad de hacer una Argentina más productiva,  teniendo como principio la idea de que el Estado es condición de desarrollo, no enemigo”

No podemos pasar por alto el impacto del desfasaje cambiario que ya venía gestándose  desde antes de la apertura total del “cepo”: la inflación superaba sistemáticamente la  devaluación mensual del peso frente al dólar. Aun así, hoy contamos con un “dólar  barato”, en parte gracias al ingreso de divisas por nuevos préstamos, pero esa misma  cotización evita incentivos para que el exportador argentino liquide y traiga más dólares  al país. Sin un tipo de cambio competitivo, el volumen de divisas que ingresa difícilmente  alcance para afrontar, por ejemplo, el servicio de la deuda. 

En Formosa, que limita con Paraguay, esta combinación ha sido especialmente dura, por  ejemplo, comercios locales como los de cerveza nacional o los de electrónica han visto  desplomarse sus ventas porque muchos consumidores cruzan la frontera para aprovechar  precios notablemente más bajos. Así, lo que era un canal de reactivación para la industria  argentina en provincias periféricas se convierte hoy en un flujo que drena la demanda  hacia el exterior, agravando la pérdida de industria y empleo regional.